El Gobierno anunció una serie de medidas en materia de seguridad tras la balacera registrada el pasado 1 de mayo en barrio Meiggs, luego de la cual falleció la reportera Francisca Sandoval, quien recibió un mortal impacto de bala.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló tras una reunión de coordinación que se decidió "establecer una presencia policial muy decisiva en materia de labor preventiva, pero también con el objetivo en recuperar allí la presencia del Estado".
"Hemos concordado llevar adelante una política de fiscalización de armas e instruido también llevar adelante fiscalización migratoria en el territorio", puntualizó Monsalve.
Además, adelantó que se coordinará una segunda reunión para "coordinar la fiscalización de otros servicios públicos" y que "sin duda, estamos trabajando intensamente para que aquellas investigaciones que son de persecución penal puedan ser exitosas con el objeto de desarticular organizaciones criminales que están detrás de estos graves hechos".
Por su parte, la delegada presidencial de la región Metropolitana, Constanza Martínez, dijo que "sabemos que esta intervención no puede ser de un día para otro, pero tiene que se decidida y sostenible en el tiempo".
"Hemos trabajado en determinar una fiscalización importante a nivel de armas y armamento en población civil; y estamos trabajando en fiscalización de diversos organismos del Estado como Servicio de Impuestos Internos, Aduanas y también Policía de Investigaciones en el caso migratorio", señaló la delegada.
Finalmente, Martínez detalló que la planificación se pondrá en marcha esta semana y expresó que "vamos a estar acompañando esa labor y desde el Gobierno nos comprometemos para poder erradicar de una vez por todas a estas mafias".
