El sacerdote jesuita Felipe Berríos, radicado en Antofagasta desde hace dos años, es el principal gestor del primer "barrio transitorio" nacional en el sector de La Chimba, que en diciembre y enero permitió el traslado de unas 80 familias desde el macrocampamento Balmaceda y que forma parte de una estrategia para terminar con los campamentos en Chile.

 

Según informó El Mercurio, en el nuevo asentamiento se han construido 110 viviendas de material ligero, con servicios regulares de luz eléctrica y agua que está siendo habitado por personas en proceso de recibir sus viviendas sociales.

 

Desde su llegada a la región, el propio sacerdote vive en un campamento llamado "Luz Divina", donde las casas están hechas de materiales sacados de un basural. Por eso, dice conocer la realidad dentro de los campamentos. "Hay una premisa que debe diferenciarse: las ocupaciones que conocíamos, que hizo nacer Un Techo para Chile, eran de plástico, cartón y suelo de tierra. Esas se acabaron en Chile en 2009 o 2010. Lo que hay ahora es otro tipo de situación", dijo Berríos a El Mercurio de Antofagasta.

 

En ellos, afirmó, no se debe homogenizar la situación económica de quienes los habitan. "Algunos tienen trabajo estable con contrato o ganan dinero sobre los $600 mil, otros no. Algunos tienen recursos para arrendar. O sea, hay quienes se aprovechan de la situación y una gran mayoría que son realmente vulnerables", añadió.

 

 

En el campamento donde vive Berríos, de las 115 familias que lo habitan, sólo siete son chilenas. Las otras que allí viven son de nacionalidad colombiana, peruana y boliviana, de acuerdo a La Tercera.

 

Según un estudio realizado por la Fundación para la Superación de la Pobreza, el 59,2% de los habitantes de los campamentos en la Región de Antofagasta son migrantes.

 

Debido a la realidad que existe en la región, Berríos denuncia el surgimiento de organizaciones que han creado un negocio a partir de esta realidad. "La oposición más dura (al traslado de familias hasta el barrio transitorio) la tuvimos de pequeñas mafias que viven de la gente en ocupaciones", cuenta.

 

"Hemos tenido un aumento explosivo de migrantes, a quienes necesitamos, y no hay un espacio físico donde acogerlos. Entonces, las mafias los explotan, les arriendan piezas y terrenos tomados. Les cobran por la luz, por el agua, que también es robada", contó a El Mercurio en diciembre.

 

Según la información que maneja, algunas recaudadoras pueden llegar a obtener $700 mil mensuales en algunos sectores por la labor de "reponer la luz" desde conexiones ilegales, mientras otros arriendan terrenos ocupados en $3 millones.

 

 

Desde que empezaron el traslado, donde todos los terrenos son de 7x10 metros y no se permite construir con materiales de ladrillo, porque no se trata de una vivienda definitiva, el sacerdote indica que "el 60% no quería irse, ya que deseaba seguir viviendo gratis".

 

"Una cosa es la discriminación y otra la patudez", dijo el sacerdote a la edición antofagastina este lunes. "A mí la gente me decía 'yo quiero seguir aquí, porque no pago agua, luz ni arriendo', pero claro, no es que no pagues: vives a costa de los chilenos", dijo.

 

Por eso, Berríos sugiere "ordenar la cosa" para evitar que la población se vaya "en contra de los mismos inmigrantes".

 

"Una cosa son los derechos humanos, pero estos tienen obligaciones y no pueden amparar la frescura", afirmó.

 

"Al final, por algunos frescos, la gente empieza a tomarle rabia a todos. Demos ayuda a la gente vulnerable para que se incorpore a la sociedad, no contribuir a que no paguen nada y apoyar la frescura", expuso.

 

"Hay mucha confusión con este tema. Soy el primero en defender a los inmigrantes, pero no a los frescos", concluyó el sacerdote.