La última Cuenta Pública del Presidente Boric generó dispares opiniones como corresponde a un ambiente político marcado por la competencia electoral presidencial y parlamentaria que se tendrá en noviembre.

Saliendo de la lógica ultraderechista que busca polarizar y descalificar tratando de sacar provecho político de la alta desaprobación que tiene el gobierno en las encuestas -que llega al 65%-; fue una Cuenta Pública que intentó colocar el tema de la gobernabilidad y los acuerdos como ejes principales de su mensaje político buscando sintonizarse con un electorado de izquierda que ha mirado con desconfianza su discurso identitario y generacional y donde se ha criticado su vocación de centrarse en la minoría izquierdista y no ampliarse a las mayorías.

En ese sentido la última Cuenta Pública fue una señal de que había realizado el aprendizaje político de entender que el progresismo moderno es más reformista que revolucionario, que debía ajustarse el programa y que hoy tiene que tener una mayor vocación de centrarse en mejorar la vida de las familias vulnerables y de clase media que valoran su progreso como eje principal de adhesión a la democracia.

Pero como corresponde a una gestión que ha presentado graves problemas en materia de seguridad, crecimiento/empleo, la provisión de salud y educación pública de calidad su Cuenta Pública dejó demasiados vacíos.

Hubo muchos anuncios, pero sin cronograma, sin financiamiento y solo buscando recuperar parte de la aprobación ciudadana perdida que según CADEM significó recuperar 5% de apoyo post Cuenta Pública.

En su discurso se sorprende por la situación de violencia escolar en San Pedro de la Paz -que también se repitió en Melipilla-, añadiendo que es responsabilidad de la sociedad, pero no plantea un camino de solución para enfrentar esta inédita violencia en los Liceos.

Lamentablemente insiste en querer mostrar que la educación pública administrada por los SLEPS tiene mejor asistencia, tiene mejores aprendizajes y mejor convivencia escolar; pero la dura realidad revela que el 34% de los alumnos tienen un fuerte ausentismo, el promedio de asistencia en marzo fue 90% que es todavía inferior al nivel pre pandemia. En materia de SIMCE los resultados son semejantes al período pre pandemia, en 4º básico hay mejoras, pero en 6º básico hay disminución de resultados; falta aún iniciar una trayectoria ascendente de los logros de aprendizaje, especialmente en Lectura y Matemáticas.

La reforma a los SLEPS tiene retrasos como en Atacama y en otras regiones del país y en otros territorios tiene mejoras leves; lo que corresponde es apoyar pedagógicamente este proceso; colocar el foco en la calidad educativa y en mejorar la convivencia escolar con el fin de enfrentar la inusitada violencia en los colegios y el bullying en los colegios.

En materia de aborto sin restricciones hasta las 14 semanas lo matizó con anuncio de reforzar la fertilidad asistida. Hay una mayoría en el Congreso que rechaza ese aborto legal y las encuestas muestran que es una política apoyada en el ABC1 y cuestionada en las clases media y familias vulnerables; el aborto libre hasta las 14 semanas tiene 29% de apoyo,54% apoya aborto en 3 causales y 14% rechaza en cualquiera circunstancia; lo cual revela que es una materia que no reúne amplios consensos transversales y su anuncio responde a la idea de conectarse con su electorado más radicalizado.

Otra materia que tiene fuerte apoyo ciudadano son los anuncios de expansión del Metro al aeropuerto Pudahuel y nuevas líneas de Metro, pero se sigue teniendo una política de transporte público que omite a las regiones. Se cambió la ley de subsidios al transporte regional y se obliga a los gobiernos regionales a usar esos recursos en modernizar transporte público, pero Ministerio de Transporte aún no tramita reglamento de la ley. Otra vez se invierte en Santiago y se condena a las regiones a un transporte público malo, caro e inseguro como ocurre en todas las capitales regionales excepto Santiago y Antofagasta.

La economía y los empleos requieren recuperarse, es de esperar que proyecto de ley que mejora los subsidios para mujeres y jóvenes se tramite con celeridad porque el desempleo sigue alto en 8,8%, lejos aún del período pre-pandemia donde la tasa de desocupación estaba en 7,5%. Crecer al 2,3% es insuficiente para generar nuevos empleos.

La Cuenta Pública revela que el déficit en materia de gestión se mantiene, que los discursos no cambian realidades, se requieren acuerdos políticos y una gerencia pública que este gobierno no ha sido capaz de levantar porque está plagado de académicos sin capacidad de gestionar las políticas públicas.