La Subsecretaría de Prevención del Delito, que depende del ministro de Seguridad, Martín Arrau, en la foto, aclaró el contenido del reglamento de la propuesta de Ley de Seguridad Municipal, asegurando que este no crea una nueva causal para destituir a los alcaldes.

La aclaración se produce luego que el Gobierno ingresara a la Contraloría General de la República (CGR) un decreto supremo que establece sanciones administrativas para los alcaldes que no verifiquen los requisitos antes de designar a un director de Seguridad Pública o nombrar inspectores de seguridad.

El documento señala que el incumplimiento de estas obligaciones "podría configurar causal de cese del cargo por notable abandono de deberes".

La disposición generó cuestionamientos tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Todos los alcaldes y alcaldesas.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, sostuvo que "es absolutamente inconstitucional que esto esté en un reglamento".

"Por supuesto que abre un flanco con los alcaldes, que hay molestia, porque, ¿cuáles son las causales de cesación de funciones de los parlamentarios, de los ministros, de otras autoridades?, casi cero. Constantemente se agregan contra los alcaldes. Yo hago mi trabajo, no tengo problema que me fiscalicen", sostuvo.
"Es un error": Desbordes lamenta que Gobierno "abre un flanco con alcaldes" por nuevo reglamento de Seguridad Municipal.

Asimismo, Tomás Vodanovic, jefe comunal de Maipú, remarcó que "preocupa que un reglamento vincule una falla administrativa con la posible destitución de un alcalde electo democráticamente. Y más aún enterarnos de esto por la prensa, sin ningún tipo de trabajo previo con alcaldes".

Por su parte, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, manifestó que "las causales de cesación de un alcalde deben estar claramente definidas en la ley y no pueden ampliarse ni configurarse por medio de un decreto".

La respuesta de la Subsecretaría de Prevención del Delito
Ante los cuestionamientos, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito aseguraron que la propuesta reglamentaria no modifica las causales establecidas en la legislación vigente.

"En síntesis, la propuesta reglamentaria sometida a la CGR no altera las reglas de responsabilidad administrativa establecidas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. No se crea una nueva causal de cesación en el cargo: se explicita la forma de hacer valer una responsabilidad administrativa que, si corresponde, ya está prevista por el legislador orgánico constitucional", explicaron. 

Asimismo, la Subsecretaría reafirmó su disposición a continuar trabajando con la Contraloría durante la revisión del reglamento.

"La Subsecretaría de Prevención del Delito reafirma su disposición a aclarar cualquier duda que este proceso genere entre las autoridades municipales y la opinión pública", concluyeron.