El ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total por el delito de malversación de caudales públicos.
La decisión se determinó la mañana de este viernes en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, donde se realizó una audiencia para revisar las medidas cautelares a petición de la Fiscalía.
Respecto de la instancia, el fiscal José Morales explicó que la solicitaron porque no eran suficientes las medidas, puesto que libertad es un peligro para la sociedad.
Asimismo, el persecutor detalló que “los gastos reservados están para materias de seguridad interna y externa, pero fueron utilizados para el enriquecimiento y lujos”.
En su salida del tribunal, el general (r) no realizó declaraciones, pidiendo que respeten su decisión.
Fuentealba permanecía en libertad desde el 21 de agosto, fecha en que la Corte Marcial la concedió tras seis meses recluido luego de ser procesado por la ministra en visita Romy Rutherford por el delito de malversación de caudales públicos por 3 mil 500 millones de pesos.
Asimismo, fue formalizado el 20 de junio tras cuatro años de indagatorias por el Ministerio Público, en paralelo a la causa que lleva la justicia militar.
En esa ocasión, el fiscal Morales precisó que el perjuicio fiscal por alcanza los 2.980 millones de pesos al año 2014.
Asimismo, el persecutor detalló que “los gastos reservados están para materias de seguridad interna y externa, pero fueron utilizados para el enriquecimiento y lujos”.
En su salida del tribunal, el general (r) no realizó declaraciones, pidiendo que respeten su decisión.
Fuentealba permanecía en libertad desde el 21 de agosto, fecha en que la Corte Marcial la concedió tras seis meses recluido luego de ser procesado por la ministra en visita Romy Rutherford por el delito de malversación de caudales públicos por 3 mil 500 millones de pesos.
Asimismo, fue formalizado el 20 de junio tras cuatro años de indagatorias por el Ministerio Público, en paralelo a la causa que lleva la justicia militar.
En esa ocasión, el fiscal Morales precisó que el perjuicio fiscal por alcanza los 2.980 millones de pesos al año 2014.