El fiscal nacional, Ángel Valencia, cuestionó la decisión del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago de no dejar en prisión preventiva a la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, imputada por delitos de fraude al fisco y falsificación y/o uso malicioso de instrumento público, hechos presuntamente ocurridos entre 2016 y 2021.

"Conforme al derecho chileno, la señora Barriga debiera estar en prisión preventiva durante el procedimiento. Esto es en una cárcel", dijo el jefe del Ministerio Público a la prensa en el marco de la cuenta pública de la Fiscalía Regional de Atacama.

"No compartimos la decisión, no se ajusta a derecho", criticó.

Valencia advirtió que no es primera vez que autoridades que deberían estar en prisión son beneficiadas con medidas cautelares menos gravosas y aseguró que este tipo de resoluciones "llevan de manera inevitable a una reflexión".

"Hay otros casos equivalentes o similares en los cuales se han dictado resoluciones distintas y los imputados se encuentran hasta la fecha en prisión preventiva, pero, sin embargo no ha sido siempre así. Ha habido otras situaciones similares en las cuales los imputados han estado en arresto domiciliario, abonando tiempo para sus condenas en el patio de sus casas. Si tienen piscina, a veces al borde de la piscina en contacto con sus redes sociales y abonando tiempo de eventuales condenas que deberían cumplir privados de libertad en una cárcel desde sus viviendas", remarcó.

"No sé si este es el caso, pero lo que me parece es que en Chile no puede haber ciudadanos de primera y de segunda categoría y la prisión preventiva no solo para algunos, sino que la prisión preventiva va para todos cuando conforme a derecho corresponde", concluyó. 

Rechazando las solicitudes de la Fiscalía, el juez Hugo Salgado estimó que aunque se logró comprobar la existencia del delito y la "cantidad exorbitante" de recursos públicos involucrados, Barriga no es un peligro para la seguridad de la sociedad y su participación en el proceso hace poco probable un peligro de fuga.

Ante esta situación, la exautoridad deberá cumplir con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con testigos o imputados en el hecho.

A raíz de ello, la fiscal de Alta Complejidad y Crimen Organizado, Constanza Encina, anunció que apelarán a la cautelar ordenada por el magistrado.