Los dos últimos gobiernos chilenos han intentado gobernar en un sistema de partidos crecientemente atomizado y polarizado sin constituir una coalición de gobierno. Gabriel Boric recurrió a la fórmula de los dos anillos. José Antonio Kast ha preferido la colaboración entre partidos, junto con una presencia considerable de ministros independientes. Los diseños son diferentes, pero comparten un propósito. El partido presidencial procura conservar la conducción, incorporar capacidades ajenas y evitar una distribución plenamente compartida del poder.

La teoría de las coaliciones debe aplicarse con cautela al caso chileno. Buena parte de sus principales desarrollos se construyó observando regímenes parlamentarios, donde los partidos negocian la formación del gabinete y el gobierno debe conservar la confianza de la mayoría legislativa. Su pérdida puede provocar la caída del Ejecutivo.

En el presidencialismo, el Presidente posee un mandato propio y de duración fija. Puede permanecer en el cargo aunque carezca de una mayoría estable en el Congreso. Además, el pacto que elige parlamentarios, la alianza que respalda al candidato presidencial, los partidos que ingresan al gabinete y la mayoría que aprueba una reforma pueden estar integrados por actores diferentes. El gobierno puede subsistir sin coalición, pero queda expuesto a negociaciones permanentes, responsabilidades difusas y dificultades para ordenar sus propios apoyos.

El bicameralismo agrega otra complejidad. Una mayoría construida en la Cámara puede carecer de equivalente en el Senado. Los acuerdos deben adaptarse a cada corporación, materia, etapa legislativa y quorum. En un sistema indisciplinado, una mayoría exacta tampoco equivale a una mayoría gobernante. El Ejecutivo necesita mayorías con un margen mínimo de seguridad, capaces de soportar ausencias, disidencias y renegociaciones durante la tramitación.

La teoría clásica sostuvo que los partidos tenderían a formar coaliciones ganadoras mínimas. Incorporarían solo a los socios indispensables para alcanzar la mayoría y evitarían compartir cargos e influencia con actores superfluos. Los modelos espaciales agregaron la cercanía ideológica. Los desarrollos posteriores incorporaron la búsqueda combinada de políticas, cargos y votos, los pactos preelectorales, la reputación de competencia y los mecanismos destinados a procesar las diferencias entre los integrantes.

El Sistema de Atomización Polarizado modifica varias de esas predicciones. La atomización incrementa el número de actores necesarios para construir una mayoría. La polarización reduce la disponibilidad de socios compatibles. La desinstitucionalización disminuye la capacidad de los partidos para comprometer el comportamiento de sus parlamentarios. La disputa por la hegemonía dentro de cada sector puede intensificarse entre organizaciones ideológicamente próximas que compiten por los mismos electores, candidaturas y liderazgos.

Los partidos necesitan cooperar para gobernar y diferenciarse para sobrevivir. Un acuerdo conveniente para el conjunto del sector puede fortalecer al competidor más cercano. Un partido puede preferir influir desde fuera, preservar su identidad y atribuir al gobierno los costos de las decisiones. Esta doble centrifugación, entre bloques y dentro de ellos, ayuda a comprender las dificultades de los dos últimos gobiernos.

El gobierno de Boric no tuvo una coalición. Tuvo dos alianzas que participaban en el Ejecutivo, Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, organizadas inicialmente mediante la fórmula de los dos anillos. El Frente Amplio y el Partido Comunista debían ocupar el núcleo político. El PS, el PPD, el Partido Radical y el Partido Liberal participarían desde una posición comparativamente más externa.

El diseño ampliaba la base ministerial sin alterar la primacía de la generación política que había ganado la elección. La dificultad apareció cuando una parte importante de las capacidades requeridas para gobernar se encontraba en el anillo al que se pretendía otorgar menor influencia.

La teoría de la valencia permite comprender lo ocurrido. Los partidos se diferencian por sus posiciones programáticas y por atributos como experiencia, competencia percibida, credibilidad, capacidad de gestión y aptitud para alcanzar acuerdos. Los electores pueden discrepar profundamente sobre las políticas deseables, pero normalmente prefieren gobiernos capaces de ejecutar sus decisiones y administrar las instituciones.

Boric llegó a La Moneda con una valencia elevada en renovación generacional, representación de nuevas demandas y voluntad transformadora. Sus primeros meses revelaron carencias de experiencia administrativa, coordinación legislativa y conducción política. Mario Marcel aportó desde el inicio responsabilidad fiscal y credibilidad económica. La derrota en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022 obligó a extender esa búsqueda de competencia hacia el centro político del gabinete.

Días después del plebiscito, Carolina Tohá reemplazó a Izkia Siches en Interior y Ana Lya Uriarte asumió la Secretaría General de la Presidencia. Posteriormente, Álvaro Elizalde reemplazó a Uriarte. El Socialismo Democrático llegó así al corazón político de La Moneda con dirigentes que poseían experiencia ministerial, parlamentaria, municipal y partidaria, además de redes institucionales y capacidad negociadora.

Se produjo una transferencia de valencia gubernamental. El Frente Amplio conservó la Presidencia y el liderazgo político general, mientras el Socialismo Democrático aportaba una parte creciente de la experiencia necesaria para sostener el gobierno. La incorporación de ministros claves mejoró la capacidad del Ejecutivo, pero no creó una coalición. Los dos anillos alteraron sus pesos relativos sin ser reemplazados por una dirección política común, un programa actualizado y una disciplina parlamentaria compartida.

Las consecuencias aparecieron tempranamente. En julio de 2022, el gobierno sufrió una derrota en la Cámara con el proyecto sobre infraestructura crítica. En ella incidieron ausencias, abstenciones y rechazos de parlamentarios oficialistas. El Ejecutivo debió continuar recurriendo al estado de excepción en la macrozona sur, una política resistida por sectores de su propia base y aprobada reiteradamente con votos opositores.

El TPP-11 expuso otra fractura. Seis de los diez votos contrarios en el Senado provinieron de partidos que integraban el oficialismo. Cuatro correspondieron a Apruebo Dignidad y dos al Partido Socialista. A ellos se sumaron dos senadores democratacristianos y dos independientes. El tratado fue aprobado gracias a una mayoría transversal, mientras diputados del Frente Amplio, el PC, el PPD y el Partido Radical intentaron llevar su tramitación al Tribunal Constitucional.

La reforma tributaria mostró la distancia entre mayoría nominal y mayoría efectiva. En marzo de 2023, la Cámara rechazó la idea de legislar por 73 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones. Ausencias y desmarques de legisladores que el Ejecutivo consideraba próximos privaron al gobierno de los votos necesarios para aprobar una de las principales fuentes de financiamiento de su programa. La derrota ocurrió cuando Tohá, Marcel y Uriarte ya ocupaban posiciones decisivas. La valencia ministerial no podía sustituir la coordinación parlamentaria.

La Ley Naín-Retamal volvió a dividir a los dos anillos. El Socialismo Democrático respaldó disposiciones rechazadas por el Frente Amplio y el PC. Estos anunciaron que recurrirían al Tribunal Constitucional contra normas que el gobierno había decidido apoyar en medio de una grave crisis de seguridad. El asesinato del cabo Daniel Palma alteró la ofensiva, pero la fractura política ya había quedado expuesta.

El episodio más significativo ocurrió en 2025 con la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Cuarenta y dos diputados oficialistas presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra artículos de una iniciativa promovida por su propio gobierno. La Moneda compareció ante el organismo para defenderla frente a sus parlamentarios. La diferencia interna se convirtió en un litigio constitucional entre el Ejecutivo y quienes integraban su base legislativa.

A ello se sumaron iniciativas oficialistas que desafiaban la conducción económica de Marcel, entre ellas la eliminación de la UF y el término del límite de la indemnización por años de servicio. Hacia el final del mandato, la proximidad electoral aumentaba los incentivos para que cada parlamentario recuperara autonomía y reafirmara su identidad ante sus votantes.

La reforma previsional constituye el principal contraejemplo. El gobierno obtuvo uno de sus resultados más importantes cuando dejó de descansar en la inexistente disciplina de los dos anillos y construyó un acuerdo transversal con Chile Vamos. La reforma exigió concesiones recíprocas y alcanzó una mayoría amplia. Esa base le otorgó una legitimidad y una posibilidad de permanencia que difícilmente habría conseguido mediante una mayoría estrecha y exclusivamente oficialista.

El gobierno de Kast ha seguido una trayectoria distinta y enfrenta un problema comparable. Antes de asumir, el Presidente electo comunicó a los partidos que lo habían apoyado que su relación se basaría en la colaboración. La fórmula permitía incorporar figuras de Chile Vamos, recibir apoyo parlamentario y preservar la dirección republicana sin establecer una alianza dotada de derechos, obligaciones y procedimientos compartidos.

La colaboración impone compromisos más débiles que una coalición. Cada organización puede respaldar determinadas decisiones, discrepar en otras y conservar su autonomía. El partido presidencial evita compartir formalmente la conducción. Sus socios acceden a posiciones gubernamentales y aportan cuadros, pero carecen de garantías claras sobre su participación en las decisiones. El diseño facilita la instalación del Ejecutivo y ofrece pocas herramientas para procesar los conflictos que surgen al gobernar.

La resistencia republicana a constituir una coalición ha sido explícita. Arturo Squella sostuvo que no existía una coalición propiamente tal y que su formación no representaba el interés de los partidos participantes en el gobierno. Kast abrió posteriormente la posibilidad de discutir una alianza futura. La diferencia reveló una ambigüedad entre la disposición presidencial a ordenar el sector y la resistencia de la conducción republicana a institucionalizar la relación con Chile Vamos.

La composición del gabinete confirmó esa preferencia. El equipo inicial tuvo una mayoría de independientes y una presencia significativa de figuras provenientes del sector privado, asociaciones gremiales, consultoras económicas, estudios jurídicos y grandes empresas. Kast presentó esa composición como una superación de las cuotas partidarias. Sin embargo, la independencia formal no convierte a un ministro en un actor social o ideológicamente neutral.

Francisco Pérez llegó a Relaciones Exteriores después de una extensa trayectoria en Quiñenco, vinculado al grupo Luksic. Daniel Mas había ejercido responsabilidades en la Confederación de la Producción y del Comercio y en empresas privadas antes de asumir Economía y Minería. Jorge Quiroz provenía de la consultoría económica y formuló  un programa de reformas que encontró en el gobierno de Kast la oportunidad de transformarse en política pública. Otros ministros procedían de estudios jurídicos corporativos, asociaciones gremiales, directorios empresariales y centros de estudios.

La elevada presencia de independientes produjo una sustitución parcial de la representación partidaria por una representación empresarial, tecnocrática y gremial. La ausencia de coalición reforzó la dependencia del gobierno respecto de los mayores grupos económicos y de sus redes para proveerse de equipos, conocimiento especializado, diseño programático y credibilidad ante los inversionistas.

La comparación con Boric resulta esclarecedora. El gobierno anterior recurrió principalmente a la valencia política y administrativa del Socialismo Democrático. Kast ha recurrido simultáneamente a la experiencia institucional de Chile Vamos y a la valencia económica del gran empresariado. Republicanos conserva el liderazgo presidencial; los partidos tradicionales aportan ministros y redes parlamentarias; los independientes empresariales entregan diseño económico y confianza ante los inversionistas.

Esta composición ayuda a comprender la jerarquía efectiva de las prioridades gubernamentales. Kast construyó su campaña alrededor del orden, la delincuencia, la inmigración y la seguridad. Sin embargo, su administración no llegó a La Moneda con una estrategia operativa propia suficientemente desarrollada y públicamente reconocible para su principal tema electoral.

La primera ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, dejó el cargo 69 días después de iniciado el gobierno. Su salida estuvo precedida por cuestionamientos a la gestión del área y por la controversia sobre la existencia y el contenido del plan gubernamental. Su sucesor, Martín Arrau, reconoció que la Política Nacional de Seguridad Pública aprobada durante el gobierno de Boric era suficiente como marco para la actuación del nuevo Ejecutivo. La declaración produjo críticas transversales y obligó a La Moneda a distinguir entre la política estatal heredada y el plan operativo que todavía preparaba. Posteriormente se presentó una hoja de ruta con 65 medidas.

El contraste es revelador. El tema emblemático de la campaña llegó al gobierno apoyándose en la política de seguridad heredada de Boric. La megarreforma económica, en cambio, llegó acompañada de un diseño detallado, equipos definidos y una fuerte concentración de capital político.

La iniciativa reunió medidas relacionadas con reconstrucción, empleo, impuestos, contribuciones, vivienda, regulación ambiental e incentivos a la inversión. Su amplitud reflejaba el ideario desarrollado por el ministro Quiroz y la fortaleza del componente empresarial y tecnocrático del gabinete.

El carácter misceláneo de la megarreforma cumplió una función coalicional. Al reunir materias muy diferentes en una sola iniciativa, elevó el costo de que cada partido seleccionara únicamente las medidas que prefería. Un parlamentario podía cuestionar una rebaja tributaria y respaldar la reconstrucción; rechazar una norma ambiental y apoyar beneficios para adultos mayores. El empaquetamiento intentó producir mediante el procedimiento legislativo la disciplina que la colaboración no aseguraba políticamente.

La estrategia no eliminó las diferencias dentro del oficialismo. El PNL se desmarcó inicialmente de una votación clave porque consideraba que el gobierno lo había excluido de las negociaciones y había concedido al PDG propuestas que los libertarios también habían planteado. Una reunión entre Johannes Kaiser y el ministro del Interior recompuso posteriormente la relación.

El PDG desempeñó una función distinta. El núcleo partidario regular del gobierno reunía 64 diputados. Con el respaldo íntegro de los catorce representantes del PDG alcanzaba exactamente los 78 votos de la mayoría absoluta. El Ejecutivo negoció directamente con la colectividad y obtuvo sus votos para componentes decisivos de la megarreforma. En etapas posteriores, la bancada votó de manera menos uniforme, confirmando que el entendimiento constituía una transacción legislativa ad hoc. 

El PDG puede aprobar medidas relevantes, tratar de conservar su retórica antiélite y evitar la responsabilidad ministerial. El PNL puede apoyar proyectos afines y criticar las concesiones. Chile Vamos participa en el gabinete y comparte el desgaste de decisiones sobre las cuales no siempre posee un control equivalente. Republicanos preserva la Presidencia, aunque debe administrar las exigencias contradictorias de esos actores.

La relación con el PDG tampoco resuelve el problema bicameral. La colectividad carece de representación en el Senado. Una mayoría alcanzada mediante sus diputados debe ser reemplazada por otra combinación en la Cámara Alta. Cada concesión puede satisfacer a un socio y dificultar el entendimiento con otro.

La negociación con el PDG generó incomodidad en el PNL y en sectores de los partidos gubernamentales. Los libertarios resentían que una fuerza ideológicamente más distante obtuviera concesiones mediante su posición aritmética. En Republicanos también surgió malestar por el protagonismo alcanzado por Franco Parisi y su partido. Para el Ejecutivo, la fórmula ofrecía votos sin entregar ministerios ni compartir formalmente la conducción.

La acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau expuso la debilidad del esquema. La ofensiva fue promovida por el PNL y seguida por Republicanos. Sectores de Chile Vamos consideraron que se había actuado sin deliberación previa y rechazaron el libelo. La acusación fracasó en el Senado y produjo recriminaciones entre los partidos que participaban o colaboraban con el gobierno. Kast debió intervenir personalmente para intentar recomponer las confianzas.

La pertenencia al mismo campo político y el apoyo al gobierno no habían producido una comunidad capaz de procesar previamente sus diferencias. Republicanos y el PNL podían actuar coordinadamente en una iniciativa que Chile Vamos consideraba irresponsable, mientras los partidos integrados al gabinete conservaban libertad para desmarcarse de la colectividad presidencial.

Las declaraciones de dirigentes republicanos hicieron más evidente esta estructura. Agustín Romero sostuvo que el PNL era el aliado natural de Republicanos. Benjamín Moreno afirmó que su partido estaba ideológicamente más cerca de los libertarios que de Chile Vamos. Squella respaldó esa apreciación. Republicanos gobierna con RN, la UDI y Evópoli, pero reconoce una mayor afinidad con una fuerza situada fuera del Ejecutivo.

La teoría espacial explica la cercanía entre Republicanos y el PNL. La teoría de la valencia permite comprender por qué el gobierno necesita a Chile Vamos. Los partidos tradicionales aportan experiencia administrativa, cuadros profesionales, redes territoriales y capacidad de negociación. El PNL ofrece afinidad ideológica, presión externa y apoyo legislativo selectivo. Republicanos procura aprovechar ambas relaciones sin permitir que ninguna reduzca su hegemonía.

Los libertarios han utilizado esa posición para impulsar asuntos que desplazan al gobierno hacia la derecha. Han promovido un indulto general para ex agentes estatales condenados por hechos vinculados al estallido social y han cuestionado la demora presidencial en ejercer las facultades anunciadas durante la campaña. Republicanos ha acompañado parte de esa ofensiva, mientras RN ha propuesto fórmulas distintas y La Moneda ha intentado mantener un examen caso a caso.

Una dinámica similar apareció con la agenda valórica. El PNL presentó el proyecto “Escucha su corazón”, que exige oír los latidos embrionarios antes de acceder a un aborto. Parlamentarios republicanos lo respaldaron, mientras el gobierno declaró que esas materias no se encontraban entre sus prioridades legislativas. La proximidad entre el partido presidencial y los libertarios dificulta que La Moneda cierre el debate sin quedar expuesta a críticas de abandono programático.

El propio Squella ha actuado como un centro autónomo de producción de agenda. Planteó públicamente la conveniencia de incorporar capital privado y avanzar hacia una privatización total o parcial de Codelco. El gobierno descartó modificar la propiedad estatal. Squella debió precisar posteriormente que no proponía que el Estado perdiera el control de la empresa. La dirección del partido del Presidente había impulsado una política que el Ejecutivo rechazó pocas horas más tarde.

La ausencia de coalición permite que Republicanos ocupe simultáneamente el gobierno y una posición de presión sobre el gobierno. El partido controla la Presidencia, pero conserva libertad para instalar batallas culturales y económicas distintas de la agenda definida por La Moneda. En una coalición genuina, esas divergencias deberían procesarse previamente mediante procedimientos comunes.

Las críticas recurrentes de Evelyn Matthei constituyen otra manifestación de la misma fragilidad. La excandidata presidencial de Chile Vamos cuestionó componentes centrales de la megarreforma, entre ellos la eliminación de la franquicia Sence y las modificaciones a las contribuciones. También denunció un supuesto veto contra integrantes de su campaña. Matthei no dirige formalmente a los partidos gubernamentales, pero conserva influencia en la derecha tradicional. Sus intervenciones operan como cuestionamientos provenientes de un liderazgo perteneciente al mismo campo político y, a la vez, competidor del partido presidencial.

Las tensiones llevaron a RN a advertir que podría revisar su participación en el gobierno si continuaban los ataques republicanos. La colectividad convocó a una comisión política ampliada en medio del malestar por el trato recibido y por la subordinación percibida por algunos de sus dirigentes. La colaboración entrega cargos y espacios de influencia, pero deja abierta la pregunta sobre las obligaciones recíprocas entre quienes participan en ella.

La elevada presencia de independientes tampoco aseguró estabilidad administrativa. Durante los primeros meses se produjo una importante rotación de ministros, subsecretarios y autoridades regionales. Varias salidas afectaron a personas con escasa experiencia política o procedentes del mundo privado. La ausencia de partidos fuertes en el proceso de selección amplía la libertad presidencial, pero elimina filtros organizativos, redes de apoyo y mecanismos de responsabilidad que suelen acompañar los nombramientos partidarios.

La oposición frente a la megarreforma reproduce desde el otro lado los problemas del SAP. No careció por completo de propuestas. Sus parlamentarios formularon indicaciones y objeciones tributarias, ambientales, municipales y productivas. Algunos plantearon medidas para pequeñas empresas, clase media, vivienda y desarrollo.

Su dificultad consistió en convertir esas iniciativas parciales en una contrapropuesta común, priorizada y reconocible. Los partidos intentaron coordinar un rechazo desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, anunciaron centenares de indicaciones y buscaron elaborar un texto compartido. Las diferencias internas impidieron construir una alternativa unificada.

Senadores del PPD negociaron y alcanzaron con el gobierno un acuerdo puntual sobre invariabilidad tributaria. La directiva del partido aclaró posteriormente que no se trataba de un entendimiento institucional ni de un respaldo general a la megarreforma. En el PS hubo conversaciones exploratorias encabezadas por Paulina Vodanovic y Juan Luis Castro, pero no se alcanzó un acuerdo. Esas tratativas generaron recriminaciones dentro del propio socialismo.

Los desacuerdos persistieron cuando la oposición intentó coordinar indicaciones y evaluar presentaciones ante el Tribunal Constitucional. Representantes de algunos partidos se marginaron de actividades conjuntas y otros cuestionaron los anuncios unilaterales de sus aliados. Finalmente, distintos sectores presentaron requerimientos contra disposiciones tributarias y ambientales de la megarreforma.

La oposición mostró mayor capacidad para vetar, modificar o judicializar componentes que para formular una alternativa consistente. Podía formar mayorías negativas alrededor del rechazo a medidas determinadas, aunque carecía de una propuesta económica compartida capaz de ordenar al conjunto del sector.

El empaquetamiento de la megarreforma también dificultó la coordinación opositora. Cada partido coincidía con alguna medida puntual y rechazaba otras. La reconstrucción, los impuestos, las contribuciones, el empleo y la regulación ambiental quedaron sometidos a una sola arquitectura legislativa. El gobierno obtenía una ventaja al obligar a votar un conjunto amplio, pero asumía el costo de una tramitación compleja y de negociaciones cruzadas.

La mayor parte del proyecto avanzó, aunque una de sus disposiciones pasó a comisión mixta. Cuando el Ejecutivo intentó concluir la tramitación, debió retirar la urgencia y postergar la votación definitiva porque no tenía asegurados los votos requeridos en el Senado. Entre los reparos se encontraban objeciones surgidas desde el propio espacio gubernamental. La megarreforma fue empaquetada para reducir los descuelgues y terminó temporalmente detenida por la imposibilidad de garantizar la disciplina de sus apoyos.

Los dos últimos gobiernos permiten identificar un patrón. Boric y Kast llegaron a La Moneda desde partidos desafiantes que habían cuestionado las antiguas coaliciones y prometían modificar las formas tradicionales de conducción. Ambos buscaron preservar la primacía del partido presidencial. Ambos necesitaron después capacidades que no poseían en medida suficiente.

Boric recurrió al Socialismo Democrático para incorporar experiencia política, conocimiento del Estado y capacidad negociadora. Kast ha recurrido a Chile Vamos y a ministros independientes provenientes del mundo empresarial para obtener experiencia gubernamental, redes parlamentarias, diseño económico y credibilidad ante los grandes inversionistas.

Los dos anillos y la colaboración permiten utilizar capacidades ajenas sin compartir plenamente la conducción. Esa flexibilidad debilita la disciplina, difumina las responsabilidades y deja a cada partido incentivos para disputar públicamente con sus aliados.

Un Presidente puede permanecer durante todo su mandato sin una coalición. La ausencia de una mayoría organizada no produce necesariamente una crisis de supervivencia. Produce una crisis permanente de conducción. Cada proyecto obliga a reconstruir los apoyos, cada concesión altera el equilibrio entre aliados y cada dificultad fortalece a quienes influyen desde fuera sin asumir los costos gubernamentales.

Una coalición tampoco requiere completa homogeneidad doctrinaria ni una historia común plenamente desarrollada. Las alianzas duraderas necesitan compatibilidad programática, respeto por las reglas democráticas, mecanismos de deliberación, distribución reconocible del poder y capacidad para sostener las decisiones colectivamente adoptadas. La confianza puede preceder a la coalición y también puede ser producida por ella.

Chile carece hoy de coaliciones capaces de transformar ministros, pactos electorales y mayorías ocasionales en una conducción compartida. Gobernar sin coalición preserva la libertad inmediata del partido presidencial. También multiplica las negociaciones transaccionales, las agendas autónomas, los recursos al Tribunal Constitucional y las disputas públicas entre quienes deberían sostener al Ejecutivo.

En un Sistema de Atomización Polarizado, la cooperación se vuelve más necesaria al mismo tiempo que aumentan los beneficios electorales de la diferenciación. Las coaliciones son más difíciles y menos estables, pero siguen siendo indispensables para construir gobiernos eficaces y reformas capaces de perdurar más allá de la alternancia.