El gobierno ha desaprovechado el respiro que dio plebiscito del 17 de diciembre y el fracaso de la derecha y ultraderecha en la acusación constitucional al ministro Carlos Montes; lamentablemente, ha entrado a un espiral de errores y autogoles producto de la falta de transparencia en informar vía ley de lobby sobre las reuniones de 6 ministros de Estado con distintos grupos empresariales organizadas por una dupla transversal de lobistas en una residencia privada de la comuna de Lo Barnechea en el sector oriente de la capital.

Conocidas las reuniones de los seis Ministros, en que además, han asistido diversos parlamentarios, el gobierno dio diversas explicaciones durante 10 días que a juicio de un influyente columnista “han pasado de malas a patéticas”.

Quiso señalar que no eran reuniones de lobby porque fueron exposiciones y no se discutieron proyectos o leyes específicas, pero reconocieron después de algunos días que los distintos actores empresariales habían expresado sus preocupaciones por la reforma previsional,  por las iniciativas en el campo de la salmonicultura, incluso se había realizado un foro con parlamentarios de distinto signo, sobre los diversos aspectos de la reforma previsional; además, una ministra reconoció que “no sabía” que el anfitrión era un reconocido lobista.

O sea, estamos frente a un gobierno, cuyos ministros no conocen el entorno en que se desenvuelven después de 22 meses de gobierno, ni tampoco cuando es lobby o no. Que largo aprendizaje hemos tenido que soportar estos meses.

En este debate en que gobierno optó por la opacidad hasta el viernes pasado, la opinión pública se enteró que el Consejo para la Transparencia instancia creada en 2008 para velar por la transparencia en la función pública está paralizado porque Gobierno no ha nombrado el reemplazo de 2 consejeros de su Comité Directivo. En la práctica este Consejo no puede cumplir su misión de “promover el derecho de acceso a la información pública y a la transparencia a la función pública”.

O sea, se debilitó la ley de lobby -aunque al final el Presidente de la República tuvo que instruir que se registraran las reuniones en las plataformas de lobby de los ministerios- y además, se paralizó el funcionamiento del Consejo de Transparencia.

Otro coletazo son los efectos políticos que empezaron a generar en el oficialismo donde soterradamente al inicio y después con declaraciones públicas se han cuestionado a los ministros por su falta de transparencia y además, se critica estas prácticas como parte de un estilo predominante del PS/PPD, cuestión que será reforzado por affaire Piergentili que aparece asesorando a dirigentes gremiales de los empresarios vía la empresa de Pablo Zalaquett.

Es riesgosa la apuesta del frente amplismo de empezar a cuestionar reuniones de ministros con Zalaquett y proponer batería de propuestas para mayor control y transparencia de autoridades y así hacen un desmarque buscando instalar la crisis en el mundo PPD/PS; pero no reconocen que fueron los ministros de su sector (Grau, Maisa Rojas, Valenzuela) los que dieron patéticas explicaciones  al no reconocer lo obvio: era lobby.

Si a esto sumamos la demanda civil  de Giorgio Jackson por “injurias, calumnias y difamaciones”a contra senador PS Fidel Espinoza, antecedida por una comunicación formal del presidente de Revlución Democrática del ex jefe de gabinete de Jackson a la presidenta del PS es que se está generando un tenso clima de relaciones políticas al interior del oficialismo, pareciera marcada por la idea de que frente amplismo ve una oportunidad política de renacimiento político remarcado por la cuña de Jackson en una entrevista ampliamente difundida de que “me es muy difícil imaginarme sin estar vinculado a la política” y que el FA puede “aportar a tener una agenda de probidad”.

Puede que estemos entrando a un escenario de tensiones públicas entre las dos coaliciones del oficialismo que hace que la gestión política se centre en resolver los problemas internos de las alianzas de gobierno, donde unos actores levantan agendas propias como anuncia FA y también se anticipa en el PC reivindicando temas como condonación CAE y no dándole prioridad a la preocupación central de la ciudadanía que es la crisis de seguridad.

Pero las mayorías ciudadanas ven que la crisis de seguridad con más homicidios, más inseguridad en los barrios se acentuará este 2024 y un interesante estudio de las universidad Católica de Chile y Universidad de Chile que concluye que “la demanda por seguridad y orden desborda la conversación y la narrativa ciudadana sin importar la edad, el lugar o los niveles de estudio. Esta es la gran preocupación a nivel personal, local y país, y las medidas que se demandan para mayor tranquilidad están intrínsecamente asociadas a ella”.

La política y los políticos deben empezar a resolver el tema de la inseguridad, de la mayor presencia de narcos y el crimen organizado y la elección de octubre de las autoridades regionales y municipales tendrá como principal componente como esas autoridades son creíbles en sus planes para tener Regiones y Comunas más seguras.

Si los partidos se dedican a pelean internas o siguen en su lógica de venganzas de descalificaciones continuas no tendrán el apoyo electoral en octubre. Por eso, la clave es que se genere una estrategia para elecciones locales donde lo central sean propuestas para tener regiones y comunas más seguras y no distraerse en estos autogoles del gobierno que están marcando el inicio del año 2024.