Por Alfredo Peña R.

En las últimas semanas ha resurgido una discusión que, lamentablemente, vuelve a mirar el problema desde el lugar equivocado. El debate se ha concentrado en si la aplicación del IVA a las plataformas de apuestas online constituye una forma de “legalizarlas” o “normalizarlas”. Esa es una discusión atractiva políticamente, pero jurídicamente superficial y regulatoriamente equivocada.

El verdadero problema no son las plataformas digitales. El verdadero problema es un Estado que llegó tarde, reguló a medias y terminó enfrentando artificialmente a dos industrias que perfectamente podrían convivir bajo reglas claras y equitativas.

La Ley N° 21.210 incorporó al sistema chileno el IVA a los servicios digitales prestados desde el extranjero. Entre esos servicios incluyó expresamente las plataformas de entretenimiento. El Servicio de Impuestos Internos, mediante su Circular N° 69 y la normativa administrativa posterior, simplemente aplicó una ley vigente.

Cobrar un impuesto no crea por sí solo un estatuto regulatorio completo. Tampoco convierte automáticamente una actividad en plenamente regulada. Lo único que hace es cumplir el principio básico de que, si una ley grava una operación, esa obligación tributaria debe cumplirse.

Pretender que la aplicación del IVA constituye una “legalización” encubierta es confundir el ámbito tributario con el regulatorio. Son materias distintas.

Con todo en esta industria, está la de los casinos físicos.

Y aquí aparece la verdadera responsabilidad del Estado.

Hace más de veinte años Chile diseñó un sistema de casinos presenciales basado en concesiones territoriales exclusivas. No entregó un mercado abierto. Muy por el contrario, estableció monopolios geográficos cuidadosamente delimitados.

Limitó el número de licencias a veinticuatro en todo el país.

Impidió la existencia de casinos en la Región Metropolitana.

Estableció que, por regla general, no pueden existir más de tres casinos por región.

Exigió distancias mínimas de 70 kilómetros entre establecimientos.

Y además reconoció históricas plazas de juego —como Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas, Iquique, Coquimbo y otras comunas tradicionales— otorgándoles un régimen de exclusividad por 45 años que ha sido parte esencial de las reglas del sistema.

Los inversionistas participaron en licitaciones bajo esas condiciones.

No solo debieron cumplir estrictísimas exigencias técnicas y regulatorias.

Además debieron efectuar cuantiosas inversiones inmobiliarias.

Construir hoteles.

Levantar centros de eventos.

Desarrollar polos turísticos.

Generar miles de empleos.

Y, como si ello fuera poco, pagar anualmente durante quince años (con la modificación de la ley de casinos y nuevas cargas) la oferta económica comprometida en la licitación para conservar la concesión.

A ello se suma el impuesto específico de origen del 20% sobre los ingresos brutos del casino, destinado a beneficiar a gobiernos regionales y municipalidades.

Y naturalmente también pagan IVA.

Es decir, soportan una de las cargas regulatorias y tributarias más intensas del país.

Mientras tanto, las plataformas digitales ingresaron a competir nacionalmente sin fronteras territoriales, sin restricciones geográficas y con una regulación tributaria que, en los hechos, hoy descansa casi exclusivamente en la aplicación del IVA.

No porque las plataformas sean responsables.

Sino porque el Estado nunca hizo la regulación integral que correspondía.

Ese es el verdadero origen de la asimetría.

No puede responsabilizarse a la tecnología por la falta de regulación.

Las apuestas online existen porque existe una demanda ciudadana por servicios digitales, exactamente igual como ocurrió con Uber o Cabify respecto del transporte.

La tecnología nunca espera al legislador.

El problema aparece cuando el legislador tampoco hace su trabajo.

Porque regular no consiste únicamente en cobrar impuestos.

Regular significa establecer protección efectiva para menores de edad.

Exigir controles biométricos de acceso.

Verificar identidad para depósitos y retiros.

Implementar sistemas robustos de prevención del lavado de activos.

Permitir mecanismos de autoexclusión para jugadores problemáticos.

Fiscalizar publicidad.

Controlar integridad deportiva.

Proteger consumidores.

Y diseñar un régimen tributario coherente con el resto de la industria.

Nada de eso ocurrió oportunamente.

En consecuencia, el Estado terminó produciendo exactamente aquello que un buen regulador debe evitar: profundas asimetrías competitivas creadas por la propia regulación.

Los casinos físicos proyectaron inversiones millonarias bajo determinadas reglas que el propio Estado les impuso.

Posteriormente, ese mismo Estado permitió que surgiera un competidor nacional permanente al que nunca sometió al mismo estándar regulatorio.

No porque el juego online deba desaparecer.

Sino porque el Estado abandonó su obligación de establecer igualdad de condiciones.

Paradójicamente, hoy algunos culpan a las plataformas digitales.

Otros culpan al Servicio de Impuestos Internos por aplicar una ley tributaria.

Pero ninguno apunta al verdadero responsable.

El Estado.

Fue el Estado quien llegó tarde.

Fue el Estado y los legisladores quienes regularon parcialmente.

Fue el Estado quien olvidó las condiciones bajo las cuales licitó los casinos presenciales.

Fue el Estado quien generó incentivos tributarios completamente distintos para actividades que compiten por el mismo consumidor.

Y fue el Estado quien transformó una oportunidad de convivencia entre dos industrias en un conflicto permanente.

La buena regulación nunca consiste en proteger artificialmente a una industria frente a otra.

Consiste en permitir que ambas compitan bajo reglas equivalentes.

Las plataformas digitales llegaron para quedarse.

Los casinos físicos seguirán siendo un importante motor turístico, gastronómico y de entretenimiento presencial.

Ambos modelos pueden coexistir.

Lo que no puede coexistir indefinidamente es un Estado que diseña monopolios territoriales, obliga a realizar inversiones multimillonarias, impone elevadas cargas tributarias y regulatorias, y luego desconoce las mismas reglas que exigió respetar.

El debate no debería centrarse en si el IVA “legaliza” o no a las plataformas.

La verdadera pregunta es mucho más incómoda.

¿Cómo puede un Estado exigir durante décadas el cumplimiento estricto de determinadas reglas para, después, convertirse él mismo en el primero en ignorarlas?

Porque cuando quien rompe las reglas es precisamente quien debía garantizarlas, el problema deja de ser el juego.

El problema pasa a ser la calidad del Estado y la seriedad con que entiende su función reguladora.

En suma, el conflicto no nace de la existencia del juego online ni de la aplicación del IVA, sino de un fracaso regulatorio del Estado que generó una competencia asimétrica entre dos industrias sometidas a cargas completamente distintas.