El próximo jueves 28 de marzo, durante la mañana y en Rancagua, el persecutor Emiliano Arias interrogará al cardenal Francisco Javier Errázuriz en el marco de la indagatoria penal que busca esclarecer eventuales participaciones, en calidad de encubridor, del delito de abuso sexual.

Errázuriz, arzobispo emérito de Santiago, sería quien cerrará la lista, supuestamente por su vinculación con el caso Laplagne, en el cual el denunciante Javier Molina se querelló contra todos quienes resulten responsables como autores, cómplices y/o encubridores de los vejámenes que acusa haber sufrido.

Aunque en el entorno de Errázuriz confirmaron la citación, aclararon que aún no está claro si efectivamente entregará su testimonio o se acogerá a su derecho de guardar silencio, tal como lo hizo a principios de año el también cardenal Ricardo Ezzati.

El prelado, sin embargo, no será el único. El propio fiscal Arias ratificó que “hay muchas citaciones ya cursadas, pero no me referiré en específico a las diligencias que se pretenden. Sí puedo decir que las citaciones se cursaron la semana pasada y antepasada, las cuales dicen relación con situaciones de obispos y la línea de investigación de los encubrimientos”.

Entre los prelados citados también está Fernando Ramos, obispo auxiliar de Santiago, secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile (Cech) y actual administrador apostólico de Rancagua. “Yo fui convocado a declarar en calidad de testigo y así voy a concurrir. Voy a prestar toda la colaboración que sea necesaria a las consultas que me haga la fiscalía”, dijo Ramos, quien acaba de ser el representante chileno en el Vaticano, en la cumbre contra los abusos a menores convocada por el Papa Francisco. El religioso deberá entregar su visión respecto de los casos de Óscar Muñoz, excanciller del Arzobispado de Santiago, y de Rancagua (la llamada Cofradía). “No obstante, según la persona que me notificó, podrían hacerme otras preguntas”, apuntó.

Otros jefes de las diócesis que esterían citados a declarar son Fernando Chomali (arzobispo de Concepción), Moisés Atisha (obispo de Arica), y Galo Fernández (administrador apostólico de Talca). En este último obispado se aseguró que no saben por cuál caso fue citado, pero que “con gusto” se colaborará con la justicia.