Los casos de colusión han generado una fuerte indignación ciudadana. Los consumidores se encuentran sobrepasados por las malas prácticas y por la codicia de los grandes grupos empresariales.

 

Constatar la equiparidad de los precios es algo normal, pero poder comprobar que esos precios están por sobre el valor de la producción es algo que ningún ciudadano puede hacer.

 

 

Esta semana se supo que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) envió al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) dos informes de expertos extranjeros que concluyen que sí hubo un acuerdo entre Walmart, Cencosud y SMU (holding al que pertenece Unimarc) para fijar el precio de la venta del pollo fresco.

 

Así, se espera probar la acusación contra esas cadenas de supermercados. Los informes constatan que “cada uno de los contratos bilaterales entre proveedor y minorista depende de una condición que debe cumplirse por un tercero ajeno al acuerdo, con lo cual pasan a ser interdependientes en lugar de dependientes”, sostiene el primero de ellos.

 

En tanto, el segundo informe recalca que los “correos electrónicos y declaraciones indican una combinación de comunicaciones entre Agrosuper y los supermercados acerca de que cada cadena fijaría el precio del pollo en o sobre el costo (o precio mayorista) en la medida que las demás cadenas harían lo mismo”.

 

El caso comenzó a ser indagado por la FNE en 2011 y ahora piden al TDLC una multa máxima de 30.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA): unos 25 millones de dólares a cada cadena.

 

 

Vergüenza generó la normativa que dictó el Tribunal Constitucional donde restaba 28 normas al instructivo que organizaría el nuevo Sernac. El TC determinó que eran inconstitucionales.

 

Entre las facultades descartadas por el TC destaca la posibilidad de las personas de iniciar una denuncia directamente en el Sernac, por lo que sólo se podrá denunciar ante un juzgado, como era hasta ahora. Otra de las habilidades que se suprimirían permitía al Sernac imponer sanciones, por lo que sólo los juzgados podrán recibir las denuncias.

 

También fue declarada inconstitucional la posibilidad de que el Sernac dictara normas e instrucciones de carácter obligatoria, por lo que perdería su facultad normativa.

 

Además, hay que recordar el complicado y poco claro proceso de devolución de dinero producto de la colusión del papel higiénico. Eran 7 mil pesos por adulto, dinero que se dice se encuentra disponible, pero el enlentecimiento de la resolución judicial lo mantiene congelado. Y a los consumidores esperando.

 

 

La mirada que tiene Hernán Calderón, presidente de Conadecus, respecto de la colusión entre los productores de pollos y los supermercados es que “estamos esperando la resolución. Esta es una situación escandalosa, donde se acordaron los precios mínimos que se podían cobrar. Fue una coordinación para aprovecharse de los consumidores”, afirmó.

 

Para Calderón esta situación es bastante habitual, puesto que “es común que el productor dictamine el precio mínimo de venta”, dejando en claro que esto no puede modificarse sin su participación.

 

Respepcto sobre alguna fecha tentativa de entrega del dinero de la colusión del papel higiénico, fue tajante: “Ninguna fecha por el momento. Hicimos todo nuestro esfuerzo para que esto se agilizara, pero el ingreso de otra asociación de consumidores, que se opuso a nuestro acuerdo, enlenteció todo. Actualmente esto se encuentra trabado”, confesó.

 

Finalmente, comentó la posibilidad de que el Tribunal Constitucional le reste facultades al Sernac, diciendo que “sería algo lamentable. Sería un retroceso gigantesco. Sería un día negro para los consumidores en Chile. Esperemos que solo sean trascendidos, porque se trata de facultades relevantes y que ayudan a los consumidores”, concluyó.

 

 

En su momento el propio director del Sernac, Ernesto Muñoz, analizó la situación cuando se comenzaba a mencionar esta situación. “Estas conductas son destructivas de los mercados y de la confianza de los consumidores, por lo que se necesita de la colaboración de las empresas. Se deben reconocer los hechos y compensar a los consumidores”, afirmó.

 

“Esperamos que los tribunales cumpla su cometido y que se pueda entregar el costo cobrado a los consumidores. Son las instituciones las que representan a los consumidores, y en ellas confiamos”, explicaba.

 

“Las demandas colectivas son uno de los mecanismos más útiles para que los consumidores sean compensados por este tipo de malas prácticas. Esperamos que las multas cumplan con el cometido de sancionar con fuerza este tipo de negligencias”, expresó.

 

Es tal el impacto que provocó conocerse esta nueva colusión, que hasta la excandidata presidencial Beatriz Sánchez comentó la situación en su cuenta de Twitter: "Estos gallos me robaron hasta el ánimo!! Es que todos son ladrones?? Por eso NO quieren mejor educación, nueva constitución ni ref laboral!", escribió.