La ministra de Salud, May Chomali, calificó como "una propuesta incompatible" la idea que estudia el Gobierno para restringir el acceso a prestaciones financiadas por el Estado a personas condenadas por crimen organizado, terrorismo o narcotráfico.
El planteamiento es un borrador de reforma constitucional que contempla una inhabilitación de 15 años para acceder a determinadas prestaciones estatales, entre ellas las vinculadas a salud y educación.
La secretaria de Estado sostuvo que se trata de "una propuesta incompatible" con normas vigentes, entre ellas la Ley de Urgencia. El texto todavía no ha sido presentado al Congreso y puede sufrir modificaciones antes de su tramitación, según consigna CNN Chile.
El debate también generó cuestionamientos del exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien dijo que esta medida es "evidentemente algo que no puede ocurrir, tiene repercusiones para la salud pública por cuanto aquí no se trata solo del tratamiento o la prevención de enfermedad de una persona en particular, sino las repercusiones que tiene para toda la sociedad", afirmó.
Mañalich estimó "poco probable que una reforma constitucional en el tenor de lo que se ha filtrado pueda avanzar en su tramitación".
La exministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, también apuntó a las eventuales consecuencias sanitarias de la propuesta. "No solo hay una discusión de derechos fundamentales, también hay una cuestión de salud pública. Una tuberculosis no pregunta si quien contagia es delincuente o no", advirtió.
Por su parte, el senador UDI, Javier Macaya, respaldó el objetivo de endurecer las consecuencias para quienes cometan delitos graves.
"Esta es una propuesta que apunta a ser firme frente a delitos graves, pero en el trámite legislativo obviamente hay aspectos que se pueden y se deben mejorar", señaló.
La discusión surge en medio de las reformas que prepara el Ejecutivo en materia penitenciaria, luego de la puesta en marcha del denominado Plan Cancerbero, que incluyó el traslado de cientos de internos a la cárcel La Laguna de Talca y la implementación de un régimen de máxima seguridad.
