Por Alfredo Peña R.

La política tiene momentos incómodos. Pero existen otros derechamente peligrosos. Y lo que comienza a configurarse en torno a la causa por colusión en la industria de casinos podría transformarse en uno de los episodios políticamente más corrosivos para el actual gobierno.

No se trata de una polémica menor ni de una disputa empresarial cualquiera. Estamos hablando de la causa de atentado a la libre competencia más grave en la historia reciente de Chile: requerimientos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que persiguen multas históricas y que, incluso, podrían derivar en penas de cárcel por una coordinación ilícita entre algunos de los principales operadores de casinos del país.

Y la multa que pidió la fiscalía es la más alta aplicada en Chile a empresas que se hayan coludido: 151.9 millones de dólares. 
Y es en contra de las empresas Dreams, Enjoy y Marina del Sol y cinco altos directivos y ejecutivos de esas empresas que tienen casinos de juego en todos el país. Además de la ultra millonaria multa, la fiscalía pidió poner término a los permisos que obtuvieron estas empresas en las licitaciones en las que estas tres empresas se pusieron de acuerdo para no competir entre ellas.

Se reactiva el juicio

En las últimas horas y luego que el Tribunal Constitucional rechazara un requirimiento en contra de Enjoy (Casino de Viña y otros) se reactivó el juicio ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Y ahora se conocen la lista de testigos que se han presentado para declarar en esta colusión, donde la empresa Marina del Sol, sus principales ejecutivos, se autodenunciaron de este grave delito, para rebajar penas y multas.

Ministro Jorqe Quiroz es citado a declarar. "Su pasado" lo condena

En medio de esa tormenta, aparece citado a declarar nada menos que el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, conocido por haber asesorado a grandes empresas que se coludieron

El solo hecho político ya es devastador. No porque exista imputación alguna en su contra sino porque instala al corazón económico del gobierno dentro del radar público de una causa extremadamente sensible, altamente mediática y asociada a una industria históricamente cuestionada por sus vínculos con el poder político y regulatorio.

Y el problema no termina ahí.

El ministro Quiroz no solo lidera hoy la billetera fiscal del país. También encabeza la compleja tramitación del proyecto estrella del Ejecutivo sobre reconstrucción, una iniciativa que requiere capital político, credibilidad técnica y capacidad de articulación transversal en el Congreso.

En otras palabras: el gobierno necesita un ministro de Hacienda concentrado en reconstruir acuerdos políticos y económicos. No defendiendo mediáticamente la incomodidad institucional que significa aparecer vinculado —aunque sea como testigo— a la causa de colusión más delicada y millonaria del mercado chileno.

Quiroz, "experto en temas de colusión"

Entre 2008 y 2019, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sancionó colusiones en los mercados de la carne de pollo, las farmacias, el asfalto y el transporte marítimo.

En todos estos procesos aparece el nombre del economista actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

El medio de investigación periodística, CIPER revisó en detalle cientos de documentos contenidos en esos expedientes, los que permiten reconstruir la participación de Quiroz en dichas investigaciones.

Los antecedentes muestran que Quiroz elaboró informes previos y posteriores al inicio de esos procesos de colusión, además de declarar en defensa de empresas que terminaron condenadas por atentar contra la libre competencia. Sus hipótesis en favor de las compañías acusadas fueron desestimadas por la justicia en tres de los cuatro casos, incluyendo los más sensibles para los sectores más pobres y vulnerables del país: la colusión de los pollos y las farmacias.

Ciper formuló preguntas específicas sobre esos antecedentes a Quiroz, quien contestó de manera genérica nunca haber estado “vinculado ni facilitado ni diseñado” ningún esquema de colusión ni cartel.

Los pollos y las farmacías

Luego de revisar 15 registros documentales –entre ellos, declaraciones e informes del propio Quiroz, correos y testimonios de ejecutivos de las compañías acusadas– muestran que el economista entregó su impresión técnica en defensa de empresas que después fueron condenadas por coordinar precios.

El caso en el que Quiroz tuvo un rol protagónico fue en el de los pollos. Durante el proceso quedó acreditado que el economista elaboró un modelo de proyección de ventas para la Asociación de Productores Avícolas –gremio que agrupaba a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo–, el que después, esas tres empresas ocuparon para repartirse el mercado. Además, confeccionó un informe solicitado por las compañías que se presentó al TDLC.

Su rol en el caso de las farmacias, otra colusión de mercado particularmente sensible para el bolsillo de la ciudadanía, fue distinto. Aquí emitió informes y declaró como testigo a favor de Salcobrand, descartando una concertación pese a la existencia de correos electrónicos que, según el tribunal, constituían prueba directa de coordinación de precios.

Jorge Quiroz está citado como testigo y esa decisión es porque se busca esclarecer si estaba al tanto de esta acusación de colusión de los principales operadores de casinos. Un artículo del medio digital Contrapoder, indica que Quiroz fue mencionado como "socio y representante de Gerens Consultores" empresa que habría prestado servicios de asesorías a Dreams (Monticello y otros). En el ministerio aseguran que Jorge Quiroz salió de Gerens hace varios años.

Porque en política las imágenes importan. Y la imagen es brutal

Un ministro de Hacienda citado en una causa impulsada por la propia Fiscalía Nacional Económica contra operadores de casinos. Una subsecretaria de Hacienda de la administración anterior —Heidi Berner— que era la Presidenta del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Juego, también citada. Una exsuperintendenta de Casinos -Vivien Villagrán- igualmente incorporada en las declaraciones. Y todo esto mientras el Congreso comienza a discutir con suma urgencia el proyecto de ley de plataformas de juego online, materia que afecta directamente a la industria de casinos físicos involucrada en la investigación.

La señal institucional es extremadamente delicada

Porque aquí existe un elemento aún más complejo: gran parte de los hechos investigados ocurrieron durante la administración anterior. Y pese a ello, el Estado siguió adelante. No solo no congeló procesos sensibles. Además adjudicó permisos de operación a empresas hoy cuestionadas por la FNE, en momento en que se sospechaba de tales cuestionamientos. 

Ese dato es políticamente demoledor
Especialmente considerando que el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos funciona bajo la presidencia de la Subsecretaría de Hacienda. Es decir, mientras ya existían antecedentes, investigaciones y fuertes cuestionamientos públicos, el aparato estatal, bajo la administración anterior, continuó validando operaciones y otorgando continuidad regulatoria a actores que hoy enfrentan acusaciones gravísimas ante el TDLC.

La pregunta inevitable entonces es incómoda:
¿El gobierno anterior subestimó el alcance de la presunta colusión? ¿Miró hacia el lado? ¿O simplemente privilegió la continuidad financiera y tributaria de la industria por sobre el riesgo institucional y reputacional? Y, por cierto, el ejercicio de sus propias obligaciones? 

Porque además existe otro componente explosivo: los decretos dictados durante la administración de Boric y el entonces ministro Mario Marcel para favorecer la continuidad operacional de Enjoy, en momentos en que ya existía una creciente controversia respecto de la situación competitiva y financiera del sector y, muy especialmente, de dicha empresa de juego.

Ese antecedente transforma el problema en algo mucho más profundo que un simple debate regulatorio.

Estamos frente a una potencial crisis de credibilidad institucional.

Y La Moneda parece no haber dimensionado todavía la magnitud política del escenario heredado y que se comienza a abrir.

Porque esto ya no es únicamente un asunto de libre competencia, recaudación fiscal o permisos de operación. Es una amenaza reputacional para el Estado. Una sombra que puede contaminar simultáneamente la agenda económica, la discusión del proyecto de reconstrucción, el debate sobre la necesaria y urgente regulación del juego online y la legitimidad del sistema regulatorio completo.

Más aún cuando Chile atraviesa una profunda crisis de confianza pública y de déficit fiscal crónico. 

En ese contexto, la ciudadanía difícilmente distinguirá entre “ser citado como testigo” y “estar involucrado”. La política comunicacional del gobierno deberá ser extremadamente cuidadosa, transparente y rápida. Cada silencio prolongado, cada contradicción o cada intento de minimizar el problema solo aumentará la percepción de opacidad.

Y mientras tanto, el fantasma de la colusión seguirá sentado en la mesa del Ministerio de Hacienda.

Justo cuando el Ejecutivo más necesitaba estabilidad política.