Ante el fracaso del plan retorno seguro expresado en un aumento explosivo de los casos Covid19 en la Región Metropolitana se decretó la cuarentena, pero esta tendrá problemas de implementación en las comunas populares ya que se requiere que las familias se queden en las casas, pero lamentablemente el apoyo económico a las familias vulnerables es insuficiente.
El Gobierno no acogió la petición de incrementar el aporte a las familias con ingresos informales del Registro Social de Hogares e impuso su modalidad de un bono decreciente per cápita de $65.000, $55.000 y $45.000 por cada mes lo que es claramente insuficiente para casi dos millones de hogares que corresponde al 25% más vulnerables. Además, el proyecto de “seguro para los independientes con honorarios” era un préstamo que debía reintegrarse al Fisco en los años siguientes, lo cual fue rechazado transversalmente en el Senado.
O sea, al final el fondo de apoyo a los trabajadores independientes e informales de US$ 2.000 millones sólo –hasta ahora- tiene un gasto de US$ 833 millones que se hará en el trimestre junio a agosto, lo cual es claramente insuficiente y mezquino como lo han calificado alcaldes, organizaciones solidarias además de la oposición.
Esta mezquindad ha sido “celebrada” por la UDI quién aplaudió este bono decreciente y el rol de “halcones” de los ministros Ward y Sichel revelando que el Gobierno y su coalición no tuvieron la voluntad política de incrementar estos apoyos sociales.
Esta falta de apoyo económico a las familias vulnerables agudizará la situación de empobrecimiento en las comunas populares donde probablemente el confinamiento no funcionará porque muchas familias deberán salir a “ganarse las monedas del día”, se multiplicarán las ollas comunes solidarias en las sedes vecinales y los municipios tendrán fuerte presión ciudadana para repartir cajas de alimentos con lo cual la presión social aumentará por esta agudización de la desigualdad producto de un gobierno conservador que apostó a ahorrar fiscalmente y no fortalecer la red de protección social, con el argumento de “que se guardará cartuchos” para próximos meses.
Esa irresponsabilidad se agudiza porque adicionalmente decretó un recorte presupuestario de US$ 2.500 millones donde el 56% de ese monto son recortes a los presupuestos de inversión en vivienda y en el MOP, inversión que se requerirá para la post crisis; incluye una rebaja de $17.000 millones al presupuesto de cultura pero mantiene el gasto del SIMCE que significan $18.000 millones y empieza a anunciar vía su metodología de “presupuesto base cero” que para 2021 el presupuesto fiscal tendrá como techo máximo el 90% del presupuesto de este año como lo informó Ministro de Hacienda en su circular 21.
O sea, cuando se requiere más gasto fiscal, especialmente en inversión pública y en gasto social en los más vulnerables ya sabemos que Piñera rebajará el presupuesto fiscal 2021.
Mala decisión para enfrentar el escenario post pandemia.
Las empresas –en especial las PYMES- están al borde de la quiebra por la falta de actividad y ventas y el nuevo FOGAPE que daría crédito para capital de trabajo con garantía estatal sólo está beneficiando a 20.000 empresas de un total de 727.000 empresas que son clientes de los Bancos.
O sea, sólo un 3% de las empresas bancarizadas han accedido al crédito FOGAPE que suma colocaciones por US$ 928 millones muy lejos de los US$ 24.000 millones que Gobierno pronosticó se apalancarían como crédito para las empresas.
Los gremios PYMES además alegan que los bancos dan crédito por el 50% del monto de capital de trabajo solicitado con lo cual el crédito “no los salva” y que hay otras 800.000 empresas no bancarizadas que no están recibiendo apoyo ni del Fogape ni de CORFO, ni de Sercotec.
Si a eso agregamos “las suspensiones” por la ley 21.227, los despidos de las últimas semanas que suman miles de desempleados viviendo en la incertidumbre laboral, el nivel de desempleo superará el 15%; el país empieza a transitar hacia una fuerte crisis social y el apoyo fiscal a las familias y a las empresas es claramente insuficiente.
Se avecina una crisis social más fuerte que la de octubre y ¿qué celebran los halcones del Gobierno?