El gobierno chileno informó este domingo que entregará su dúplica por el litigio marítimo que mantiene con Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 15 de septiembre, una semana antes de la fecha límite fijada, y en ella asegurará que no tiene obligación de negociar con La Paz un acceso al Oceáno Pacífico.

La elaboración del documento finalizó hace unas semanas, según explicaron a Efe fuentes chilenas conocedoras de la demanda, por lo que no será necesario esperar hasta el día marcado por los jueces, el 21 de septiembre, para entregarlo en La Haya.

Esas mismas fuentes destacaron que el litigio solamente debe determinar si Chile está obligado a negociar con su vecino una posible salida al Pacífico, por lo que incluso un fallo a favor de Bolivia no significaría que Santiago tuviera que cederle automáticamente soberanía territorial o marítima.

Bolivia basa sus argumentos en que las autoridades chilenas, en fechas posteriores al tratado de paz entre ambos países firmado en 1904, accedieron en varias ocasiones a sentarse en la mesa de negociaciones para discutir con el estado altiplánico su posible acceso al mar, el cual perdió en la guerra del Pacífico (1879-1883) junto a 120.000 metros cuadrados de territorio.

La dúplica de Chile reconoce que esos contactos diplomáticos existieron y nombra al menos dos de ellos: la negociación de 1950, en la cual le propuso a Bolivia cederle un acceso soberano al mar a cambio de agua dulce del lago Titicaca, y el fallido acuerdo de Charaña de 1975, por el que Santiago se mostró dispuesto a acceder a las demandas de La Paz a través de un intercambio de territorios.

Chile explica en la dúplica que esos contactos diplomáticos fracasaron, y que el hecho de que hayan existido no puede darle a Bolivia el derecho a exigir, en la actualidad y de forma unilateral, otra mesa de negociación.

Tampoco significaría, según la postura de Chile, que haya existido una continuidad en las conversaciones, tal y como defiende Bolivia.

La Paz incluye en su demanda más contactos bilaterales producidos a partir de los años 90, pero Santiago asegura que los documentos oficiales elaborados a partir de esas conversaciones se refieren al asunto con el vago término de “tema marítimo”, no plasmándose en ningún momento la reclamación boliviana de “acceso soberano” al Pacífico.

Según algunas encuestas, el rechazo en la opinión pública chilena a cederle a Bolivia una entrada al mar ha ido en aumento desde que el Gobierno de Evo Morales interpuso en 2013 la demanda ante el alto tribunal de la ONU, hecho que dificultaría en un futuro establecer una negociación productiva, señalaron las fuentes consultadas por Efe.

El canciller chileno Heraldo Muñoz y los coagentes Alfonso Silva y María Teresa Infante formarán la delegación que acudirá a La Haya el 15 de septiembre para entregar la dúplica en las dependencias de la CIJ.

Su elaboración ha sido coordinada por Claudio Grossman, agente ante la CIJ nombrado el pasado noviembre y que sustituyó a José Miguel Insulza, el cual estuvo en el cargo diez meses y que actualmente aspira a convertirse en senador por el Partido Socialista.

Grossman es un jurista reconocido e integrante de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, destacaron las fuentes.

La dúplica chilena pone punto y final a la fase escrita del litigio, así que los jueces comunicarán en un futuro próximo las fechas de las audiencias orales, las cuales se celebrarán probablemente en el primer semestre de 2018.

Tras esas audiencias los magistrados se retirarán a deliberar. Éstos suelen dar a conocer sus decisiones en un periodo que, de media, es de entre cuatro y seis meses, por lo que en un principio la sentencia se conocerá antes de finales de 2018.