La diputada Karol Cariola (PC) salió al paso por la investigación liderada por la Fiscalía Nacional que indaga presunto tráfico de influencias y vínculos con empresarios chinos.

En esta causa, que también involucra a la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, han surgido antecedentes que comprometen a la parlamentaria en gestiones personales vinculadas a multas de tránsito.

La indagatoria, a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, nació como una arista del Caso Sierra Bella, pero ha tomado un nuevo rumbo tras el análisis de mensajes extraídos del teléfono de Cariola, incautado por la PDI el pasado 3 de marzo.

Entre esos documentos figura un intercambio de WhatsApp con el actual delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, que en esa época era alcalde de Independencia, en el que la diputada solicita ayuda para apelar a 22 partes por circular sin TAG.

Sus contactos con el alcalde de Casablanca

Cariola también se contactó con el entonces alcalde de Casablanca, Francisco Riquelme (FA), para intentar revertir una sanción aplicada por el Juzgado de Policía Local.

Según consignó La Tercera, el contacto con Riquelme se produjo el 27 de septiembre de 2022, cuando Cariola se encontraba en el tribunal de Casablanca debido a una suspensión de su licencia de conducir por 45 días.

Según los registros contenidos en la carpeta investigativa, la diputada no pudo tener una reunión con el magistrado y, en respuesta, le escribió al jefe comunal para pedir su intervención.

“Vine a pagar el parte y quiero hablar con el juez, pero la persona que está en la ventanilla no me quiere permitir hablar con él”, le explicó.

Riquelme, quien hoy es director regional del Servicio Nacional de la Discapacidad en Tarapacá, le indicó a Cariola que ya había tomado contacto con la secretaria del juzgado, Patricia Cuadros, y la orientó para que hablara con ella directamente.

Más tarde, la diputada agradeció la gestión: “Me fue bien dentro de lo malo… gracias por tu ayuda”.

Cariola acusa a fiscal Cooper de las filtraciones

En respuesta a la polémica, Cariola emitió un comunicado en el que negó haber cometido actos irregulares: “He pagado la totalidad de mis multas de tránsito cuando ha correspondido. A los dos alcaldes mencionados les consulté sobre los mecanismos de apelación de la multa, que cualquier persona puede realizar ante el juez de policía local. No hay delito alguno ni gestión irregular”, sostuvo.

La carpeta investigativa también detalla otros intercambios entre Cariola y Durán, que dan cuenta de una estrecha relación política y diplomática con representantes del gobierno chino y empresarios de ese país.

En agosto de 2023, ambos conversaron sobre la postura oficial chilena frente a la política de “Una sola China”, y Cariola se ofreció a gestionar un encuentro con el embajador chino.

“Soy presidenta del comité de amistad”, escribió, al tiempo que organizaba una reunión y, meses después, una cena con una delegación china en el restaurante Boragó, gestionada por el empresario Bo “Emilio” Yang.

La Fiscalía busca determinar si Durán participó en dicho evento como autoridad pública o como particular, y quién costeó los gastos de la actividad. Por ello, el fiscal adjunto Eduardo Soto solicitó a la PDI citarlo a declarar como testigo.

Frente a la creciente atención mediática, en la misma misiva, Cariola denunció una campaña en su contra.

“Estas filtraciones responden a medidas desesperadas para conseguir mediante los medios de comunicación lo que no están consiguiendo acreditar en la justicia: filtran conversaciones fuera de contexto sin acreditar delitos”, afirmó.

Además, rechazó haber entorpecido la investigación. “Son muchas las mentiras que se han desplegado en esta investigación, como por ejemplo que me negué al levantamiento de mi secreto bancario, lo cual en ningún caso es cierto: fue el tribunal el que lo desestimó por no considerar existencia de delito”, declaró.

Finalmente, la diputada reiteró su inocencia, la que, -aseguró-  “quedará demostrada en el curso de la presente investigación”.

La parlamentaria apuntó al Ministerio Público por la filtración de antecedentes reservados.

“Me resulta frustrante la incapacidad que existe en el Ministerio Público para que no se vulnere la reserva de un proceso de investigación”, puntualizó.