Las encuestas son herramientas útiles para ir ajustando los diseños gubernamentales a los cambios que experimenta la opinión pública.

Creerse que los apoyos sociales se mantienen inalterados en función de la votaciones es un error político mayúsculo para la política del siglo XXI. En especial, porque en diciembre 2021 en la 2ª vuelta venció el rechazo al candidato de la ultraderecha y a su populismo, pero había que saber leer que ese apoyo electoral era contra Kast y no a favor ni del programa del Frente Amplio ni a la opción presidencial.

Nueve meses después de instalado en el poder, el presidente Boric ha perdido parte importante de ese apoyo electoral. Sólo alrededor del 28% y menos de la ciudadanía -según sea la encuesta- aprueba su gestión gubernamental y hay más de un 60% que la rechaza.

Al revisar los sectores que lo aprueban se ve que tiene apoyos sociales superiores al 30% en los jóvenes menores de 30 años y mayores de 65 años -esto último producto del efecto de reforma previsional- y en los sectores acomodados del C1 y tiene poco apoyo y fuerte crítica social entre los electores de 30 a 65 años y en los grupos medios y vulnerables.

Esta crítica social mayoritaria se explica por los enormes déficits de gestión que presenta el gobierno en sectores sociales donde se ha deteriorado la calidad de vida en los últimos años y no se ven planes gubernamentales que la remedien.

El nivel de temor y miedo ante la delincuencia que afecta a familias de clases medias y vulnerables requiere una acción política transversal y es muy preocupante que aun no se tenga un Acuerdo Nacional por la Seguridad.

La economía se ralentiza -en octubre la actividad económica cayó -1,2%, hace meses que no hay nuevos empleos y sigue fuerte la inflación-, pero no se ve reacción en materia de reactivar la economía. Los recientes datos sobre la ejecución de la inversión fiscal son muy preocupantes: a octubre solo se ha ejecutado el 45% de la inversión pública, en los gobiernos regionales solo se ejecutado el 49% de la inversión regional a octubre, o sea estamos a fin de año y el sector público que puede reactivar la actividad con políticas contra cíclicas no está haciendo esa pega.

Surge entonces la legítima duda sobre la capacidad gubernamental para brindar protección social a las familias que la están pasando mal, ya sea que viven atemorizadas por ser asaltadas -80% tiene esa preocupación de ser víctima de la delincuencia- o a los que tienen miedo ante la compleja situación económica que están viviendo con ingresos que no alcanzar a cubrir los gastos del mes. Ahí en esa incapacidad debe entenderse las cifras de baja aprobación gubernamental y de las instituciones democráticas.

Hay otras áreas muy preocupantes como el alto nivel de ausentismo y deserción escolar y no se ve al MINEDUC preocupado por impulsar un Plan de Recuperación Educativa que motive que esos niños/as vuelvan al colegio.

Hay un enorme desafío al rol protector del Estado y debiera ser una materia en que el país debiera construir acuerdos sociales a  la brevedad  que permitan enfrentar este temor que se instaló en la sociedad chilena y que explica los avances de la ultraderecha en distintas sociedades.