Foto.- Protesta de agrupaciones de familiares DD.DD frente a la Corte Suprema

Por María Cristina Prudant

El mundo de los derechos humanos se ha visto alterado en las últimas semanas, producto de la libertad que han conseguido, por ahora,  varios (7) ex agentes de la dictadura. El temor de los familiares de detenidos desaparecidos y presos políticos protestaron en el frontis de la Corte Suprema por los fallos que nuevamente ponen en la calle a estos ex militares que torturaron, asesinaron e hicieron desparecer personas.
La primera medida que adoptaron fue hacer una protesta en las afueras de la Corte Suprema para exigir a los jueces que sopesen lo que están haciendo. No es que nunca haya habido fallos que favorecen a quienes violaron los derechos humanos, pero los últimos días han sido 7 personas en pocas horas.
 La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro manifestó que “con este tipo de resoluciones, la Corte Suprema se pone al mismo nivel que estuvo durante los años de la dictadura cívico militar”.

“Estamos frente a un gobierno que ha anunciado la libertad de genocidas, ya sea vía indultos, o a través de este proyecto de ley mal llamado “ley humanitaria”; y tanto ellos como la Corte Suprema con esta liberación de genocidas lo único que hacen es pasar a llevar a nuestros familiares y los tratados internacionales relacionados a los derechos humanos”, precisó.

La presidenta de la AFEP, Alicia Lira manifestó que esta protesta responde a “este atentado de impunidad de la Sala Penal a la cabeza de Hugo Dolmesch. Queremos verdad y justicia, no más impunidad y seguiremos luchando por que los criminales que cometieron delitos de lesa humanidad paguen”.

En el mismo sentido,  el presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo Sánchez aseguró que “jueces de la Corte Suprema pasan por sobre la Comisión de Libertad Condicional, de la Corte de Apelaciones y de tratados internacionales firmados por Chile. Están inaugurando un mecanismo ilegal en favor de la impunidad con el silencio cómplice del gobierno“.

Finalmente, Sánchez comentó que “ellos cometieron delitos de lesa humanidad y no se han arrepentido ni han colaborado con la justicia. Este acto es ilegal”.

Evalúan recurrir a organismos internacionales

En la instancia, además, Pizarro confirmó que están evaluando con sus abogados recurrir a instancias internacionales.

También se pronunció la abogada de derechos humanos, actualmente diputada Carmen Hertz quien afirmó que junto a organizaciones de defensa de los DDHH evalúan recurrir a instancias internacionales por la libertad condicional otorgada a cinco ex agentes de la dictadura condenados por crímenes de lesa humanidad, pues aseguró que con esta resolución se violan normas internacionales

  "Esta resolución que es preocupante, es grave, está violando todos los principios y las jurisprudencias de los tribunales penales internacionales sobre beneficios carcelarios a genocidas o criminales de lesa humanidad", explicó.

Y agrega: "Chile, como parte de la comunidad internacional, está total y absolutamente obligado a cumplir las normas, los principios y las normas consuetudinarias del derecho internacional de los derechos humanos".

Hugo Dolmestch, ministro de la Corte Suprema e integrante de la Sala Penal que visó la libertad condicional a ex agentes de la dictadura, afirmó que "siempre hay alguien que no queda conforme" tras las críticas de organizaciones de derechos humanos por la resolución del máximo tribunal.

"No puedo estar sometido a que deba conformarles a todos y es obvio que siempre hay alguien que no queda conforme", aseguró el ex presidente de la Corte Suprema.

El máximo tribunal acogió los recursos de amparo y reconoció el derecho a libertad condicional de Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga, recluidos en Punta Peuco y Colina I.

Se suman al beneficio en las últimas horas el ex brigadier del Ejército Emilio de la Mahotiere González, condenado a tres años de cárcel como cómplice y encubridor en uno de los episodios del caso "Caravana de la muerte", y el coronel (r) Moisés Retamal Bustos, condenado a seis años por el secuestro calificado de tres ciudadanos uruguayos en 1973.

Resolver de acuerdo con el mérito

Dolmestch sostuvo que "siempre he creído que la función del juez, y sigo creyendo y por eso asumí esta función, es que debe resolver de acuerdo con el mérito de los antecedentes actuales por el momento".

"Entonces, el hecho de hacer justicia es una cosa muy difícil y cada cual tiene un concepto de lo que es justo y de lo que no lo es. Tengo el concepto de lo es justo respecto de cada una de las causas, nunca he podido tomar partido con una u otra posición, sino que sencillamente resuelvo con el mérito de los antecedentes", indicó.

Empero, aún quedan más de setenta casos cuyo futuro se mantiene en suspenso. De acuerdo a Raúl Meza, abogado que representa a gran parte de los presos del penal destinado a ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad, en marzo presentaron 74 solicitudes para que la pena del mismo número de internos se cumpla con arresto domiciliario.

 Estas peticiones, basadas en la avanzada edad o deteriorado estado de salud de los presos, fueron llevadas ante el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza. Además, indicó, otros cuatro enfermos crónicos pidieron el indulto presidencial, el cual está siendo visado por el Ministerio de Justicia.

En esa línea, el abogado agregó que Carroza ordenó al Servicio Médico Legal el envío de la ficha clínica de todos ex uniformados que solicitan la conmutación de la pena, particularmente aquel que refiere sobre su estado mental. "Este último es un tema muy relevante ya que podrían salir en libertad con arrestado domiciliario 70 internos de Punta Peuco y con el reciente precedente judicial de la Segunda Sala de la Suprema, el ministro Carroza podría adoptar la misma decisión", indicó Meza, añadiendo que estos deberían definirse en los próximos días.

La Ley es igual para todos

El abogado de derechos humanos Héctor Salazar más que opinar sobre lo que está pasando con los militares que han quedado en libertad explicó a Cambio21 cómo funciona la ley en estos casos. Deja en evidencia que hay muchos temas que no son tan verídicos porque la ley es igual para todos.

“Estos cinco condenados de Punta de Peuco, por la vía del recurso de amparo, plantearon que está afectada su libertad porque se le denegó arbitrariamente el beneficio de la libertad condicional. Este recurso lo conocen las Cortes de Apelaciones, en este caso la de Santiago. La Corte denegó o rechazó los recursos de amparo y dijo que estaba denegada la solicitud de libertad condicional estos cinco condenados.  La defensa de ellos apeló ante la Corte Suprema y esta acogió los recursos de amparo y dijo que la denegación del beneficio era arbitraria o ilegal y dijo procédase el beneficio”.

Además dijo que “la ley de los beneficios penitenciarios, que se llama, entre los cuales está la salida dominical, la salida a trabajar, permiso para ir donde la familia el fin de semana o la libertad condicional, que es cumplir el resto de pena que le queda en libertad, bajo el patronato del reo. Esas medidas son beneficios que penitenciarios que están en una Ley especial, e antigua data, la cual rige para todas las personas que están cumpliendo condena”.

Agregó que “todos estos beneficios están enfocadas dentro de lo que se llama la política carcelaria que apunta, al menos en teoría, a la rehabilitación de los condenados y su reinserción en la sociedad”.

Respecto a qué pasa con un condenado por delitos de lesa humanidad como el ex militar Jorge Polanco,  que era el piloto a cargo de los helicópteros que tiraban los cuerpos de las víctimas al mar, detalló que “no pasa nada porque él ya fue juzgado y condenado. Si estos beneficios son para todos los condenados en Chile, no hace distinción y por tanto cualquiera persona condenada puede postular a los beneficios de la Ley, independientemente del delito que se trate”.

Cumplir el 50% de la pena

“Si esa persona fue juzgada, condenada ha cumplido a lo menos el 50% de la condena de manera efectiva en un recinto carcelario y concurren los otros requisitos como la buena conducta, la capacidad de reinserción y el apoyo externo que lo pueda acoger puede postular” precisó el abogado.

Polanco nunca ha mostrado arrepentimiento por lo que hizo, pero según el abogado Salazar, no es requisito para postular a la libertad condicional esta situación. Además, no hay forma de comprobar si hay un arrepentimiento real o no.

Salazar recordó el caso de Carlos Herrera Jiménez, quien asesinó al dirigente sindical, Tucapel Jiménez que ha mostrado arrepentimiento, ha colaborado con información, cumple con todos los requisitos, pero siempre se le ha negado la libertad.

Además, el jurista dijo que no es exacto cuando se habla de que ahora están quedando en libertad los violadores de los derechos humanos porque siempre, todos los años, hay gente que ha quedado en libertad condicional.

Los que están condenados a perpetua no podrían optar a este beneficio porque no podrían nunca tener la mitad de la pena cumplida y para quienes tienen perpetua calificada por lo menos se exige 20 años en reclusión. Perpetua simple, 10 años.

Tratados internacionales en duda

En cuanto a los tratados internacionales que Chile ha firmado, el abogado fue categórico: “No hay ningún convenio internacional que establezca lo que dice la gente que no se están cumpliendo. Que diga cuál convenio, no existe ninguno. Además, le digo que toda la tendencia del derecho penal moderno está puesta en la rehabilitación y reinserción, no en el castigo. No hay ninguna norma que diga que estas personas no pueden ser rehabilitadas”.

Salazar encuentra “comprensible la reacción de los organismos de derechos humanos porque ellos han dado una lucha de décadas buscando verdad y justicia y se les ha ido dando a retazos. Entonces, indudablemente que después de 40 años que empiecen algunos condenados a obtener la libertad a ellos les violenta mucho porque les ha costado mucho obtener justicia, pero más allá de comprender y acompañarlos en su dolor hay que tener claro que estamos en un estado de derecho democrático donde las normas y las leyes se aplican para todos”.

Roberto Celedón, abogado de causas de derechos humanos es partidario, por ejemplo, que las personas que están realmente en su última etapa, enfermos terminales o pérdida de conciencia total, “yo no tengo ningún reparo para que puedan pasar sus últimos días fuera del penal”.

“En la aplicación de las penas y en estas situaciones en que la justicia está resolviendo son factores que podrían ser integrado para efectos de discernir las situaciones concretas que , por ejemplo, los recursos judiciales que se presentan en los tribunales”.   

“En cuanto al proceder de los tribunales no sé si se hace cargo de las normativas internacionales existentes sobre la materia. Por otro lado, efectivamente como se ha señalado el tema de la colaboración es con la verdad y la justicia, es un tema de un punto de vista moral también muy importante para efectos de considerar si efectivamente una persona está en condiciones de reintegrarse a la sociedad” expuso.

Además añadió que “en este sentido, si no ha habido colaboración por parte de los condenados para establecer la verdad , para contar todo y permita reparar el daño causado, al no dar antecedentes respecto de personas ejecutadas, desaparecidas que el daño causado persiste en los familiares, en ese sentido resulta gravoso y afecta profundamente a los familiares el que aquellos que no pudo determinar la responsabilidad penal en participación en hechos tan graves como los delitos de lesa humanidad, sean beneficiados por una Ley que no estaba pensada en situaciones de esta naturaleza”.

“Por lo tanto, necesariamente los tribunales tienen que integrar en el nuevo contexto jurídico que existe y que vela por estas situaciones, los temas de violaciones a los derechos humanos”, apuntó el abogado.