El Ministerio Público presentó un oficio donde detalla una serie de medidas para regular el acceso y manejo de la información sensible en investigaciones penales, esto tras darse a conocer que el fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Región de Valparaíso, entregó su clave de acceso para consultar investigaciones de la Fiscalía a un funcionario de la Armada.

En el documento dirigido al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, el fiscal nacional Ángel Valencia, informó el protocolo adoptado para resguardar la información y evitar el acceso indebido a los sistemas informáticos.

«La necesidad de resguardar adecuadamente la información de las investigaciones penales ha sido un tema de interés y debate desde los inicios del nuevo sistema procesal penal», señaló el fiscal nacional. Desde la Fiscalía indicaron que se investigarán las filtraciones de información relacionada con causas penales, señalando que en dichos casos se han abierto investigaciones para determinar las responsabilidades.

«Esto ha sido el caso en situaciones específicas como las filtraciones relacionadas con los casos Monsalve y Hermosilla», destacó Valencia.

En cuanto al protocolo establecido, el oficio establece que «sólo los intervinientes en la investigación penal pueden acceder a copias de la misma, presentando su cédula de identidad y, si no retiran las copias en la fecha indicada, deben realizar una nueva solicitud. También se regula la solicitud para revisar la carpeta investigativa, que debe enviarse por correo institucional con justificación, y si se aprueba, se establece una fecha y hora para su revisión».

Respecto a las medidas tecnológicas, el Ministerio Público aseguró que a través de la División de Informática se han desarrollado procedimientos para el seguimiento de la trazabilidad de archivos relacionados con causas penales y se implementó un software que «rastrea la información contenida en los dispositivos utilizados por el personal. Este sistema se instalará en aproximadamente 5,200 estaciones de trabajo».

Valencia también manifestó que, en cuanto a la protección de las conexiones a distancia, se implementó un sistema de seguridad adicional que incluye una autenticación de dos factores para las cuentas de acceso remoto a través de redes privadas virtuales (VPN). Esto significa que, además de la contraseña tradicional, los usuarios deberán introducir un código de un solo uso que se envía a su teléfono móvil para acceder a los sistemas.

En el documento, Valencia entrega propuestas para el mejoramiento del sistema chileno, con el objetivo de «equilibrar la transparencia procesal y la protección de información sensible».

Para esto, plantea que es fundamental modificar el artículo 260 del Código Procesal Penal para permitir que el fiscal, con autorización judicial, restrinja la entrega de antecedentes sensibles, especialmente aquellos que puedan poner en peligro la seguridad pública, la privacidad de las personas o la protección de investigaciones en curso. Asimismo, propone establecer criterios claros para supervisar el acceso a la información durante el proceso de investigación.

Esto incluiría una diferenciación precisa sobre qué tipo de información debe ser entregada a las partes, garantizando el derecho de defensa sin comprometer la seguridad de los involucrados ni la integridad de la investigación. Por último, se aboga por reforzar las sanciones penales por la revelación indebida de información contenida en una carpeta de investigación penal, especialmente cuando dicha información esté sujeta a reserva.

Por último, Ángel Valencia aseguró que «como fiscal nacional del Ministerio Público, manifiesto desde ya nuestra completa disposición como institución a continuar avanzando en implementar medidas de resguardo que permitan lograr un equilibrio justo entre los derechos de las partes y de terceros y los intereses de persecución penal propios de un Estado de Derecho, así como a participar de toda instancia de colaboración interinstitucional que promueva dicho objetivo»