Una denuncia se ingresó ante la Contraloría General de la República contra la futura subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, en relación con su paso por el sector público.

Según lo informado por Ciper, la acusación se ingresó el pasado 24 de febrero y apunta a una posible superposición de jornadas laborales en asesorías simultáneas a la Subsecretaría de Salud Pública y a la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones.

Entre 2017 y diciembre de 2021 prestó funciones como asesora jurídica de la Subsecretaría de Salud Pública, por la que recibió una remuneración mensual que comenzó en $1,8 millones y alcanzó a llegar a $2 millones.

De forma simultánea, entre mayo de 2018 y diciembre de 2022, realizó una asesoría para la entonces ministra de Transportes, Gloria Hutt, por las que recibía mensualmente entre $2 y $2,6 millones.

Finalmente, la próxima subsecretaria registra asesorías entre mayo y octubre de 2019 para la Subsecretaría de Telecomunicaciones, por las cuales ganó $450 mil mensuales.

La denuncia apunta a que en diciembre de 2019, cuando coincidieron las asesorías, Garrido debería haber cumplido una jornada laboral de 17 horas diarias.

Sumado a lo anterior, la acusación también revela un oficio que apunta a que Garrido tendría deudas con el fisco por licencias médicas que no fueron restituidas.

En dicho oficio, emitido por el subsecretario de Transportes de ese momento, Cristóbal Pineda, se indica que “se detectó que, a la fecha de renuncia voluntaria, de la sra. Romina Garrido, presentaba 10 días hábiles de Licencias Médicas sin ser restituidos a la institución. Por tanto y en resguardo del patrimonio fiscal, es necesario constituir como deudora fiscal a la señora Romina Garrido (…) por un monto de $871.458”.