El empresario Andrónico Luksic no aguantó los comentarios en su contra y arremetió con todo a través de las redes sociales, esto luego de que los medios de comunicación informaran que una de sus empresas dejó sin agua a pequeños agricultores de la localidad de Paihuano, en el Valle del Elqui.
Según los datos entregados en El Mostrador, la asociación El Cerrito, del grupo del millonario “desvió, acumuló y canalizó ilegalmente por 15 años aguas precordilleranas de la localidad”.
En la misma, el medio aseguró que durante todo ese tiempo, los agricultores sólo recibían agua los días domingo, culpando a los problemas de sequía y el cambio climático.
“Pero no era así. Al final se supo la causa verdadera: las aguas eran desviadas cerro arriba para regar las parras de la familia Luksic, único vergel de la zona”, se lee en el artículo.
La Dirección General de Aguas (DGA), órgano dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), confirmó la irregularidad y aplicó una multa de $60 millones, aunque los Luksic podrían interponer un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Sin embargo, y pesar de las pruebas, los abogados de Luksic “han negado todos los cargos”, mientras que la justicia no llegó a nada con la causa, puesto que “fue sobreseída sin pena ni gloria, a pesar de un contundente informe de la PDI”, consigna Publimetro.
Tras publicarse la nota, Luksic salió a defenderse: “¡Esto no es periodismo, es activismo!”, exclamó a través de su cuenta de Twitter y adjuntó la respuesta de Agrícola El Cerrito que “deja clara la falsedad de lo que se afirma en la nota (...) -es- maliciosa, militante y falta del más mínimo rigor profesional. ¡Mala leche!”.
A la vez, un comunicado emitido por la empresa en cuestión indica que “el titular y gran parte de las afirmaciones que contiene el artículo son derechamente falsos” y desmintió una “apropiación ilegal de aguas por 15 años” y también un “desvío, acumulación y canalización” de aguas en ese tiempo.
Finalmente, manifestaron que la investigación de la Fiscalía descartó todos los delitos y acusaciones interpuestas por Greenpeace y el abogado Luis Mariano Rendón.
Los vecinos “declaran nunca haber sufrido alteraciones en la disponibilidad de agua”, sostuvo la organización.