La Contraloría se pronunció sobre el reglamento corregido que ingresó el Ministerio de Transportes para la Ley Uber, que flexibilizaba los requisitos de entrada para los puestos de trabajo en aplicaciones de transporte. 

A través de un oficio dirigido al ministro Louis de Grange, en la foto, la contralora Dorothy Pérez respondió que no dieron "curso al documento del epígrafe, que modifica el decreto supremo N° 212". 

Ello, explica, porque "el acto administrativo en estudio elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi (...) sin que consten los fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justifiquen tales medidas, ni las razones por las cuales no se sometieron a consulta pública".

Asimismo, el documento de la Contraloría plantea que "resulta menester que tal decisión se encuentre debidamente fundada en razones fácticas, técnicas y jurídicas debidamente acreditadas, que justifiquen plenamente su adopción, máxime si ello redunda directamente en el estándar mínimo exigible a otros servicios de transportes". 

Lo que buscaba el gobierno con el nuevo reglamento era reducir las barreras de entrada, flexibilizar la operación y evitar efectos negativos en el empleo. 

Se establecían menos obstáculos para los nuevos conductores, aumentando los años de antigüedad permitido para los vehículos, eliminando requisitos relacionados con la cilindrada y potencia del motor, y facilitando el reemplazo de conductores registrados.