La gobernabilidad del nuevo gobierno chileno no dependerá sólo de su mayoría parlamentaria —que probablemente no tendrá—. Dependerá también de una paradoja política más compleja, deberá gobernar en un sistema donde la oposición no es una, sino al menos cuatro, y donde los partidos son cada vez más débiles, crecientemente personalistas y además internamente fraccionados.

El gobierno enfrentará, por tanto, un escenario político peculiar. A un lado se ubicarán el Frente Amplio y el Partido Comunista de Chile, que representan una oposición ideológica estructurada desde la izquierda. En otro plano aparecerán los herederos de la tradición de gobierno de la antigua Concertación de Partidos por la Democracia. A ellos se sumarán fuerzas de carácter más volátil y personalista, como el Partido de la Gente, y actores emergentes como el Partido Nacional Libertario, ubicado en el extremo derecho del espectro.

La coexistencia de estas cuatro oposiciones abre, en principio, un margen táctico para el eventual gobierno de José Antonio Kast, que, al no contar en el gobierno con el PDG ni con el PNL, es —contra lo que suele sugerir cierta prensa de derecha— institucional y políticamente minoría.

La fragmentación podría permitir la construcción de mayorías variables y negociaciones selectivas según el proyecto en discusión. Un Ejecutivo con capacidad política podría —pese al cuadro existente de estrés fiscal— aislar a un actor mientras coopta a otro, o formar coaliciones legislativas transitorias de acuerdo con las circunstancias.

Pero la clave no está sólo en el número de oposiciones, sino en la naturaleza de cada una de ellas. Cada grupo opositor responde a una ideología política distinta y pretende movilizar electores sobre la base de incentivos también diferentes.

La primera de ellas, encabezada por el Frente Amplio, se estructura fundamentalmente en torno a políticas de identidad. Su discurso político ha tendido a organizarse alrededor de clivajes postmateriales —género, diversidad, reconocimiento de minorías— más que en torno a conflictos distributivos clásicos. En ese marco, suele adoptar un carácter normativo y moralizante: la disputa política se formula como una confrontación entre proyectos éticos incompatibles más que como una negociación entre intereses. Ello le otorga cohesión simbólica, pero también dificulta los compromisos políticos mínimos.

Una segunda oposición proviene del mundo agrupado hoy en torno a la socialdemocracia y a la Democracia Cristiana, heredero de la experiencia de gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia. Su posición opositora no se articula tanto desde identidades culturales como desde la defensa de ciertos logros políticos y sociales del ciclo concertacionista. Desde esta perspectiva, el riesgo político que moviliza a este sector es el de los retrocesos sociales o institucionales: el deterioro del desarrollo social y la equidad, los retrocesos en libertades democráticas o la pérdida de estabilidad institucional. Su oposición, por tanto, puede adoptar una forma puntual, tecnocrática y gradualista, más preocupada por la gobernabilidad y la seriedad técnica que por la confrontación ideológica abierta.

Un tercer tipo de oposición se expresa en el Partido de la Gente. Aquí la lógica dominante no es programática, sino antipolítica y antiélite. El PDG articula su discurso sobre la base de una crítica transversal al sistema político: partidos tradicionales, élites económicas, burocracias estatales y liderazgos profesionales de la política. Su narrativa busca representar a un “ciudadano común” supuestamente excluido por el establishment. Esto genera una oposición altamente volátil, poco disciplinada y sensible a incentivos inmediatos, donde la consistencia programática importa menos que la capacidad de capitalizar el malestar social.

Finalmente, emerge una oposición distinta representada por el Partido Nacional Libertario, cuya identidad política se construye sobre una combinación de posiciones libremercadistas e identitarias de signo derechista. En este caso, el énfasis no está sólo en el mercado o la economía —como en la tradición liberal clásica—, sino también en temas de orden cultural y nacional: seguridad, identidad nacional, inmigración, soberanía y crítica a las agendas progresistas. Este tipo de oposición tiende a estructurar la política como una reacción cultural frente a lo que percibe como hegemonía progresista en el debate público.

El resultado es un mapa opositor particularmente heterogéneo. El Frente Amplio moviliza identidades postmaterialistas; la socialdemocracia y la Democracia Cristiana buscan evitar retrocesos en el modelo de gobernabilidad sociopolítica construido desde la transición democrática; el Partido de la Gente canaliza el resentimiento antiélite; y el Partido Nacional Libertario enfatiza una identidad cultural conservadora. El Partido Comunista de Chile —dirigido por su mayoría interna ortodoxa— tampoco tendrá dificultad en alentar y sumarse a muchas de las demandas provenientes de las tres primeras oposiciones.

En principio, esta diversidad debería dificultar la coordinación opositora y abrir espacio para otra dinámica inicial: la competencia por beneficios políticos de corto plazo. Cada actor opositor puede intentar maximizar su posición negociando apoyos puntuales a cambio de cargos, influencia o visibilidad. En sistemas políticos fragmentados, esta lógica suele derivar en políticas de prebenda y en la captura de posiciones estatales antes que en acuerdos programáticos duraderos.

Por ello no es casual que la política chilena haya comenzado a girar hace décadas en torno a lo que Max Weber describió como la “caza de cargos”. Cuando los partidos son débiles, altamente personalistas y además están internamente fraccionados, la competencia por posiciones en el Estado tiende a reemplazar progresivamente la competencia programática. En ese contexto, la negociación política se desplaza desde los proyectos hacia los puestos y desde las ideas hacia los incentivos materiales.

La historia política chilena ofrece una advertencia temprana sobre los riesgos de este tipo de negociaciones múltiples y separadas. En La Fronda Aristocrática, el historiador Alberto Edwards relata un episodio ocurrido durante el gobierno de José Manuel Balmaceda. Aunque el contexto es completamente distinto —y, en muchos sentidos, irrepetible—, la anécdota ilustra el peligro de intentar negociar simultáneamente con adversarios de todos los signos.

Según el relato, uno de los interlocutores oligárquicos del gobierno pidió tiempo para responder a una oferta y salió en busca de otro dirigente político, a quien encontró en una fiesta social.

“El presidente —le dijo— va a deshacerse de ustedes como se deshizo de nosotros: acaba de pedir nuestra cooperación para ello. ¿No le parece que ha llegado el momento de poner término a este juego?”.

“Así lo creo”, repuso Matte.

Hasta ahí llegó el control del Congreso por el gobierno de Balmaceda.

Más allá de su carácter anecdótico, el episodio describe un mecanismo político recurrente: cuando los adversarios descubren que están siendo negociados por separado, pueden terminar coordinándose entre sí.

El riesgo para el gobierno, entonces, no es sólo enfrentar cuatro oposiciones distintas. Es que, tras un período inicial de negociaciones oportunistas, disputas por cargos en el Congreso, empleos públicos y competencia por beneficios del aparato estatal, esas mismas oposiciones terminen encontrando un terreno común en la oposición al gobierno mismo.

La paradoja es evidente. Un gobierno que parecía contar con ventaja táctica por la existencia de cuatro oposiciones distintas podría terminar enfrentando una coordinación opositora episódica nacida precisamente de las negociaciones separadas que esa fragmentación inicialmente hacía posibles.

La política comparada muestra que los consensos negativos suelen ser frágiles, pero también sorprendentemente poderosos. No requieren coherencia ideológica; sólo un objetivo común. Y cuando ese objetivo pasa a ser debilitar al gobierno de turno —o incluso acortar su horizonte político—, la fragmentación deja de ser una ventaja táctica y se convierte en el principal problema de gobernabilidad del propio gobierno.