Las movilizaciones ciudadanas han continuado y el Gobierno ha mostrado tremenda incapacidad para entender la profundidad de la crisis social ya que insiste en tratarlo como problemas de orden público e incluso convoca al Cosena.

 

Esto ha significado una pérdida importante de apoyo ciudadano para el Gobierno de Piñera quedando con un escuálido 9% de aprobación y con escasa capacidad de iniciativa política. Sus proyectos de su agenda social son malos como lo ratifica el bono salarial para llegar a $350.000 de mínimo garantizado que ha resultado ser una burla para la opinión pública ya que esa cifra meta no es la remuneración líquida sino que la imponible; por tanto, el beneficio permitirá llegar sólo a $296.000 mensuales líquidos.

 

También ha crecido el malestar social al mal llamado proyecto de sala cuna universal que fue rechazado en la Comisión de Educación del Senado que finalmente sólo apunta a “privatizar” la oferta en el nivel pre-escolar; adicionalmente el uso indiscriminado de balines por parte de Carabineros que ha significado decenas de heridos es una práctica que ha sido condenada mayoritariamente por la sociedad.

 

En la salud pública hay un fuerte movimiento en contra del escaso financiamiento de los hospitales públicos que ha significado carecer de insumos y utensilios que está significando el retraso y postergación indefinida de una serie de prestaciones médicas a la población. La urgencia de inyectar recursos en los hospitales públicos es clave para garantizar un mínimo de atención de calidad.

 

Se observa a un Gobierno desbordado e incapaz de leer las demandas sociales que surgen desde los movimientos ciudadanos y por otro lado, se anticipa un deterioro del desempeño económico que se expresará en una caída importante del consumo y la producción en este cuarto trimestre y de cara al 2020 donde la economía crecería apenas 1,5%.

 

La economía para esta etapa requiere una fuerte inyección de recursos públicos –a lo menos 1,5% del PIB- que en el corto plazo debieran provenir de un mayor endeudamiento fiscal y de los recursos empozados en el FEES (Fondo de estabilización Social y Económico), pero a mediano plazo se requieren más recursos tributarios provenientes de las rentas altas y en ese sentido es una buena noticia que se haya construido un acuerdo tributario entre Gobierno y oposición para cambiar el mal proyecto de modernización tributaria –con reintegración incluida- y se haya transformado en un proyecto de Recaudación Tributaria que permitirá recaudar en régimen más de US$ 2.000 millones.

 

Lo sostuvimos en estos meses de debate tributario: que el país requería más recursos fiscales y no menos, que la reintegración era regresivo y lo que necesita el Chile del futuro –especialmente después del 18 de octubre- es un sistema tributario que recauda más desde las rentas del capital, que elimina franquicias tributarias a este segmento para financiar de manera responsable las Reformas Sociales que el país demanda pero también invierte en desarrollo vía infraestructura y en Innovación y Ciencias.   

 

Las Reformas Sociales que en pensiones apunten a cambiar modelo de capitalización individual y se transite hacia un real sistema mixto de seguridad social, que en Salud pública garanticen una atención digna en consultorio y hospitales deben ser complementada por el inicio de un proceso político que nos lleve a una nueva Constitución, ya sea vía Convención mixta o Asamblea Constituyente pero se requiere un nuevo pacto social que genere un nuevo ciclo de desarrollo democrático para nuestra sociedad.

 

Este malestar social debe canalizarse institucionalmente mediante este plebiscito. Es lamentable  el presidente Piñera siga bloqueando esta salida e insista en militarizar el conflicto con “su agenda de seguridad y reviviendo el Cosena”.