La Fiscalía Regional de Atacama presentó una solicitud de desafuero contra el gobernador regional, Miguel Vargas (IND-PS), por presunto delito de abuso sexual, por el que fue denunciado por una funcionaria del organismo.

El fiscal regional, Juan Andrés Shertzer, indicó que una vez recepcionada la denuncia se realizaron distintas diligencias investigativas con el apoyo de personal especializado de la PDI, «desarrollándose un trabajo objetivo y serio que permitió reunir antecedentes y medios de prueba que condujeron a la necesidad de requerir el desafuero ante el máximo Tribunal de la región, procedimiento previo para poder continuar con la persecución penal, solicitar medidas cautelares personales y eventualmente deducir acusación».

Agregó que «la Fiscalía de Atacama, en esta como en todas las investigaciones que dirige por este tipo de delitos, ejecutó diversas diligencias de manera reservada y solicitó distintas acciones indagatorias, además de mantener contacto permanente con la víctima».

Cerró con que «una vez reunida esa información y someterla al análisis de los fiscales que integran la Unidad de Causas Complejas, y de la Unidad Especializada en delitos sexuales, se adoptó la determinación de solicitar el desafuero ante la Corte de Apelaciones de Copiapó. Como institución hemos procurado la protección integral de la afectada, junto con mantener bajo resguardo todo el contenido de esta causa evitando cualquier tipo de filtración».

El 9 de mayo el Servicio Nacional de la Mujer presentó la denuncia contra Vargas. El servicio indicó además que la Fiscalía Regional de Atacama mantuvo en reserva la causa en carácter de secreta, y que «hemos solicitado al tribunal reserva de todos los antecedentes de la víctima, esperando que ellos también sean protegidos por los distintos medios de comunicación y actores involucrados».

En ese entonces el Gobierno Regional informó que la defensa de Vargas en la causa fue asumida por el abogado Patricio Pinto, del Estudio Jurídico Atacama. A través de un comunicado, el jurista declaró públicamente que «nuestro representado no ha sido formalizado, ni ha sido citado a declarar por el Ministerio Público. No existe a la fecha solicitud alguna de formalización ni diligencias en curso que comprometan su situación procesal».

Además, «el Gobernador Regional ha puesto desde el primer momento a disposición de la justicia toda su colaboración, manifestando su voluntad de contribuir activamente al esclarecimiento de los hechos».

También precisó que «la persona denunciante no tiene ni ha tenido relación laboral con el Gobierno Regional, ni ocupa cargo alguno en la administración pública (…) no existe entre ella y el Gobernador vínculo profesional, jerárquico ni institucional alguno».

«Nuestro representado rechaza categóricamente cualquier insinuación de conducta coercitiva, violenta o abusiva. El hecho aludido se refiere a un encuentro de carácter estrictamente personal, voluntario, radicado en el ámbito de la vida privada sin implicancias institucionales ni conexión alguna con el ejercicio del cargo», sostuvo el abogado.