La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos presentó un escrito a la Contraloría General de la República, para que revierta la resolución de mayo pasado, que determinó eximir temporalmente de “toma de razón” de los actos administrativos que conceden indultos.

Esto, luego que Sebastián Piñera le concediera el beneficio al coronel (r) del Ejército, René Cardemil, quien estaba condenado por acribillar a seis personas en el sector del túnel Lo Prado en 1973 -entre ellas una mujer embarazada de seis meses- y que falleció en el Hospital Militar antes de hacerse efectivo el indulto.

Ante esta situación, la directora del organismo, Alicia Lira, acompañada de otras tres mujeres, llegó hasta la Contraloría para que se reconsidere la eximición, ya que existe “la probabilidad de indultos de respecto de personas que se encuentren cumpliendo pena por delitos de lesa humanidad”.

“Nos preocupa como ciudadanos, pero también en nuestra calidad de familiares y víctimas de las violaciones ocurridas en nuestro país durante la dictadura cívico – militar, que se tenga un estándar distinto, respecto de indultos que digan relación con crímenes de lesa humanidad”, agregaron.

La organización reiteró su preocupación con la Resolución N°13, emitida el 11 de mayo pasado, ya que recalcan que “una resolución que no distinga, ni asuma un estándar de resguardo distinto en relación al estricto respeto y promoción de los Derechos Humanos en nuestro país, la entendemos en la preocupante dirección de considerar sin relevancia aquello que lo tiene esencialmente, no sólo por las disposiciones constitucionales sobre la materia, sino también por los Tratados Internacionales ratificados por el Estado de Chile”.

Junto con ello, cuestionaron que con esta medida los indultos “deberán ser identificados de manera singular para ser archivados en el propio Ministerio de Justicia, toda vez que no serán derivados al organismo de control, el que tendrá noticias apenas una vez al año por mera referencia de una lista que le remitirá el ministerio. Así las cosas es del todo probable que dicho examen posterior en verdad no se verifique nunca”.

Además, recalcan que “no nos parece razonable homologar el indulto presidencial circunstanciado en los delitos comunes, respecto de los crímenes de lesa humanidad y el Sr. Contralor, y la Institución que encabeza no puede dejar de realizar la muy necesaria distinción”.