La Fiscalía Metropolitana Oriente y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresaron sus respectivos recursos de apelaciones ante la Corte para que la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, vuelva a prisión preventiva.
La exjefa comunal estuvo recluida cerca de un mes en la cárcel de San Miguel, hasta que el miércoles 18 de diciembre el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago decidiera reemplazarla por arresto domiciliario.
Entre los argumentos que acompañan el recurso judicial de la parte persecutora, según recoge La Tercera, está el que se refiere a que la magistrada María Inés Lausen Montt modificó una resolución que se encontraba firme sin que la defensa aportara nuevos antecedentes.
Sobre ese punto, la fiscalía argumenta que el juzgado consideró los informes médicos del hijo menor de Barriga como si se tratara de un nuevo elemento para cambiar la cautelar, no teniendo en cuenta que ya había sido abordado en la audiencia que la dejó en reclusión.
Asimismo, apunta a que la jueza omitió referirse a los nuevos datos entregados por el Ministerio Público y los querellantes, “que lejos de favorecer a la parte defensora, únicamente aporta mayores certezas del conocimiento y dolo con el cual obró la imputada al momento de desplegar las conductas fraudulentas”.
Discute, además, que dicha resolución causa agravio al Ministerio Público ya que “existen los antecedentes calificados que permiten al tribunal considerar que la libertad de la imputada es peligrosa para la seguridad de la sociedad”.
“Lo que queda de manifiesto es que durante su período administró de forma maliciosa e irregular el patrimonio municipal de una de las comunas más pobladas y vulnerables de la Región Metropolitana y eso sí resulta ser un peligro para la seguridad de la sociedad de conformidad con los criterios legalmente establecidos para determinar el peligro para la seguridad de la sociedad”, se lee en el escrito.
El CDE también impugnó la resolución del juzgado y argumentó que “se encuentra insuficientemente fundada, y se aleja del mérito del proceso establecido”.
“No es efectivo que en este caso lo resuelto por el tribunal de garantía el 12 de noviembre de 2024, confirmado por la Corte de Apelaciones el 18 de noviembre de 2024, constituya un cumplimiento anticipado de la condena”, refutó el organismo sobre uno de los planteamientos de la magistrada que permitió a Barriga volver a su casa.
En ese sentido argumentó que los fundamentos de la prisión preventiva se encuentran en la resolución del Tribunal de Garantía y en la de la Corte de Apelaciones.
La exalcaldesa de Maipú enfrenta una indagatoria por presuntos hechos de corrupción y falsificación de instrumento público, ilícitos que habría cometido durante su paso por el municipio de Maipú entre 2016 y 2021.
La actual administración de Tomás Vodanovic, querellante en este caso, estima la defraudación en $33.515.721.000.