El ministro en visita extraordinaria en causas de derechos humanos, Alejandro Madrid, otorgó el beneficio carcelario de reclusión domiciliaria total a Juan Fernando Torres Silva, Auditor General del Ejército en retiro, quien está condenado a 10 años y 1 día por el homicidio calificado del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Eugenio Berrios, delito por el cual cumple condena en Punta Peuco.

El magistrado otorgó la reclusión domiciliaria total para el ex fiscal militar por enfermedad terminal.

Madrid argumentó su decisión en una resolución, a la que tuvo acceso La Radio, en la que se menciona el proyecto de ley que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias. También citó el pacto internacional de derechos civiles y políticos, ratificado por Chile, y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.

En concreto, el magistrado sostiene que, debido a los certificados médicos acompañados del condenado —que padece un cáncer prostático metastásico—, se sustituye el saldo de la pena privativa de libertad por reclusión domiciliaria total.

Conocedores del sistema judicial aseguran que se trata de una medida inédita. Sin embargo, aún queda saber cómo se llevará la custodia del recluso, debido a que Gendarmería no tiene sustento legal o normativo para aplicar este fallo.

Torres se caracterizó por sus abusos en la aplicación de leyes contra los detenidos, determinó incomunicaciones prolongadas e arbitrarias mas allá de lo permitido por la ley, permitió que agente de la CNI golpearan y maltrataran a detenidos en “su” Fiscalía, cuando estos se negaban a cooperar.

En varias oportunidades, fue denunciado por detenidos a los cuales les ofreció trabajo en la CNI a cambio de información.