Un informe oficial elaborado por el Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Gendarmería de Chile concluyó que las actuales condiciones de reclusión del exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Mauricio Hernández Norambuena en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) podrían constituir un trato incompatible con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, recomendando expresamente su traslado inmediato al Complejo Penitenciario de Rancagua.

El documento fue elaborado por instrucción del 7.º Juzgado de Garantía de Santiago, luego de que la defensa denunciara que el reciente traslado del interno desde Rancagua al REPAS significó un grave deterioro de sus condiciones de cumplimiento de condena.

Uno de los aspectos más relevantes del informe es que constata que Hernández Norambuena no ha sido informado de las razones específicas de su traslado. El documento recuerda que el reglamento del REPAS exige que el ingreso a ese régimen especial sea dispuesto mediante una resolución fundada y precedida por un informe técnico que justifique la medida, requisitos respecto de los cuales el interno señala no haber recibido explicación alguna.

Durante la visita inspectiva, los profesionales del Departamento de Derechos Humanos recogieron el testimonio del interno, quien describió un régimen caracterizado por allanamientos permanentes, uso constante de esposas, bajas temperaturas al interior de la celda, limitaciones para acceder a libros, ausencia de programas de reinserción y la interrupción de tratamientos médicos y psicológicos que mantenía en Rancagua.

El informe también advierte que Hernández Norambuena, de 68 años, presenta diversas patologías crónicas y que el cambio de establecimiento interrumpió parte de las atenciones de salud autorizadas judicialmente, situación que podría agravar su estado físico y psicológico. Asimismo, señala que las condiciones del REPAS no constituyen un ambiente adecuado para una persona mayor, especialmente considerando los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del trato digno que debe recibir toda persona privada de libertad.

Otro de los hallazgos es que la sección de Alta Seguridad del REPAS carece de programas efectivos de reinserción social para personas condenadas, pese a que la propia normativa penitenciaria establece que dichas intervenciones deben existir. Según el informe, esta situación resulta incompatible con la finalidad de reinserción que debe perseguir toda pena privativa de libertad.