El medio digital ExAnte publicó este lunes en la tarde que el Fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, solicitó intervenir el celular del Presidente Gabriel Boric, por el caso ProCultura. El juez de Garantía lo negó.

Según las grabaciones obtenidas del celular del psiquiatra Alberto Larraín habría aparecido información relacionada a Boric que generó la solicitud de Cooper al juzgado, la que fue negada.

Este fin de semana La Tercera dio a conocer un pinchazo al teléfono del ex jefe del Segundo Piso Miguel Crispi, (FA) también en el marco del caso ProCultura.

Crispi fue grabado por la PDI el 7 de enero en una conversación con su madre, Claudia Serrano (PS), donde aparece señalando que Isabel Allende (PS) hizo gestiones para la compraventa de la casa de su padre en calle Guardia Vieja. El diálogo provocó que se abriera una investigación penal contra la ex senadora.

El fiscal Cooper había pedido hace unas semanas alllanar, La Moneda, donde estaban las oficinas de Crispi; el Congreso y la casa de Isabel Allende y el ministerio de Defensa y la casa de la exministra Maya Fernández.  Sin embargo, la justicia denegó el acceso de este sobregirado y frenético fiscal regional.

Este es el mismo fiscal que ordenó el allanamiento de la casa de la expresidenta de la Cámara de Diputados Karol Cariola mientras ella estaba en trabajo de parto de su primer hijo y que además, singularmente se filtraron las conversaciones entre la diputada Cariola y la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler. Cooper le había requisado los fonos tanto a Kariola como a Hassler y, lo obvio, algunos medios tuvieron esas conversaciones "supuestamente privadas".

Partidos oficialistas señalan que el fiscal Cooper ha estado usando estas herramientas (los pinchazos teléfonicos) y los trascendidos (el relato del pinchazo al fono de Crispi fue entregado a algunos medios de comunicación) como de uso político y de un frenesí investigativo contra personeros del oficialismo, nunca vistos. Señalan que si se hubiera requisado el celular del Presidente Boric, hay conversaciones sobre seguridad nacional que si se conocen, podrían causar daño al país y a algunas personas.

Qué dice cuando se ordena grabar o "pincha" conversaciones teléfonicas

Según el artículo 222 donde se aborda la interceptación de comunicaciones de la ley 21.577, “el juez de garantía, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la interceptación y grabación de las comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación cuando existan fundadas sospechas basadas en hechos determinados de que una persona ha cometido o participado en la preparación o comisión, o que ella prepara actualmente la comisión o participación en un delito al que la ley le asigna pena de crimen, y la investigación de tales delitos lo haga imprescindible”.

Para ello deben existir “fundadas sospechas basadas en hechos determinados, de que sirven de intermediarias de dichas comunicaciones y, asimismo, de aquellas que facilitaren sus medios de comunicación al imputado o sus intermediarios y la investigación de tales delitos lo hiciere imprescindible”.

La fundación ProCultura, creada en 2009 por el psiquiatra Alberto Larraín y la fotógrafa Ilonka Csillag, aumentó en más de 10 veces sus ingresos desde reparticiones públicas entre 2021 y 2022 (pasó de $316.849.723 a $3.282.841.556 cuando asumió el actual gobierno) y es indagada por Fiscalía por eventual fraude al fisco en convenios por cerca de 6 mil millones con gobiernos regionales.

La desclasificación de antecedentes ha generado preocupación en sectores del oficialismo dado que la indagatoria involucraría a altos dirigentes del oficialismo, entre ellos a Crispi (FA), quien como subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere) validó las transferencias de fondos a la ONG.

Además, seis gobernadores fueron declarados sujetos de interés —paso previo a la calificación de imputados—, de los cuales cinco fueron reelectos. Se trata de Claudio Orrego (ex DC), de la Región Metropolitana; Ricardo Díaz (ex RD), de Antofagasta; Rodrigo Mundaca (ind-FA), de Valparaíso; Oscar Crisóstomo (PS), del Ñuble; y Jorge Flies (Ind-Radical), de Magallanes. Rodrigo Díaz (ex DC), del Biobío, no compitió en los comicios de octubre pasado.

Boric cultivó una relación cercana al siquiátra director de ProCultura desde que era diputado y comunicó que tenía TOC.