En 2017, cuando en el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región de Valparaíso realizaban trámites para legalizar terrenos, uno de los funcionarios que debía efectuar el procedimiento administrativo encontró una carpeta. En ella se hallaban varias escrituras que contenían un secreto: el Serviu había otorgado ocho parcelas del loteo irregular “Aurelio Catalán” de Algarrobo a particulares.

El tema fue revelado por un reportaje publicado en radio Bío Bío, firmado por Yerko Roa.

La zona donde estaban ubicadas no era cualquiera, menos su precio. A unos 400 metros de la playa y a pasos de la carretera que conduce al condominio San Alfonso del Mar, su valor superaba los 481 millones de pesos, en un área de alta plusvalía que aumenta con los años.

A medida que avanzó la revisión, se percataron que algunos de los beneficiados ni siquiera estaban vivos cuando se asignaron los terrenos, y que ninguno había demostrado ser heredero de alguien que hubiera participado del proceso.

Escarbando entre los archivos aparecieron una serie de resoluciones fechadas en 2015, con las que el Serviu dividió y repartió el terreno, tras haberlo arrebatado a un particular.

Hasta ese momento todo poseía un aura de legalidad, pero quienes recibieron las tierras tenían vínculos coincidentes: eran amigos y familiares de altos funcionarios de la Unidad de Regularización de Loteos Irregulares (URLI) del Serviu porteño.

Los abogados Juan Toro Garrido y Carolina Morales, además del arquitecto Eduardo Sandoval, quienes se desempeñaban en esa repartición, habrían sido los cerebros que aprobaron y legalizaron documentación de manera irregular, sin que nadie se percatara.

Cuando la autoridad descubrió el hecho en 2017, presentó una querella por el delito de fraude al Fisco y estafa calificada en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, en contra de los tres funcionarios y “quienes resulten responsables” de los ilícitos.

El caso quedó en manos del Ministerio Público local y este año fue asignado a la Unidad Regional Anticorrupción (URAC), pero hasta ahora no hay formalizados pese al tiempo transcurrido.

En tanto, el Serviu realizó un sumario administrativo en contra de los tres funcionarios respecto de quienes existían sospechas, el que no llegó a buen puerto porque los dos abogados ya habían renunciado y el arquitecto trabajaba bajo la modalidad de honorarios, por lo que no fue posible recurrir en su contra.