La llamada “crisis de confianza” que hace algunos años se instaló en la opinión pública después de la divulgación de varios casos de corrupción, pareciera estar lejos de irse de la memoria de los chilenos. Así al menos lo evidencia el IX Estudio Nacional de Transparencia realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), que indagó en la percepción que los ciudadanos tienen sobre diversas materias ligadas a la probidad.

Así, ante la pregunta “¿cuán corruptos cree usted que son los organismos públicos en Chile?”, un 78%, esto es siete de cada diez chilenos, considera que estas instituciones son “muy corruptas”. Asimismo, un 86% de los encuestados afirma “que no se puede confiar en la mayoría de las personas”, lo que reafirma la idea de que la crisis mencionada anteriormente está lejos de terminar. En ese sentido, sólo un 23% de los encuestados dice confiar en el sector público y un 25% en el sector privado.

“El creciente nivel de desconfianza y la negativa percepción que hoy las personas mantienen de los organismos públicos, no sólo es el reflejo de una crisis que hace tiempo viene agudizando la desafección de los chilenos hacia el Estado, sino que también, es el reflejo de una sociedad cada vez más crítica y empoderada, que exige mucho más de las autoridades públicas. En esto no hay que usar eufemismos: muchas instituciones, públicas y privadas, le fallaron al país”, afirma el presidente del CPLT, Marcelo Drago.

Los resultados del estudio, aplicado a 2.855 personas de todo el país, también evidencian la lejanía que las personas sienten ante los organismos públicos. Esto, porque la encuesta revela que un 80% de los chilenos afirma que la relación de los ciudadanos con el Estado es distante; un 77% la califica como de “no cooperación”; un 71% de “mal trato” y un 76% de discriminación. Si bien los índices siguen siendo críticos, son algo mejores que los resultados obtenidos en el estudio de 2016, año en el que la llamada “crisis de confianza” alcanzó su peak.

“La Ley de Transparencia cumple este año su primera década desde que entró en vigencia y durante este periodo, ha demostrado ser un eficiente mecanismo de control social. Los chilenos deben exigirle más a sus autoridades y para eso estamos nosotros: para promover una inquebrantable rendición de cuentas en la sociedad. Que no quepa duda que el Consejo para Transparencia estará bregando en esa dirección”, agregó Drago.