El Ejército salió al paso este viernes de las críticas recibidas por la quema de documentos de la ex Central Nacional de Información (CNI) y explicó por qué no hubo sanciones disciplinarias a los responsables, luego de que una investigación sumaria de la institución castrense revelara que la destrucción se hizo sin las actas respectivas.

Se trata de archivos que contenían información relativa a la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, antecedentes que fueron solicitados en el marco de la indagación respecto a la causa del fallecimiento de éste.

El Ejército explicó que el sumario fue dispuesto por el Ministerio de Defensa y ordenado por el entonces jefe del Estado Mayor General de la institución, el general Ricardo Martínez, recientemente designado por la Presidenta Michelle Bachelet como el nuevo comandante en jefe.

"La Investigación Sumaria Administrativa en comento fue ordenada instruir en enero 2016, con la finalidad de averiguar y esclarecer los hechos que dicen relación con el tratamiento regular que debió tener la documentación en poder de DINE de los años 1980 y 1982", explicó el Ejército en un comunicado.

Detallaron que el 3 de junio de ese año, el general Martínez recibió el dictamen de esa investigación y resolvió que "dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos, jurídicamente y en el ámbito administrativo de su competencia, no resultaba posible decretar medidas disciplinarias en contra de los eventuales responsables por encontrarse prescrita dicha responsabilidad administrativa".

"No obstante, se efectuó un reproche ético y moral, respecto de la ocurrencia de estos hechos, que contravienen la doctrina institucional, al no haberse dado cumplimiento a lo dispuesto reglamentariamente para los casos de destrucción de documentación", continuó.

En ese sentido, la institución castrense aclaró que el general Martínez "no dispuso la destrucción de documento alguno, como ha trascendido en algunos medios".

Además, sostuvo que él envió copias íntegras de la investigación sumaria al ministro del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, Alejandro Madrid.

"En consecuencia, es un deber para el Ejército de Chile aclarar a la opinión pública que se ha actuado con apego a la legalidad y a su competencia respecto de hechos ocurridos con anterioridad, sobre los que es impracticable la aplicación de sanciones por responsabilidad administrativa, sin perjuicio de haberse remitido los antecedentes a los tribunales, dentro de la política institucional y compromiso permanente de colaboración con la justicia", sentenció.