El diputado Andrés Longton (RN) anunció que presentará una acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso, quien en el año 2016 firmó, junto a los demás integrantes de la comisión que presidía, la libertad condicional para Hugo Bustamante, único acusado por el asesinato de Ámbar Cornejo en Villa Alemana.

Conocido como el “asesino del tambor”, Bustamante fue condenado por doble homicidio en 2005, pero obtuvo el beneficio de libertad condicional en 2016, cumpliendo sólo 11 de los 27 años de condena.

En ese entonces, un informe negativo de Gendarmería de Chile no recomendaba que se le otorgara el beneficio, pero de igual forma la comisión que evaluó el caso, liderada por la jueza Donoso, otorgó la medida. “Esto no es un beneficio, sino que un derecho que expresa la ley”, dijo Silvana Donoso cuando se le consultó en 2016 por este y otros casos que recibieron libertad condicional.

Este viernes, junto con anunciar la acusación constitucional, el diputado Longton recordó que la sentencia contra Bustamante consignaba que “no se concederá al condenado a ninguno de los beneficios alternativos (…) debiendo por ello cumplir efectivamente las penas privativas de libertad impuestas”.

En esa línea, Longton acusó a la jueza Donoso de notable abandono de deberes, indicando que el lunes comenzará las gestiones para llevar a la magistrada a la acusación.

Durante la tarde del jueves, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó el hallazgo del cuerpo de Ámbar Cornejo, quien se encontraba desaparecida desde el 29 de julio en la comuna de Villa Alemana.

Posteriormente, fue detenido Hugo Bustamante, pareja de la madre de Ámbar, por su presunta participación en la desaparición y muerte de la joven de 16 años.

Bustamante accedió a la libertad condicional en un polémico actuar de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en 2016. Ese año, los entonces senadores Lily Pérez y Francisco Chahuán cuestionaron la decisión de la Corte de conceder el beneficio a más de 700 reos, cuestionando el criterio que se aplicó para aprobar el 90% de las solicitudes de libertad condicional, en circunstancias que históricamente esa cifra llegaba al 7%.