El fiscal nacional, Jorge Abbott, decidió gastar $ 12 millones y contratar a la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) y actual secretaria general de la Universidad Católica, Marisol Peña, para que alegue ante la Corte Suprema, con miras a destituir al perseguidor regional de O’Higgins, Emiliano Arias, por supuestos actos de negligencia cometidos en el ejercicio de su cargo.

El monto acordado será pagado “a todo evento”. Es decir, gane o pierda, Peña recibirá el dinero equivalente a casi 40 sueldos mínimos.

Por esa plata, la profesional realizará una serie de actividades que van desde el diseño de una estrategia, la elaboración del escrito de remoción, el alegato y cualquier otro trámite, tal como se lee en la respuesta a una solicitud vía Ley de Transparencia que realizó la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

La historia para acordar el pago comenzó el 9 de octubre pasado. Abbott le dirigió una carta a Peña donde le solicitó que asumiera personalmente la representación del organismo, hecho que había sido “previamente conversado”.

El 10 de octubre, Peña le respondió al fiscal Abbott, que aceptaba el cometido. “(…) le expreso mi formal aceptación (…) y la convicción que la materia dice relación con principios y valores esenciales de nuestra institucionalidad”. A reglón seguido, junto con agradecer la confianza depositada en su persona, Marisol propuso como honorarios la suma única y global de 12 millones de pesos “a todo evento”. En otras palabras, gane o pierda recibirá el dinero.

Marisol Peña fue la primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional entre 2013 y 2014 y se le recuerda por un incidente ocurrido 24 horas antes de terminar su período en septiembre del mismo año.

En aquella ocasión, Peña fue la autora intelectual de un intento por manipular la votación del resto de los ministros para que su jefa de gabinete recibiera una indemnización que bordeaba los 15 millones de pesos, sin que cumpliera los requisitos para ello. El hecho molestó a varios de los magistrados, en particular a Carlos Carmona, quien reemplazaría a Peña en el cargo. Finalmente, Carmona logró que la funcionaria presentara su renuncia sin recibir el beneficio.

Peña ingresó a la Pontificia Universidad Católica de Chile sin dar prueba de admisión, ya que contaba con estudios de derecho, pero en Guatemala. En la década 90 trabajó como asesora en la Comandancia en Jefe del Ejército, a cargo del dictador Augusto Pinochet

Hasta el cierre de esta nota, según la respuesta entregada por la Fiscalía Nacional, el contrato no ha sido firmado ni menos girados los honorarios.

En otro tiempo

No es la primera vez que un fiscal regional es removido de su cargo. En 2005, previa solicitud del entonces titular del Ministerio Público, Guillermo Piedrabuena, el máximo tribunal sacó de su cargo a la jefa de la Región de la Araucanía Esmirna Vidal.

En la oportunidad los supremos estimaron que Vidal no actuó con la rapidez adecuada para investigar denuncias de abuso sexual en contra del entonces senador DC, Jorge Lavandero.