La democracia chilena no está gozando de buena salud producto de diversos errores de la élite política -como la corrupción, el financiamiento irregular de la política, el voto voluntario por nombrar algunos- que han generado un alto nivel de desconfianza ciudadana hacia las decisiones legislativas que se toman y sobre el comportamiento de las élites.

Incluso diversos analistas de la plaza hablan de una rebelión ciudadana contra las élites que significó la pulverización de las posiciones de centro y el resurgimiento de “un hijo no deseado” como es el fortalecimiento de “las ultraderechas”, que se convertirían en los principales actores políticos, tanto a nivel parlamentario como presidencial, según anticipan diversas encuestas.

Las élites, en especial de centro izquierda no cumplieron su promesa política de que la democracia traería un mejor país y una mejor democracia y ese electorado decepcionado -en especial en los sectores medios-bajos y vulnerables- hoy estaría votando por las ultraderechas, sea en la elección parlamentaria como en la presidencial.

Un signo de esta frustración ciudadana la dio un reciente estudio de la Fiscalía Nacional Económica que constató “que 35% de las carreras de educación superior que hoy se ofrecen tiene un retorno económico negativo y que el porcentaje de personas que ingresa a ese segmento de carreras ha tendido a aumentar, alcanzando cerca de 40% en 2023”; o sea se está estudiando una carrera que no genera la movilidad social soñada y genera una fuerte “cesantía ilustrada” en los menores de 35 años, lo que debilita la promesa de la Gratuidad.

El Voto Voluntario debilitó la participación democrática terminó votando sólo la clientela de los municipios, de los partidos y los electores de las comunas de mayores ingresos (aproximadamente 50% del padrón en las presidenciales competitivas). Hoy reaparece todo el electorado y se convierte en una incógnita para los actores políticos democráticos -incluso algunos postularon debilitar las multas para volver a una menor participación ciudadana-.

Cuando la sociedad demandaba más transparencia, en 2016 se aprobó la ley 20.900 que estableció un periodo de embargo, censura o blackout de 15 días antes de una elección para la difusión de encuestas. Eso significa que estaremos desde este domingo recibiendo en redes sociales un conjunto de informaciones -unas falsas, otras verdaderas- sobre posibles resultados en las presidenciales y las parlamentarias, lo que claramente revela que es una mala política pública que lleva casi una década ayudando a debilitar la democracia y facilitando la divulgación de información falsa, dando una enorme ventaja a aquellos sectores políticos asiduos a los bots, trolls o fake news que buscan desinformar y confundir al país.

Se dice querer más transparencia pero se termina creando mecanismos restrictivos al derecho de información y no se legisla en exigir informaciones mínimas sobre la validez y seriedad de las encuestas políticas.

La experiencia comparada democrática muestra que en la mayoría de las democracias  existe un blackout menor (3 días antes de las elecciones) y se busca resguardar la calidad y seriedad de las encuestas por la vía de mayores condiciones técnicas a las empresas encargadas de realizar este tipo de sondeos. Pero lamentablemente este tema no ha estado en el debate chileno que solo ha estado orientado a debilitar la participación ciudadana en las elecciones, sea con el monto de las multas en caso del voto obligatorio.

La élite política chilena no debiera seguir confundiendo sus deseos con la percepción real que tienen los ciudadanos de la democracia y asumir la actual coyuntura buscando actualizarse y volviendo a hacer política de mayorías que es lo que mejora la democracia.