La justicia chilena volvió a pronunciarse sobre crímenes de la dictadura. La Corte Suprema confirmó nuevas condenas contra Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza, exagentes de la DINA, quienes deberán sumar 12 años adicionales de cárcel por el secuestro calificado y torturas de dos militantes del MIR ocurridos en la década de 1970.

El fallo, dictado por la Séptima Sala del máximo tribunal, establece que ambos son responsables de los delitos cometidos contra Cristian Mallol Comandari y Héctor González Osorio, integrantes del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), detenidos entre 1974 y 1975.

Con esta resolución, se ratifica la sentencia emitida previamente por la ministra Paola Plaza en 2025.

Nuevas penas en una larga lista de condenas

El dictamen fija penas de 12 años de presidio mayor en su grado medio para Krassnoff y Espinoza como autores de secuestro calificado, mientras que el exfuncionario policial José Aravena Ruiz fue condenado a siete años por su participación en uno de los casos.

La abogada querellante Carolina Vega valoró la resolución judicial, destacando que “después de décadas de impunidad, por fin se ratifica la condena contra los responsables de torturas brutales”. No obstante, advirtió que “no borra el sufrimiento, pero marca un punto de quiebre frente a una deuda histórica que aún sigue pendiente”.

Las nuevas penas se suman a un extenso historial judicial. Krassnoff acumula más de mil años de condena por diversas violaciones a los derechos humanos, mientras que Espinoza registra múltiples sentencias por secuestros, desapariciones y ejecuciones durante la dictadura. Ambos cumplen actualmente sus penas en el penal de Punta Peuco.

Los hechos que originan esta causa se remontan a diciembre de 1974, cuando las víctimas fueron detenidas y trasladadas a centros clandestinos de detención de la DINA, donde fueron sometidas a torturas. Mallol permaneció privado de libertad cerca de dos años, mientras que González estuvo detenido durante nueve meses.

El fallo se suma a una serie de resoluciones que, a más de 50 años de los hechos, continúan avanzando en la persecución judicial de delitos de lesa humanidad en Chile.