La Moneda decidió “filtrar” su minuta sobre su tesis de “la estabilización” del país como base de su relato comunicacional de su Cuenta Pública.

Pareciera que no habrá espacio a la autocrítica sobre las demoras y retrasos en la gestión como ocurre con el Plan de Reconstrucción para las 17.000 familias afectadas por los incendios forestales de febrero pasado que lleva sólo 6% de ejecución o sobre el deterioro de la educación pública por las fallas ocurridas en la implementación de los SLEPs o en torno al aumento de los homicidios o la baja efectividad legislativa, ya que solo se han legislado 3 leyes de las 17 anunciadas hace un año en la Cuenta Pública 2023.

Tampoco habrá espacio para reconocer el nulo avance en reparar la deuda histórica con las profesoras y profesores generada en dictadura y que tampoco se haya avanzado en un acuerdo con el gremio docente para “abordar ya las situaciones más urgentes o sobre el entrampamiento de las iniciativas tendientes hacia una mayor descentralización regional con el proyecto Regiones Más Fuertes o la nula tramitación de una iniciativa clave para las empresas PYMES como es el proyecto que perfecciona la débil ley de pago a 30 días.

La vocera señala “que no habrá grandes anuncios”; porque en realidad lo que espera la mayoría ciudadana después de 26 meses de gobierno es que haya un balance de lo realizado -que pareciera poco: ley rebaja jornada a 40 hrs, Ingreso Mínimo de $500.000-, reconocer retrasos y proponer nuevos timing para lo que está atrasado y desde ahí  proyectar una agenda gubernamental realista y acotada para estos últimos meses.

Pero eso también se ha ido diluyendo por el autogol de la condonación CAE. Esto reveló una profunda crisis en la coalición oficialista donde sector socialdemócrata cuestionó este “ofertón electoral”, pareciera destinado a apoyar al frente amplismo, pero que solo es apoyado por un 25% de la población y donde la mayoría -56% según Cadem- propone que de haber más recursos estos se destinen a mejorar la calidad de la educación. Condonar el CAE es una medida cara (US $11.900 millones), injusta ya que 50% ha seguido pagando el crédito y regresiva ya que la mayoría de los deudores provienen de hogares de altos ingresos. Una medida así carece de financiamiento fiscal y de existir esa posibilidad, pareciera que la mayoría preferiría gastarlo en programas de seguridad o en otros fines de mayor impacto social.

La movilización frenteamplista pro condonación CAE revela que sus políticas son elitistas, focalizadas en ambientes militantes y no apunta a mejorar la vida de las familias de ingresos medios y vulnerables que quieren vivir en un Chile más Seguro, donde haya una economía que genere más empleos y que las familias accedan a una educación y salud de calidad y eso no lo está generando este gobierno, lo que explica sus bajos niveles de aprobación en sectores medios y populares.

Y ahora el frenteamplismo promueve el culto a la personalidad, al denunciar un “anti gabrielismo” de la derecha, buscando victimizarse y no percibir el malestar social, especialmente en sectores medios y populares, ante una acción gubernamental mediocre que no ha reinstalado la seguridad en los barrios, donde las familias deben encerrarse desde las 7 de la tarde para evitar las acciones delictuales en los barrios; donde la incipiente reactivación no ha logrado generar el mismo nivel de empleos que en la prepandemia -hay un déficit de 190.000 empleos y ha crecido en demasiado la informalidad laboral llegando al 28%-; que ahora ante la influenza tanto la comunicación de riesgo como el plan de vacunación han andado lenta la reacción de la red pública de salud y que la educación pública -tanto SLEPS como educación municipal- sigue viviendo su deterioro expresado en alto nivel de violencia en la convivencia escolar -como en Lota-, baja calidad educativa y menor asistencia escolar.

Incluso lo que podía ser una buena noticia como la alianza público-privada entre CODELCO y SQM para ampliar la producción de litio en Salar de Atacama y así aumentar los ingresos fiscales en el futuro, termina siendo criticada porque gobierno no ha sido claro en acceder a la petición política transversal de renovar exclusión de familia Ponce Lerou de la administración y gestión de esa nueva empresa público-privada que liderará producción mundial de litio, uno de los minerales más demandados mundialmente en esta economía que vive la transición energética.

Las minutas y las cuñas no cambian la realidad política, lo que importa es la gestión, es la capacidad de articular y sumar en torno a buenas políticas que la gente sienta que mejoran su calidad de vida. Eso no pasa con este gobierno donde solo predominan los autogoles y los errores no forzados.