El senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, aseguró que los datos presentados por la investigación del Centro de Investigación Periodística, CIPER, sobre el mal uso de la tarjeta para combustibles en el ítem traslación del gasto mensual parlamentario, eran “inexactos”.
La jueza del Juzgado de Familia de Viña del Mar y esposa del senador, Sandra Ibáñez, cargó, el pasado 18 de abril, $74.000 de bencina de 95 octanos en una estación de servicio en Concón, región de Valparaíso. La carga fue al Kia Station Wagon que Chahuán tiene inscrito como automóvil parlamentario en la Cámara Alta. Esa jornada, el congresista estuvo todo el día en Santiago.
“Siempre he sido riguroso en el cumplimiento de la ley y la normativa y he usado siempre el combustible que entrega el Senado para el despliegue de mi equipo territorial y mi trabajo parlamentario. Durante mis 16 años de trabajo parlamentario, siempre ha sido una característica mía el cumplimiento irrestricto de la ley y la norma. No se me había planteado qué día era y por tanto, quiero asegurar que siempre los vehículos que están acreditados en el parlamento han sido utilizados, cuando se ha cargado combustible, para los efectos del trabajo parlamentario”, se defendió el senador.
Luego añadió: “Ella (Sandra Ibáñez) cargó combustible, efectivamente, pero porque al día siguiente (yo) debía salir temprano. Ella no ha usado el vehículo con recursos públicos”.
Sobre las cargas hechas en el sur que podrían haber permitido el uso del vehículo inscrito en el Congreso para la campaña del Rechazo en agosto pasado, el senador aseguró que “ese vehículo se devolvió desde Chillán, es una avanzada de la PDI, quienes cargaban bencina en ese entonces eran funcionarios de la PDI”. Esto, pues viajaba a fiscalizar la cárcel en Angol hasta que el director de la policía civil le aconsejó que no fuera, a propósito de la detención de Héctor Llaitul.
Este argumento del senador Francisco Chahuán no se condice con los registros de bencina con carga a Congreso que ocurrieron en Los Ángeles (región del Biobío), ni menos con Villarrica (región de La Araucanía).
Con todo, precisó que no podría entregar los nombres de los funcionarios de la PDI que cargaron combustible porque “eran seis y siempre rotaban”.