En el corazón del sistema penal chileno late una bomba silenciosa, invisible para muchos, pero cada día más cercana a estallar. Con 61 mil personas privadas de libertad —la cifra más alta desde el retorno a la democracia— las cárceles chilenas están no solo hacinadas, sino completamente colapsadas. El colapso no es una hipótesis: es una realidad presente, brutal y progresiva. La pregunta ya no es si el sistema carcelario fallará o podrá aun sostenerse, sino cuándo lo hará, y cuántas vidas —de internos, funcionarios y eventualmente ciudadanos— se perderán ese día.

Los datos publicados por algunos medios esta semana son alarmantes: el número de reclusos supera ampliamente la capacidad institucional. En muchos penales, el hacinamiento rebasa el 170%, mientras los recursos humanos y logísticos de Gendarmería de Chile se ven sobrepasados día tras día. En este escenario, el riesgo de motines, fugas masivas, violencia intramuros y crisis sanitarias es tan alto como inminente.

A esta situación estructuralmente crítica se suma un fenómeno que refleja tanto el fracaso de la política migratoria como la precariedad del sistema de justicia penal: más de 9.600 personas privadas de libertad en Chile son extranjeras. De ellas, 2.763 son de nacionalidad venezolana y 2.719 colombiana, representando entre ambas más del 57% de la población penitenciaria extranjera. En su gran mayoría, son ingresados como “primerizos” debido a la falta de antecedentes penales en sus países de origen, lo que impide a Gendarmería clasificar riesgos de reincidencia o niveles de peligrosidad. En palabras simples, se navega a ciegas en un mar de incertidumbres.

El exsenador Felipe Harboe ha sido tajante al respecto: “Es increíble que a estas alturas del desarrollo criminal en Chile, aún no tengan la identidad de los delincuentes”. Esta afirmación expone una falla sistémica. La fiscalía ha solicitado el enrolamiento obligatorio de los internos extranjeros, pero hasta ahora no se ha implementado un protocolo uniforme ni eficaz. ¿Cómo puede el Estado ejercer control sobre una población penitenciaria que no sabe identificar?

A ello se suma la complejidad cultural, idiomática y delictiva que representa una población foránea en rápida expansión. En muchos casos, estos internos no forman parte de redes criminales locales, sino de organizaciones trasnacionales que usan las cárceles chilenas como nuevos puntos de contacto y expansión territorial. La falta de inteligencia penitenciaria y cooperación internacional sólo agudiza esta amenaza.

Chile no puede seguir reaccionando como si esto fuera una situación excepcional o pasajera. El sistema penitenciario es un eslabón esencial de la seguridad pública. Su colapso no solo deshumaniza, también desprotege. No habrá seguridad en las calles si antes no hay orden, control y dignidad en las cárceles.

La advertencia está hecha. La bomba está armada. El tiempo corre. ¿Cuántas vidas más deben perderse antes de que se tomen decisiones estructurales? ¿Cuántas alertas más se necesitan para declarar emergencia penitenciaria nacional y actuar con la urgencia que exige la realidad? 

La realidad actual carcelaria es tan brutalmente compleja y peligrosa para el país, que sorprende que el Ministro de Seguridad Pública no la asuma como una tarea en extremo urgente y prioritaria, la principal en el marco de la seguridad pública del Chile, y que, por lo mismo, requiere de planes de contingencia inmediatos y de una habilitación legal de facultades al ejecutivo para el desarrollo en tiempo récord de infraestructura de emergencia para frenar la crisis. 

Tal habilitación legal debe, además, tramitarse con los acotados plazos de una ley de presupuesto, esto es, sesenta días entre el ingreso del proyecto de ley y su aprobación, única forma de enfrentar con decisión, realismo y resultados concretos esta amenaza latente y escalofriante.

Porque cuando la bomba estalle, no bastarán las excusas ni las declaraciones de corte académico, y solo quedará, ya tarde, el duelo y las recriminaciones cruzadas que nada sirven. Por mi parte ruego a Dios estar equivocado.