Durante buena parte de las últimas décadas, el debate económico y político se organizó alrededor de una alternativa conocida. Por una parte, el mercado, entendido como el mecanismo más eficaz para coordinar decisiones, movilizar información y estimular la innovación. Por otra, el Estado, encargado de establecer reglas, corregir desigualdades y proporcionar bienes públicos. Entre ambos quedó relegada una institución más antigua y menos susceptible de ser medida mediante indicadores convencionales, la comunidad.

La preocupación por ella permaneció viva en la filosofía política y en la sociología. Charles Taylor mostró que la identidad se forma dialógicamente y que la democracia requiere pertenencia, reconocimiento y una cultura pública compartida. Michael Walzer defendió la pluralidad de los bienes sociales, estableció límites a la conversión del dinero en poder y concibió la sociedad civil como el espacio donde se relacionan la nación, el mercado, la producción y la ciudadanía.

Michael Sandel examinó los efectos morales de la mercantilización. Algunas cosas se distribuyen injustamente cuando se compran y venden. Otras cambian de significado y se corrompen al ser tratadas como mercancías. Amitai Etzioni buscó conciliar autonomía y orden moral mediante comunidades con capacidad de respuesta, capaces de escuchar a sus integrantes y promover responsabilidades recíprocas.

Alasdair MacIntyre llevó la crítica más lejos. En Ética en los conflictos de la modernidad, publicada en español por Rialp en 2017, recurrió a Aristóteles, Tomás de Aquino y Marx para examinar los conflictos morales del capitalismo contemporáneo y los límites del Estado burocrático. Su análisis muestra cómo las estructuras de producción y de poder pueden formar deseos, asignar funciones y reducir la capacidad de las personas para deliberar acerca de los bienes que deberían orientar su vida. Frente a esas tendencias, MacIntyre destacó las prácticas cooperativas y las comunidades locales organizadas alrededor de bienes comunes.

Durante años, estas preocupaciones fueron vistas como parte de una crítica filosófica externa a la economía. La situación ha cambiado. Dos economistas pertenecientes a la corriente principal, Raghuram Rajan y Daron Acemoglu, han colocado a la comunidad en el centro de sus diagnósticos sobre la desigualdad, el desarrollo y la crisis de la democracia.

El tercer pilar

Raghuram Rajan fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional, gobernador del Banco de la Reserva de la India y académico de la Universidad de Chicago. Su trayectoria dificulta presentarlo como un adversario del mercado o como un nostálgico de las sociedades tradicionales. Precisamente por ello resulta tan significativa la tesis de The Third Pillar, publicado en 2019.

Rajan sostiene que una sociedad equilibrada descansa sobre tres pilares. El mercado facilita el intercambio, la especialización y la innovación. El Estado garantiza derechos, regula, redistribuye y proporciona bienes públicos. La comunidad es el ámbito donde las personas adquieren capacidades, reciben reconocimiento y desarrollan relaciones de confianza y cooperación.

Rajan atribuye a la comunidad una función económica concreta. La proximidad y las relaciones repetidas generan confianza, reputación e información local. Esos recursos sociales facilitan la cooperación, el aprendizaje y las iniciativas productivas. También ayudan a cubrir necesidades que los mecanismos formales del mercado y del Estado no siempre alcanzan a satisfacer.

La comunidad también forma capacidades. Las familias, las escuelas, los barrios y las asociaciones proporcionan apoyo, conocimientos, hábitos y redes de contacto. Las oportunidades de una persona dependen parcialmente de la calidad de esas relaciones. Un territorio que pierde empleos estables, población calificada, comercio, escuelas y organizaciones locales también pierde información, cooperación y capacidad para generar nuevos proyectos.

La función política es igualmente importante. Las asociaciones acercan el gobierno a las personas, permiten controlar autoridades y amplifican la voz de quienes poseen poco poder individual. En ellas se aprende a deliberar, elegir representantes, negociar y asumir responsabilidades. La comunidad actúa como escuela de ciudadanía y como puente entre la experiencia local y las instituciones nacionales.

Rajan describe un proceso histórico de desequilibrio. La expansión del Estado trasladó funciones, recursos y decisiones desde los territorios hacia organismos centrales. El Estado de bienestar proporcionó derechos y seguridad social, aunque frecuentemente debilitó la iniciativa local y favoreció la burocratización. Más tarde, la liberalización, la globalización y el cambio tecnológico aumentaron el poder de los mercados. Las oportunidades se concentraron en determinadas ciudades, empresas y sectores profesionales.

En el diagnóstico de Rajan, muchas comunidades quedaron atrapadas entre mercados que trasladaban inversiones y empleos, y Estados demasiado distantes para comprender sus problemas particulares. El deterioro económico se transformó en pérdida de pertenencia, debilitamiento asociativo y resentimiento político. Rajan vincula ese deterioro territorial con una reacción populista alimentada por la distancia entre amplios sectores sociales y las élites económicas y administrativas.

Rajan tampoco idealiza el tercer pilar. Las comunidades pueden ser excluyentes, clientelistas, inmóviles y opresivas. Pueden castigar la diferencia, proteger privilegios locales y dificultar la salida de sus integrantes. El Estado también puede centralizar, burocratizar y ser capturado. El mercado puede concentrarse, crear monopolios y convertir la riqueza en influencia política.

Su respuesta es el localismo inclusivo. Las comunidades necesitan poder efectivo, recursos fiscales, conectividad, educación y una base productiva. También requieren derechos nacionales, protección social, movilidad y garantías para las minorías. Fortalecerlas no equivale a abandonar a cada territorio a sus propios recursos. Supone distribuir capacidades y acercar decisiones dentro de un marco común de solidaridad.

El argumento de Rajan modifica la discusión económica. La comunidad deja de aparecer como un residuo cultural o como un mecanismo destinado a reparar daños después de que el mercado y el Estado han actuado. Se convierte en una institución que produce información, cooperación, capacidades y poder político. Cuando ella se debilita, también se deterioran la economía y la democracia.

Acemoglu y la crisis de la democracia liberal

Daron Acemoglu da un paso adicional. Su libro What Happened to Liberal Democracy? Remaking a Politics of Shared Prosperity fue publicado en inglés el 11 de agosto de 2026, apenas unos días antes de la redacción de esta columna. La edición española aparecerá en Deusto el 28 de octubre con el título ¿Qué pasó con la democracia liberal? Reconstruyendo una política de prosperidad compartida.

Dada la proximidad de su publicación, el argumento solo puede reconstruirse provisionalmente a partir de las primeras reseñas y de la extensa conversación de Acemoglu con Tyler Cowen, grabada el 15 de julio y publicada el 12 de agosto de 2026. Las afirmaciones que siguen remiten a esas fuentes y deberán contrastarse con la edición española cuando esté disponible.

Las reseñas de Julia R. Cartwright, Martin Wolf y Steven Poole coinciden en un núcleo argumental. Acemoglu entiende que la democracia liberal alcanzó sus mejores resultados cuando articuló libertades individuales, gobierno democrático, búsqueda abierta del conocimiento y prosperidad compartida. Durante una parte importante del siglo XX, el aumento de la productividad fue acompañado por buenos empleos, mayor poder de los trabajadores y expansión de los servicios públicos. Amplios sectores podían experimentar la democracia como una forma de organización política que mejoraba efectivamente sus vidas.

Según esta reconstrucción, aquella articulación se quebró. La desindustrialización, la automatización, la pérdida de poder sindical y la concentración empresarial debilitaron a los trabajadores. Parte de las élites educadas se separó de sus experiencias materiales y culturales. El liberalismo adquirió un carácter crecientemente tecnocrático y comenzó a confiar más en los expertos, los procedimientos y los mercados que en la organización social y en la participación de los ciudadanos.

La democracia liberal mantuvo muchas de sus instituciones, aunque perdió parte de su base social. Los derechos formales convivieron con la inseguridad económica, la reducción de buenos empleos y la sensación de que decisiones fundamentales eran adoptadas por gobiernos, grandes empresas y plataformas tecnológicas sobre las cuales los ciudadanos ejercían escasa influencia.

Cartwright destaca cuatro premisas de la propuesta de Acemoglu. La falibilidad humana obliga a someter las convicciones a examen. El conocimiento se adquiere mediante el aprendizaje en comunidad. El debate abierto permite corregir gradualmente los errores. El saber colectivo hace posible que las sociedades sean más prósperas y libres. En esta lectura, la comunidad constituye una infraestructura del liberalismo.

De esas premisas deriva una crítica a las políticas impuestas desde arriba. Las decisiones requieren adhesión social, discusión y aprendizaje compartido. Los derechos individuales deben integrarse en la vida comunitaria y las instituciones han de responder a los ciudadanos. El conocimiento experto conserva un lugar indispensable, pero debe dialogar con la experiencia de quienes trabajan, enseñan, cuidan o habitan un territorio.

Wolf destaca otra dimensión del argumento, la libertad entendida como ausencia de dominación. Una persona puede poseer derechos y permanecer expuesta al poder arbitrario de un empleador, una plataforma, una gran empresa o una autoridad pública. Las organizaciones intermedias proporcionan información, voz y capacidad de negociación. Desde esta perspectiva, los sindicatos y las asociaciones contribuyen a convertir los derechos formales en poder efectivo.

De esas fuentes emerge la propuesta de un liberalismo de las clases trabajadoras. Su reconstrucción exige buenos empleos, servicios públicos de calidad, mayor poder para los trabajadores y una distribución más amplia de los beneficios del crecimiento. También requiere fortalecer las comunidades y reducir la distancia entre las élites profesionales y la experiencia cotidiana de la mayoría.

El conjunto de estas fuentes concede al trabajo una centralidad especial. Entrega ingresos, reconocimiento, autonomía, aprendizaje y pertenencia. Las transferencias monetarias pueden proteger frente a la pobreza, aunque difícilmente reemplazan la participación social asociada con un empleo valorado y con la posibilidad de influir en la organización de la actividad productiva.

La conversación con Cowen y las reseñas también proyectan esta perspectiva sobre la inteligencia artificial. Acemoglu ha insistido durante años en que la dirección del cambio tecnológico no está predeterminada. La inteligencia artificial puede reemplazar trabajadores, intensificar la vigilancia y concentrar decisiones. También puede complementar capacidades y permitir que trabajadores de la salud, la educación, la industria y los servicios desarrollen tareas más complejas.

Una inteligencia artificial favorable a los trabajadores requiere incentivos, regulaciones y formas de participación que influyan sobre las decisiones tecnológicas. La pregunta relevante excede la productividad que puede generar una innovación. También importa quién controla su orientación, qué capacidades amplía, qué trabajos destruye y cómo se distribuyen sus beneficios.

Dos caminos convergentes

Rajan y Acemoglu parten desde problemas diferentes. Rajan analiza el desequilibrio entre mercado, Estado y comunidad, con especial atención a los territorios debilitados por la globalización. Acemoglu estudia la ruptura entre liberalismo, democracia y prosperidad compartida. Uno pone mayor énfasis en la arquitectura institucional y territorial. El otro se concentra en el trabajo, la distribución del poder y la orientación de la tecnología.

Leídos conjuntamente, ambos planteamientos convergen en un punto decisivo. Los mercados y el Estado dependen de capacidades sociales que ellos mismos pueden deteriorar. Un mercado competitivo necesita confianza, conocimientos locales y una dispersión suficiente del poder económico. Un Estado democrático requiere ciudadanos organizados, asociaciones autónomas y territorios capaces de expresar sus necesidades. Cuando esas bases desaparecen, el mercado pierde legitimidad y el Estado se vuelve más distante.

La comunidad tampoco aparece en estos planteamientos como una alternativa romántica a la modernidad. Rajan defiende mercados competitivos y un Estado capaz de garantizar derechos y redistribución. La propuesta que las reseñas atribuyen a Acemoglu preserva la democracia liberal, las libertades individuales y el progreso tecnológico. En ambos casos, esas instituciones necesitan comunidades fuertes para cumplir sus promesas.

La entrada de estos temas en la economía política posee una importancia intelectual considerable. La confianza, la pertenencia, el reconocimiento y la organización colectiva dejan de ser factores blandos ubicados en los márgenes del análisis. Influyen sobre la productividad, la innovación, la desigualdad territorial, la legitimidad institucional y la estabilidad de la democracia.

Una pregunta para Chile

El debate chileno continúa organizado frecuentemente alrededor de cuánto Estado y cuánto mercado necesita el país. Esa discusión es importante, pero resulta incompleta. También deberíamos preguntarnos qué comunidades, qué organizaciones y qué capacidades sociales necesita nuestra democracia.

Chile combina centralización política, enormes desigualdades territoriales, baja afiliación sindical y una vida asociativa debilitada. Muchos municipios carecen de recursos y competencias suficientes. Los partidos han perdido densidad territorial. Numerosos trabajadores enfrentan transformaciones tecnológicas sin organizaciones capaces de intervenir en ellas. La distancia entre las decisiones nacionales y la experiencia local alimenta desconfianza e impotencia.

Aplicadas a Chile, estas perspectivas abren dos líneas de reflexión. Rajan conduce a pensar en una descentralización provista de recursos, atribuciones y capacidades productivas. La reconstrucción disponible del argumento de Acemoglu orienta la atención hacia los buenos empleos, la organización de los trabajadores y la participación social en las decisiones tecnológicas. Ambas recuerdan que distribuir ingresos es indispensable, aunque también debe distribuirse poder.

Los filósofos comunitaristas y Etzioni habían advertido que la autonomía necesita pertenencia, reconocimiento y bienes compartidos. La lectura de MacIntyre muestra que el capitalismo y el Estado burocrático pueden reducir la capacidad de las personas para deliberar sobre sus propios fines. La novedad es que estas preocupaciones ocupan ahora un lugar central en la obra de economistas difíciles de situar fuera de la corriente principal.

Mirada desde este debate, resulta anacrónica la defensa que el Gobierno y el ministro Jorge Quiroz han hecho de la megarreforma. Su preocupación por recuperar el crecimiento, estimular la inversión y reducir trabas regulatorias aborda problemas reales. Sin embargo, el relato que acompaña al paquete vuelve a presentar el desarrollo como el resultado principal de mayores retornos empresariales, menos impuestos y una regulación más favorable a la inversión. La propia definición de la reforma como una ‘batalla cultural’, articulada alrededor de la libertad para emprender y de la dignidad del empresario, reproduce una economía política centrada casi exclusivamente en el mercado.

La lectura conjunta de Rajan y de las fuentes disponibles sobre Acemoglu permite advertir cuánto ha envejecido ese marco. Desde Rajan cabe objetar que la inversión difícilmente reconstruirá por sí misma territorios que han perdido organizaciones, conocimientos, empleos estables y capacidad de decisión. Desde Acemoglu cabe preguntar si el crecimiento producirá buenos trabajos, fortalecerá la voz de los trabajadores y distribuirá más ampliamente el poder económico y tecnológico. Ambas perspectivas valoran los mercados dinámicos y exigen examinar su inserción en comunidades concretas y sus efectos sobre la estructura del poder.

La limitación de la megarreforma reside, entonces, en su concepción incompleta del desarrollo. La rebaja gradual del impuesto corporativo, los incentivos tributarios y la agilización de permisos pueden modificar algunas decisiones de inversión, aunque dicen muy poco acerca de la calidad del trabajo, la concentración económica, las capacidades regionales y la reconstrucción del tejido asociativo. El debate económico internacional avanza hacia una comprensión más compleja de las relaciones entre mercado, Estado y comunidad. El Gobierno chileno parece empeñado en regresar a una discusión propia de décadas anteriores.

Una democracia no puede sostenerse únicamente mediante transacciones económicas, prestaciones públicas y elecciones periódicas. Necesita ciudadanos que posean voz, organizaciones capaces de representarlos, trabajos que entreguen dignidad y comunidades donde pueda aprenderse la cooperación. La economía puntera  parece comenzar finalmente a reconocerlo.