Lo ocurrido a propósito del apoyo del PDG al paquete legislativo gobiernista abre un debate interesante: ¿puede un partido antiélite convertirse en actor bisagra sin perder su razón de ser? La pregunta no es baladí y merece examinarse con atención, porque lo que está en juego no es solo la estrategia electoral de una colectividad, sino la coherencia interna de una oferta política que se define, precisamente, por su hostilidad hacia las élites que el rol bisagra presupone tratar de igual a igual.

Los partidos antiélite se construyen sobre un perfil de ruptura. Su legitimidad no proviene de la capacidad de negociar dentro del sistema, sino de su distancia respecto de él. Este tipo de partidos articula una distinción moral entre “el pueblo puro” y “la élite corrupta”, que opera como columna vertebral de su identidad política. El liderazgo outsider —un dirigente sin carrera en los partidos tradicionales, a menudo proyectado desde plataformas mediáticas o empresariales— refuerza esa narrativa, porque su propia trayectoria encarna la promesa de no estar contaminado por el sistema.

El PDG y la figura de Franco Parisi responden con notable fidelidad a ese patrón. Su consolidación electoral quedó confirmada en 2025, cuando el partido obtuvo 14 diputados en las elecciones parlamentarias y Parisi rozó el 20% de los votos en primera vuelta presidencial. Estas cifras describen ya a un actor con peso propio y capacidad de incidencia legislativa. El votante del PDG no deposita su confianza en un partido que negocia, sino en uno que denuncia.

El concepto de partido bisagra describe a una colectividad que adquiere un poder de negociación desproporcionado respecto de su peso electoral, porque puede generar acuerdos entre bloques antagónicos que, sin su intervención, serían inviables. La bisagra no se limita a alinearse con uno de los polos; su función consiste en articularlos. Ese movimiento —y no la adhesión a una mayoría o polo— es lo que define el rol. Un partido que refuerza sistemáticamente a uno de los bloques actúa como aliado y, a mediano plazo, tiende a diluirse en él, perdiendo la autonomía que le otorgaba poder e identidad.

Ejercer esa función exige capacidades que tensionan el ADN antiélite. Supone disposición a negociar con actores de todo el espectro, incluidas las élites que se ha prometido combatir. Requiere también previsibilidad, porque los acuerdos descansan en la confianza de que el actor no girará abruptamente hacia un polo. Esto implica niveles de institucionalización interna que los partidos altamente personalizados —donde el líder se confunde con la organización— rara vez ofrecen. Finalmente, demanda una narrativa que legitime el compromiso, de modo que los votantes interpreten la negociación como un logro y no como una claudicación. Esta última condición resulta especialmente difícil para electorados movilizados por la ira, la desconfianza y el agravio.

El sistema político chileno actual vuelve esta discusión particularmente pertinente. La fragmentación del Congreso, la erosión de los bloques tradicionales y la proliferación de fuerzas de tamaño pequeño y medio dificultan la construcción de mayorías estables. En ese contexto, el PDG puede desempeñar un papel dirimente en votaciones clave, apoyando o rechazando iniciativas de manera selectiva.

Sin embargo, esa función dirimente es distinta de la lógica de una bisagra en sentido pleno. Alternar apoyos según la materia puede derivar en una posición no alineada, pero si esa inclinación se vuelve sistemática hacia uno de los polos, el partido termina siendo percibido como parte de ese bloque. El PDG evitó comprometerse en la segunda vuelta presidencial, lo que no parece accidental. Esa distancia es una condición de su identidad. Gobernar de manera estable con la izquierda o con la derecha implicaría una redefinición profunda. Al mismo tiempo, una conducta legislativa que lo acerque de forma reiterada a un sector reduce su margen de autonomía, incluso si no formaliza esa cercanía.

Aquí aparece la paradoja central, pues cuanto más se incline de manera consistente hacia un bloque sin construir acuerdos amplios, mayor es el riesgo de erosionar el capital político que sostiene su identidad diferenciada.

La tensión se vuelve más visible al observar el tipo de interlocutores con los que negocia. El actual gobierno de derecha es percibido, en parte significativa de la opinión pública, como estrechamente vinculado a sectores empresariales de altos ingresos. Para un partido cuya identidad se apoya en la crítica a las élites económicas, una colaboración legislativa sostenida con un gobierno de ese perfil no es neutra. Introduce una fricción evidente entre discurso y práctica, que sus votantes pueden advertir.

Esa fricción se hace más concreta al examinar el contenido de la reforma tributaria que el PDG ha apoyado. El núcleo del proyecto incluye la reducción del impuesto corporativo a las grandes empresas del 27% al 23%, junto con la reintegración tributaria total y, en paralelo, recortes relevantes del gasto social. Sus promotores sostienen que medidas de este tipo podrían incentivar la inversión, dinamizar el crecimiento y eventualmente traducirse en mayor empleo y recaudación futura. Sin embargo, esos efectos son inciertos y dependen de supuestos y condiciones que difícilmente se verifican en la práctica. En este caso, lo razonable es dudar de que tales beneficios se materialicen en magnitud suficiente como para compensar los costos fiscales inmediatos y los distributivos permanentes. Desde esa perspectiva, la reforma aparece más bien como una redistribución de recursos que favorece a los sectores sociales de mayores ingresos, tensionando el discurso antiélite del partido.

Para que este apoyo pudiera interpretarse como ejercicio de una función bisagra, sería necesario que una parte significativa de la oposición también respaldara el paquete. Solo en ese escenario el PDG estaría contribuyendo a articular una mayoría amplia. Sin ese componente, su conducta se aproxima más a la de un refuerzo del bloque gobernante. Dado el carácter regresivo de la reforma, resulta poco probable que concite apoyos amplios en la centroizquierda o la izquierda, lo que refuerza la idea de una alineación de facto.

El problema también se manifiesta en la relación entre base electoral y contenido programático. El electorado del PDG proviene, en buena medida, de sectores que han salido de la pobreza y que mantienen una desconfianza tanto hacia la élite económica como hacia el Estado. Son votantes que perciben que el sistema los excluye por arriba y no los protege suficientemente por abajo. Un paquete que combina recortes de gasto social con beneficios al capital impacta directamente en sus expectativas y en su situación material.

El riesgo para el partido es quedar atado al éxito o fracaso de una política que no controla plenamente. Si los efectos son negativos —deterioro de servicios públicos, mayor presión sobre grupos populares y de ingresos medios, beneficios acotados para una minoría pudiente y efectos finalmente irrisorios de las compensaciones acordadas—, el PDG habrá comprometido su principal activo, que es la credibilidad como voz crítica del establishment, a cambio de un protagonismo mediático y legislativo de baja utilidad final.

Este episodio ilustra la dificultad de sostener una identidad antiélite cuando se participa activamente en decisiones de alta visibilidad y consecuencias materiales para los votantes. La tensión entre diferenciación y eficacia política no desaparece y se vuelve aguda.

Existen, en principio, dos salidas posibles, ambas con costos. Una es la transformación política gradual, mediante la cual el partido modera su retórica y se integra al funcionamiento ordinario del sistema. Experiencias como las de Podemos en España o el Movimiento Cinco Estrellas en Italia muestran que ese tránsito puede implicar una pérdida significativa de apoyo original. La otra es la fragmentación interna, producto de la presión por definir alineamientos más estables, lo que puede derivar en escisiones entre sectores más pragmáticos y otros más identitarios.

El caso del PDG incorpora además la variable de su debilidad institucional. Los partidos altamente personalizados dependen en gran medida de la figura de su líder, lo que limita su capacidad de sostener estrategias complejas en el tiempo. A diferencia de los partidos bisagra clásicos, que contaban con estructuras orgánicas y cuadros intermedios, el PDG aún no muestra un nivel de institucionalización que le permita desempeñar de manera consistente una función de articulación.

La idea de que el PDG puede consolidarse como bisagra en el eje gobierno-oposición subestima la tensión entre estas lógicas. Un actor que aspire a ese rol necesita construir acuerdos entre posiciones enfrentadas y sostenerlos en el tiempo. Un partido cuya identidad se funda en la impugnación de las élites enfrenta límites evidentes para hacerlo sin redefinirse. Puede incidir en votaciones específicas, inclinar mayorías ocasionales y ejercer presión sobre la agenda. Pero eso no equivale a consolidar una función bisagra.

Lo que el caso del PDG sugiere, más bien, es la emergencia de un actor con capacidad de veto y de condicionamiento, que obtiene fuerza de la fragmentación y tiene incentivos para no cerrar completamente las brechas que le dan sentido. Ese rol es coherente con su identidad. La amenaza para ese equilibrio no proviene tanto de una eventual integración plena al sistema, sino de decisiones concretas —como el apoyo a una reforma tributaria de carácter regresivo y escaso respaldo transversal— que pueden llevar a sus propios votantes a percibirlo como parte del problema que buscaba impugnar.