La acción, inédita en su tipo fue presentada por el equipo jurídico del espacio de memoria Londres 38, la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem) y el Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (CED).

La querella se circunscribe a los hechos ocurridos en la Plaza Baquedano -ubicada en el epicentro de las protestas- y lugares colindantes del centro de Santiago en los meses de octubre y noviembre de 2019.

Según el texto, "estos actos, lejos poder describirse como hechos aislados, obedecieron a una práctica generalizada, ordenada, consentida y conocida por los mandos estratégicos y operativos de Carabineros de Chile, quienes - pese a tener conocimiento por fuentes internas y externas de los apremios cometidos por sus subordinados y de la lesividad de las armas utilizadas - no impidieron y no hicieron cesar la aplicación de dichos apremios ilegítimos, teniendo la autoridad necesaria y estando en posición para hacerlo".

Detalles de la querella

En particular, en la querella se expone la manera en que los mandos de Carabineros de Chile supuestamente incurrieron en un delito contemplado en el artículo 150 D del Código Penal.

El mencionado artículo reza textualmente: "El empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintiere en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a constituir tortura, será castigado con las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente. Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo".

De esta forma, se acusa al mando de Carabineros de "ordenar y consentir la aplicación de apremios ilegítimos mediante la coordinación e instrucción de operativos policiales en Plaza Italia y lugares colindantes".

Además, se la apunta por presuntamente "haber omitido impedir o hacer cesar los apremios ilegítimos aplicados por sus subordinados en el contexto de las manifestaciones sociales", circunstancia, según los denunciantes, "posibilitada por el sistema de comunicación centralizado de la Institución, el cual les permitía tomar decisiones de forma directa e inmediata sobre los procedimientos adoptados por sus subalternos en terreno".

Recopilación de denuncias

La Defensoría Jurídica de la U. de Chile, creada con el objeto de coadyuvar en la promoción y protección de los derechos humanos, recibió miles de denuncias de personas que han acusado que sus derechos fundamentales fueron lesionados por agentes del Estado mediante la comisión de delitos.

"Valoramos esta noticia como un paso importante para el desarrollo de una investigación efectiva respecto de un trabajo que llevamos realizando de manera rigurosa y sostenida desde hace más de un año, desde el cual hemos evidenciado la existencia de patrones de conducta en Carabineros de Chile, que permiten concluir la existencia de responsabilidades penales en los altos mandos y los mandos intermedios", señaló Miguel Castillo, presidente del Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, en diálogo con Cooperativa. 

De la totalidad de estas denuncias, los abogados seleccionaron en la querella episodios ocurridos en los días 21, 23 y 25 de octubre, y 8, 12 y 22 de noviembre de 2019, por lesiones provocadas por escopetas antidisturbios y otras armas "no letales" de Carabineros en la Plaza Baquedano.

El texto explica que "los días elegidos se deben tanto a la altísima cantidad de víctimas como al contexto en el que fueron cometidos, tomando en consideración el creciente e inequívoco conocimiento que tuvieron los mandos de lo que ocurría minuto a minuto en la zona delimitada".