La Universidad Católica de Chile presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección en contra del reglamento de objeción de conciencia de la Ley de Aborto en tres causales, porque le impediría negarse a practicar la interrupción del embarazo en su red de salud.

 

En el recurso de protección presentado el jueves se argumenta que el reglamento tiene normas ilegales y arbitrarias que limitan la igualdad ante la Ley, la libertad de asociación y a manifestar sus creencias y derecho de propiedad.

 

La medida busca que los centros de atención médica de la universidad puedan decidir sobre si hacer o no un aborto. Es por eso que la UC solicitó una orden de no innovar para que su aplicación sea suspendida hasta que el tribunal de alzada capitalino decida si acoge o no el recurso.

 

 

De acuerdo a los argumentos de la universidad, en el reglamento hay una disposición que se aplica a las instituciones privadas que tienen convenio con el Ministerio de Salud para otorgar prestaciones ginecológicas y obstétricas. En ese caso, la organización no podrá esgrimir la objeción de conciencia.

 

 

En el recurso se consigna que la UC tiene un convenio desde 2003 con el Servicio Metropolitano Sur Oriente y agrega que “existen disposiciones que atentan contra los derechos constitucionales y constituyen un acto arbitrario e ilegal, impidiendo una de ellas a la universidad manifestar objeción de conciencia institucional respecto de la práctica de abortos por el sólo hecho de haber suscrito un convenio”.

 

Por su parte, el director jurídico de la UC, Juan Esteban Montero, declaró que recurrieron a la Corte “con la finalidad de que la reglamentación que se ha dictado respecto a la ley de aborto en tres causales sea modificada, ya que a nuestro juicio y convicción, esta normativa limita el ejercicio de los derechos establecidos en la ley respecto de la objeción de conciencia”.

 

“Esperaría del Gobierno saliente que le den pleno respeto a la Ley, eso se haría a nuestro juicio, modificando las reglamentaciones. Si una ley me da un derecho, ésta tiene que limitarlo, no puede venir una norma inferior a limitar el derecho”, añadió.

 

 

Para Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas de Chile, se han visto algunos inconvenientes en la implementación de la ley porque “considero que falta que el Estado indique la forma en que se aplicará la ley de aborto en los servicios de salud pública”, comenta.

 

 

“Como Colegio consideramos que la norma esta muy bien, siendo la ley tanto para los servicios de salud público y privado, y es responsabilidad del Estado determinar cómo se aplicará en el sistema privado”, expone Román.

 

La mirada de Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico, analiza la situación que se ha presentado con las acciones que busca establecer la Universidad Católica.

 

“Tanto ética como administrativamente el protocolo de objeción de conciencia es el adecuado, tendremos que ver que ocurre en el marco jurídico con los alegatos que la Universidad Católica ha impulsado. Tenemos que indicar que los tribunales no anulan el cumplimiento de la ley, solamente se anularía el protocolo”, explica.

 

“Hemos visto que mientras no existió el protocolo el sector privado no realizó las intervenciones y que fue el sistema público quien sí las hizo. Recordar que estas instituciones privadas desarrollan un rol médico que se encuentra mediado por el Estado, de forma que de haber incumplimiento se deberá regular el protocolo”, apunta.

 

“Lo que hace la Universidad Católica en la atención primaria sería ideal que no quede postergado. Esperamos que esta medida no se vea postergada para que se cumpla con la implementación de la norma y de la ley”, concluye.