La Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen en que establece que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, cometió un infracción al valerse de su cargo para apoyar públicamente al excandidato presidencial José Antonio Kast.

En detalle, las declaraciones a las que hace referencia el ente fiscalizador fueron emitidas en una entrevista con La Tercera. En dicha conversación el secretario de Estado afirmó que la excarta presidencial de la ultra derecha «representa un ideario de mayor libertad, diversidad y seguridad».

Además, en ese momento Figueroa agregó que «el gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego y no he visto esa neutralidad en materia de defensa de libertades, derechos y seguridades».

La entrevista fue concedida por el jefe de Educación una semana después de la primera vuelta presidencial, en pleno periodo de campaña para el balotaje.

Por este motivo, los diputados Esteban Velásquez (FRVS) y Gabriel Silber (DC) decidieron acudir a Contraloría para presentar una denuncia acusando faltas a la probidad administrativa.

Los parlamentarios argumentaron que recientemente una respuesta a un oficio para la CGR ya había llamado al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, a no emitir declaraciones con posturas tendientes a apoyar o perjudicar a alguno de los candidatos en las elecciones.

El dictamen de Contraloría

El ministro Figueroa, al igual que Galli recibió un llamado de atención de Contraloría: «Las opiniones expresadas tuvieron por objeto favorecer a una de las candidaturas en el contexto de una campaña electoral«, indicó el organismo.

El ente fiscalizador agregó que «las opiniones vertidas por el señor Figueroa Salas, en su calidad de ministro de Educación, no resultaron necesarias para dar cumplimiento a alguna de las funciones públicas que atañen a su repartición, ni tuvieron por finalidad referirse a una determinada política pública sobre la materia», según el texto.

«Por el contrario, lo que hizo a través de dichas apreciaciones subjetivas, consistió en emplear el ámbito de acción que le compete en dicho rol, en favor de una de las tendencias políticas que participarían en las elecciones presidenciales», agregó la CGR.

Contraloría concluyó que “es posible afirmar que el ministro de Educación se valió de su cargo para un fin ajeno a las atribuciones que la normativa que regula la materia le otorga, cual es favorecer a una candidatura presidencial en época de campaña -declarando, incluso, que el gobierno en su totalidad debía actuar en esos términos-, lo que configuró una infracción a los deberes de juridicidad, prescindencia política y no intervención que le corresponde».

«En consecuencia, procede que el ministro de Educación, en lo sucesivo, se abstenga de emitir declaraciones u opiniones con las características antes puntualizadas«, finalizó indicando el documento.