Chile no puede seguir administrando la crisis carcelaria como si fuera una anomalía pasajera. Con más de 62 mil internos y un costo cercano al millón de pesos mensuales por preso, el sistema no solo está desbordado: es financieramente absurdo e insostenible. La sobrecarga que enfrenta Gendarmería de Chile es la señal más visible de un modelo totalmente agotado, ello al punto de no ser capaz de cumplir ninguno de sus objetivos: sanción penal, reinserción y seguridad global.

 La posibilidad de levantar infraestructura penitenciaria de alta tecnología en el desierto, mediante concesiones nacionales e internacionales y con fuerte segregación por peligrosidad, no es simplemente una alternativa constructiva. Es el punto de partida de una reforma carcelaria estructural que puede generar seguridad de alto estándar, fin al hacinamiento, reinserción real para salir del vergosozo y peligroso 60% de reincidencia, y costos de inversión en productividad y no fondos fiscales perdidos por mayor y creciente criminalidad. Pero para que tal posibilidad sea viable y legítima, debe realizarse un gran pacto nacional y construirse una propuesta de transversal apoyo y sostén permanente, gobierne quien gobierne.

 1. Un pacto Estado–Iglesias–Empresarios– Prensa

 El Estado debe hacer lo que está mandatado a hacer: cumplimiento penal efectivo, custodiar, garantizar seguridad, separar por perfil criminológico, asegurar condiciones dignas y procurar reinserción real. Sin ambigüedades, cumplir la función que le corresponde.

 Las Iglesias cristianas —la iglesia católica y las iglesias evangélicas— pueden cumplir un rol espiritual más robusto y reconocido institucionalmente. La reinserción no es solo laboral; también es moral y comunitaria. Un sistema que promueva disciplina sin horizonte espiritual produce obediencia forzada, no transformación.

 El empresariado, por su parte, puede asumir un compromiso activo: impulsar unidades productivas intramuros bajo estándares laborales regulados y procurar, posteriormente, cupos reales de inserción laboral para quienes egresen. Pero para que esa apuesta sea masiva y sostenible, el Estado debe establecer incentivos económicos claros —beneficios tributarios, depreciación acelerada de inversiones, prioridad en compras públicas, garantías parciales de riesgo y acceso preferente a programas de fomento productivo— que hagan atractiva la participación privada en esta política pública. El trabajo obligatorio —bien estructurado, remunerado y con cotizaciones cuando corresponda— no es castigo; es orden social y formación de hábitos. Ocio cero significa dignidad productiva y reinserción con herramientas reales.

El trabajo al interior de las cárceles debe ser una obligación, no un derecho al que se accede por buena conducta, otro absurdo del sistema actual ante la falta de capacidad para generar los espacios, los oficios y alternativas y el armaje adecuado del ciclo productivo intramuros.

Y la prensa tiene una responsabilidad ineludible: contribuir a blindar al egresado del estigma perpetuo. Si cada exinterno queda marcado de por vida, la reincidencia se vuelve una profecía autocumplida, persigue a la familia toda y pone en riesgo eterno a los niños. La seguridad pública no mejora condenando socialmente para siempre, no al menos respecto del grueso de la población penal, por cierto, escasamente respecto de las personas de bajo compromiso criminógeno, que decir del 4% que de acuerdo a muchos estudios y estadísticas son incocentes encarcelados por error del sistema.

 2. Robótica en custodia: piloto gradual según peligrosidad

 Si el crimen se ha sofisticado, la custodia no puede seguir siendo analógica. La introducción gradual de robótica y sistemas automatizados —sensores inteligentes, vigilancia perimetral autónoma, monitoreo con inteligencia artificial, control biométrico— permitiría reducir vulnerabilidades humanas en módulos de alta peligrosidad.

 No se trata de reemplazar a los funcionarios, sino de reforzar su labor donde el riesgo de corrupción, intimidación o violencia es mayor. En recintos desérticos, con menor interferencia urbana, la implementación tecnológica es, incluso, más eficiente y necesaria.

 3. Energía solar: bajar costos estructurales

 El norte de Chile posee una de las mayores radiaciones solares del planeta. Incorporar plantas solares asociadas a los complejos penitenciarios permitiría reducir drásticamente el costo energético, que hoy representa una fracción significativa del gasto operativo, amén de generar otro espacio de trabajo obligatorio y capacitación para los reclusos.

Una cárcel autosustentable en energía no solo baja costos; transmite coherencia estratégica. Si el Estado dispone de miles de hectáreas fiscales en zonas de alta radiación, no aprovecharlas sería simplemente negligente. Suelo y energía a cero costos, y cárceles productivas, son un buen negocio no sólo para los presos, sino también para el Estado y la sociedad en su conjunto.

 4. Modelo productivo integral

 El principio debe ser claro: salvo la exclusividad de la seguridad carcelaria (intramuros y exterior), todas las funciones internas deben transformarse en oportunidades de trabajo obligatorio para los propios internos bajo debida supervisión técnica. Alimentación, limpieza, mantenimiento eléctrico, carpintería, panadería, lavandería, agricultura tecnificada, fabricación de muebles o estructuras. Todo con trazabilidad financiera y puesta en valor con modelo empresa.

El esquema puede dividir ingresos en tres destinos:

Contribución al financiamiento del penal.
Aporte obligatorio a la manutención familiar.
Ahorro individual para el egreso.
Reinsertar no es liberar sin herramientas; es entregar capital social y económico para empezar de nuevo, aporte familiar y contribución fiscal real. Las cárceles cuestan plata, demasiada actualmente para lo que logran, y ella no puede seguir saliendo en derroche via impuestos de los chilenos para la formación de criminales de mayor riesgo y compromiso delictivo.

Si alguien piensa que lo que planteamos es una quimera, recomiendo mirar el sistema modelo implantado hace casi dos décadas en República Dominicana, donde mientras el antiguo sistema carcelario muere paulatinamente, el nuevo se consolidad dia a dia aportando a las familias de los presos, reduciendo los costos operativos de cada unidad y generando ahorros para el egreso, egreso que cuando llega lo hace de la mano de formación y capacitación laboral, cuando no de título técnico o universitario, y siempre de un capital legítimamente ganado que da un nuevo impulso y sostén a quien cumplió su condena.    

 5. Eliminar hacinamiento y recuperar autoridad

La construcción en el desierto permitiría eliminar el hacinamiento en recintos urbanos, segmentar por perfil criminal y recuperar el control efectivo del sistema. Un penal superpoblado es una escuela de crimen organizado, peligro latente y problema global. Uno segmentado y productivo es un espacio de disciplina, generación de riqueza, reinserción real y paz social. Tasas de 60% de reincidencia son insostenibles, bajarlas urgentemente debe ser un compromiso del sistema para su sostenibilidad y la seguridad del país. Pero para ello debe contarse con un sistema capaz de tener ese objetivo como meta, función y parámetro de medida.    

Chile enfrenta una disyuntiva histórica: seguir gastando casi un millón de pesos mensual por interno en un sistema que reproduce reincidencia, peligro e inseguridad global, o rediseñar completamente su arquitectura penitenciaria bajo un modelo de seguridad estricta, productividad obligatoria y reinserción real.

El desierto ofrece espacio, energía y mayor seguridad. La tecnología ofrece herramientas. El sector privado puede aportar capital y gestión. Las iglesias contribuyen a la transformación moral y espiritual. Y la prensa —si asume un rol responsable— puede hacer algo decisivo: cambiar el relato.

Porque la reinserción no fracasa solo por falta de empleo; fracasa cuando el egresado vuelve a la sociedad marcado como amenaza permanente. Los medios no están llamados a ocultar delitos, pero sí a evitar la caricaturización sistemática y a visibilizar historias de cumplimiento, trabajo y segunda oportunidad. La seguridad pública también se construye desde el lenguaje.

Un país que exige responsabilidad debe estar dispuesto a reconocer el mérito del que cumple su condena y decide reinsertarse. Sin ese cambio cultural, cualquier reforma penitenciaria quedará incompleta.

Lo único que falta es voluntad política para articular el pacto.

No se trata de castigar más. Se trata de ordenar mejor. Porque cuando la cárcel deja de ser un depósito y se convierte en un sistema exigente, productivo y tecnológicamente robusto, la seguridad pública deja de ser promesa y comienza a ser política de Estado.