Los abogados Alejandro Awad Cherit y Miguel Schürmann Opazo, representantes legales de la exesposa del líder de la ONG Procultura, Alberto Larraín, Josefina Huneeus Lagos, interpusieron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta denunciando “espionaje” e ilegalidad de la interceptación de la llamada de su clienta con el Presidente Gabriel Boric. La acción busca invalidar tres resoluciones del Juzgado de Garantía local que autorizaron y renovaron la “interceptación ilegal” del teléfono de Huneeus, vinculada al imputado, el siquiatra Alberto Larraín por el caso Procultura, acusado de millonarios casos de corrupción.

Los juristas sostienen que las escuchas se realizaron sin sospechas fundadas ni motivos legales, ya que Huneeus no figuraba como investigada en la causa. “La medida se decretó por error, bajo la suposición de que el número pertenecía a otra persona”, señala el escrito de 20 páginas.

Además, destacan que las conversaciones interceptadas —incluyendo una con el Presidente Gabriel Boric— carecen de relevancia penal.

El recurso enfatiza que el Ministerio Público y el tribunal actuaron fuera del marco legal al calificar a Huneeus como testigo primero y luego como imputada sin antecedentes concretos. “Pretendieron ‘mantener’ una interceptación ilegal mediante resoluciones sin fundamentación“, agrega el documento que consigna radio Biobío

Plantean irregularidades en la autorización de escuchas

El texto revela que la primera interceptación, autorizada el 2 de octubre de 2024, apuntaba al número asociado inicialmente a Larraín. Sin embargo, el teléfono pertenecía a Huneeus desde hace dos décadas. Pese a detectar el error, la Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó “mantener” la medida el 16 de octubre, argumentando que Huneeus “tenía conocimiento de los hechos investigados“.

El Juzgado de Garantía accedió, aunque la solicitud fiscal no citó normas ni presentó pruebas, se lee en el libelo de amparo. “El tribunal autorizó la interceptación como si Huneeus fuera imputada, pese a que ni siquiera se le atribuía participación en los delitos”, denuncian los abogados. Las renovaciones posteriores (6 de diciembre de 2024 y 10 de febrero de 2025) replicaron este vacío legal.

Entre las conversaciones interceptadas figura una llamada del 14 de octubre de 2024 entre Huneeus y el Presidente Boric, previa a la resolución que “legalizó” las escuchas. Este registro se usó para intentar interceptar el teléfono del Mandatario, solicitud rechazada el 12 de noviembre por falta de fundamentos.

Recurso acusa “espionaje” por uso indebido de medidas intrusivas

El documento subraya que, en sus solicitudes, la Fiscalía describió a Huneeus como testigo, no como sospechosa. Un correo de la PDI del 14 de octubre señaló: “Ella estaría en conocimiento de las acciones de Procultura y aportaría antecedentes”. No obstante, el tribunal la trató como imputada sin justificarlo, plantean los juristas.

“Existe un nombre para las intromisiones ilegales a la vida privada de las personas, espionaje“, reza el recurso de amparo.
En esa línea, los abogados citan fallos de la Corte Suprema que invalidan diligencias sin fundamentación.

“La resolución del 16 de octubre carece de motivación. ¿Qué sospechas fundadas existían? Ninguna“, afirma el recurso. Además, critican que las renovaciones se aprobaron sin nuevos antecedentes; según ellos, “el tribunal premió la ambigüedad de la Fiscalía”.

Solicitud de nulidad y eliminación de registros de llamada entre Josefina Huneeus y Boric

El recurso solicita anular las resoluciones impugnadas y eliminar todo material obtenido mediante las interceptaciones.

La acción insiste que las medidas afectaron la libertad personal y honra de Huneeus. “La Fiscalía usó una calidad de testigo para justificar una intromisión reservada a imputados”, sostienen los abogados. Concluyen exigiendo transparencia, “sin fundamentos, no hay legalidad”.

Recordemos que las escuchas ocurren en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en convenios entre instituciones públicas y la Fundación Procultura, con pérdidas fiscales estimadas en $6 mil millones.

Por lo pronto, la Corte de Apelaciones de Antofagasta deberá resolver si acoge o no el amparo.