La diputada Camila Musante, en la foto, reveló que fue víctima de amenazas de muerte y lanzó una dura crítica al Ministerio Público y, especialmente, al 8° Juzgado de Garantía, pues tras realizar la denuncia, el sujeto no fue detenido.

Su principal cuestionamiento apunta a que la detención fue rechazada por el mismo juzgado que habría ordenado la libertad del sicario Osmar Alexander Ferrer Ramírez, involucrado en el homicidio del “Rey de Meiggs”.

La amenaza recibida por la parlamentaria indicaba “que ojalá apareciera muerta en una bolsa negra cortesía del Tren de Aragua”, acusó este martes. "He recibido una amenaza de muerte, cuestión que denuncié ante la justicia, y pese a haber sido identificada la persona que realizó esta amenaza, y pese a que prestó declaración ante la Fiscalía, admitiendo los hechos por los cuales yo ingresé la denuncia (...), la Fiscalía y el 8° Juzgado de Garantía han decidido no formalizar a este sujeto".

“Yo me pregunto qué está pasando con la justicia en este país. Este es el mismo 8° Juzgado de Garantía de Santiago con el cual nos esteramos que emite una orden para liberar al sicario del 'Rey de Meiggs'. ¿Qué garantías le podemos dar a las personas de que la justicia va a resolver sus problemas?”, reclamó.

La resolución del 8° Juzgado de Garantía

Un documento del 8° Juzgado de Garantía confirmó que fue el fiscal Gonzalo Gutiérrez Sandoval, de la Fiscalía Centro Norte, quien solicitó una orden de detención, entrada, registro e incautación contra el imputado, tras una denuncia presentada por la diputada, quien afirmó haber recibido amenazas a través de la red social Instagram.

“El que escribió señalando: ‘Espero amanezcas en una bolsa negra, el Tren de Aragua te hará el favor’. Se indica que esto se dio en el contexto de que, previamente, la diputada señaló estar impulsando un proyecto de ley para hacer más exigentes los requisitos para que los extranjeros puedan avecindarse y permanecer en Chile”, explicaron.

Ante esta situación, el fiscal argumentó que la detención del imputado era necesaria para asegurar su comparecencia y brindar protección a la víctima. Asimismo, solicitó considerar que el acusado es de nacionalidad venezolana y que podría tener presuntos vínculos con una organización criminal.

Sin embargo, el tribunal rechazó la petición, señalando que “no se ha acreditado que la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada de otro modo”.

Además, el documento judicial agregó que “se trata de una investigación por el delito de amenazas simples, cuya penalidad no reviste especial gravedad. Asimismo, no se han aportado antecedentes que acrediten, siquiera indiciariamente, la vinculación del imputado con alguna organización criminal”.

Finalmente, el Juzgado resolvió que “no se configura la necesidad legal exigida para decretar la detención del imputado con el objeto de asegurar su comparecencia”.