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Caso quemados: Corte Suprema rechaza beneficios para militar (R) condenado y que lideró en 1986 el crimen de Rodrigo Rojas y el cuasi homicidio de Carmen Gloria Quintana

La Sala Penal de la Corte Suprema confirmó la sentencia que denegó el amparo interpuesto a favor de Nelson Medina Gálvez, exoficial del Ejército condenado a 20 años de cárcel por el caso Quemados, quien buscaba reducir el tiempo mínimo para postular a la libertad condicional, de modo de poder hacerlo habiendo cumplido solo 10 años de presidio.

De esta manera, el máximo tribunal mantuvo firme lo resuelto por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en su sentencia de octubre pasado, ratificando las fechas de Gendarmería para su acceso a beneficios. 

Medina Gálvez está condenado por su responsabilidad en el homicidio calificado, consumado, del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana, perpetrado en julio de 1986, en Estación Central, en el marco de una manifestación contra la dictadura de Augusto Pinochet. Actualmente cumple su condena en Colina I. 

El exmilitar inició su condena el 25 de enero de 2024 y solo después de cumplir dos tercios de su condena, además de otros requisitos, podría postular a beneficios penitenciarios.

Francisco Bustos, del Estudio Caucoto Abogados y representante de Carmen Gloria Quintana: "Valoramos que la Corte Suprema haya confirmado el rechazo a esta acción que buscaba impunidad. En los últimos meses hemos sido testigos de la presentación de diversas solicitudes de reducciones de condena, libertad condicional o liberación anticipada, que buscan librar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad de las consecuencias de sus actos”. 

Bustos agrega “este cuadro se vuelve más preocupante si pensamos que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde marzo, se ha negado a transparentar información sobre quiénes han solicitado reducciones de condena, indultos y otros beneficios; y por otro lado, también el Programa de Derechos Humanos -dependiende del ministerio- ha dejado de hacerse presente en estrados para oponerse a las solicitudes de beneficios, lo cual es un incumplimiento de sus obligaciones legales".

Familiares y abogados de las víctimas se han mostrado preocupados ante este escenario y se están activando para revertir las libertades ya otorgadas y para frenar aquellas que se encuentran en curso. De hecho, organizaciones de DD.HH y de la sociedad civil han presentado recursos a nivel nacional para buscar dejar sin efecto los decretos, y otros han llevado las rebajas de penas ante la Comisión de Derechos Humanos (CIDH), organismo al cual informaron sobre los decretos exentos que permitieron dichos beneficios, entre otros temas relacionados con las políticas impulsadas por el gobierno en materia de derechos fundamentales. 

En tanto, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió días atrás una investigación contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el ahora exsubsecretario de la cartera, Luis Silva, a raíz de una denuncia por presunta prevaricación administrativa vinculada a la controversia por las rebajas de condenas.

Justicia le cierra la puerta a la impunidad

En medio de la polémica por la rebaja de penas otorgadas por el gobierno a tres exuniformados vinculados con secuestros y ejecuciones bajo la dictadura militar, la Corte de Apelaciones de Santiago, en distintos fallos, ha dado señales distintas rechazando recursos de amparo interpuestos en contra del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de Gendarmería de Chile, a favor de condenados por crímenes de lesa humanidad, los cuales buscaban obtener beneficios intrapenitenciarios. Se trata de exagentes de la Central Nacional de Informaciones, CNI.

De esta manera, la Tercera Sala del tribunal de alzada capitalino le cerró la puerta a Patricio Leonidas González Cortés, empleado civil del Ejército, por quien su defensa había solicitado el beneficio de reducción de 19 meses de su pena y libertad inmediata, apelando a su buena conducta.

González Cortés, actualmente cumple condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I, y de acuerdo a los argumentos presentados en la acción judicial se expone que el amparado fue condenado a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, como autor del delito de secuestro calificado,  cuyo cumplimiento se inició el 26 de abril de 2017, con término fijado para el 23 de abril de 2027.

El exagente es uno de los responsables de la desaparición de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, secuestrados en 1987 por la CNI como consecuencia del secuestro de Carlos Carreño, exsubdirector de las Fábricas y Maestranzas del Ejército, FAMAE. 

En tanto, la Séptima Sala de la misma corte rechazó el amparo presentado a favor de Heraldo Velozo Gallegos, cabo del Ejército,  actualmente interno en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I, y por quien su defensa solicitaba también la reducción de su condena en 19 meses, también apelando a su buena conducta.

Tanto en el caso de González Cortés como Velozo Gallegos, se habían presentado informes a su favor por parte de quien en ese entonces era subsecretario de Justicia, Luis Silva, allanándose a las solicitudes de los condenados. La misma intervención realizó en la rebaja de penas que se le concedió a los tres exagentes de la CNI que hoy gozan de libertad y por lo cual actualmente está fuera de su cargo. 

Por otro lado, la Quinta Sala rechazó el recurso presentado a favor de Alejandro Francisco Astudillo Adonis, oficial de la Fuerza Aérea y quien se encuentra condenado por diversos procesos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos la Operación Colombo, “caso Calcinados”,  ejecuciones de miristas y desapariciones de integrantes del FPMR, y militantes del Partido Socialista, PS, entre otros. Actualmente se encuentra cumpliendo su pena en Punta Peuco. 

Su defensa solicitaba considerar requisitos del Decreto de Ley 321 vigentes a la época de la comisión del delito para postular a libertad condicional, la cual permite a los condenados a penas privativas de libertad cumplir el resto de su condena fuera de la cárcel, bajo supervisión.