El 22 de febrero de 2023 el Ministerio del Interior timbró el decreto de aumento de pensión de gracia vitalicia a Andrés Enrique Fuica Fuica, 42 años, incluido por el gobierno en la lista de “personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019”, dijo el documento.

Ese mismo día lo detuvieron por no presentarse a cumplir su condena por robar un supermercado saqueado durante el estallido social.

El decreto exento 3498 —firmado por los ministros Carolina Tohá de Interior y Mario Marcel de Hacienda— aumentaba su pensión de 1,0 a 1,7 ingresos mínimos no remuneracionales, equivalentes a $504.069, este mes.

Su incorporación a la lista se remontaba a un parte policial que lo incluyó entre 15 personas presuntamente heridas a raíz de los perdigones disparados por funcionarios de Carabineros en los alrededores de la plaza Sucre de Viña del Mar, el 22 de octubre de 2019.

“Herida del cuello, herida arma de fuego múltiple superficial, de carácter mediana gravedad”, consignó el parte elaborado por un cabo primero a partir de un reporte de un teniente que llegó cerca de las 8pm al hospital Gustavo Fricke, dijo el texto.

Una querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por otra presunta víctima de los tiros de perdigones, consignó que el tiroteo había ocurrido a las 5:30 pm del 22 de octubre.

La fiscalía abrió investigaciones por los hechos de esa tarde, que derivaron en la presentación de cargos en contra del capitán Mario Guzmán Yuri y del sargento Mario Arancibia González.

El nombre de Andrés Fuica, sin embargo, fue omitido en la acusación de la fiscalía por el caso.

El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Viña del Mar tampoco lo incorporó entre las 8 víctimas acreditadas de la causa, que dieron pie a la condena a los policías a 3 años de libertad vigilada intensiva por el delito de disparos injustificados, dictada el 27 de febrero de este año.

El 21 de octubre de 2022, sin esperar la acreditación judicial de las víctimas del caso, la oficina de partes del Ministerio del Interior timbró el decreto que le entregó la pensión de gracia a Andrés Fuica, con las firmas de Mario Marcel y la entonces ministra Izkia Siches. Luego, Tohá y Marcel suscribieron el nuevo documento que aumentó el beneficio

Al recibir la pensión de gracia vitalicia, Fuica ya había sido condenado por robar un supermercado a 4 cuadras de la Plaza Sucre, el mismo 22 de octubre de 2019 en que ocurrieron los tiros de perdigones.

Su condena del 18-O. El 2 de febrero de 2021 el juez Rodolfo Moreno del Juzgado de Garantía de Viña del Mar encabezó un procedimiento simplificado en contra de Andrés Fuica, donde él aceptó la formulación de cargos de la fiscalía por robo en lugar no habitado.


“El 22 de octubre de 2019, a las 16:40 horas aproximadamente, el imputado ingresó mediante escalamiento al supermercado Santa Isabel ubicado en Villanelo número 236 de esta ciudad, intentando sustraer con ánimo de lucro y contra la voluntad de su dueño, diversas botellas de licor y 3 de Eau de Toilette, de propiedad del supermercado”, dijo la relación de hechos de la fiscalía.

“El imputado fue sorprendido cuando salía del local por unos ventanales que antes habían sido quebrados, portando las referidas especies”.

“El establecimiento era objeto de saqueo y se le había dañado la estructura desde el 20/10/2019”.

Fue sentenciado a 61 días de reclusión domiciliaria nocturna, pero no concurrió a que le instalaran el dispositivo telemático para controlar el cumplimiento de su pena, por lo que se dictaron al menos 3 órdenes de detención en su contra, posteriores a su sentencia.

Su primera aprehensión por este incumplimiento ocurrió el 22 de febrero de 2023, mostró el documento. Ese mismo día el gobierno le aumentó su pensión de gracia.

Hasta el cierre de este artículo, la Fiscalía Regional de Valparaíso no había respondido por la aparente contradicción entre su detención por el robo del 22 de octubre de 2019 con la causa por los tiros de perdigones realizados ese mismo día.
Su prontuario y causas previas. Previo a su condena en el marco del 18-O, Andrés Fuica tenía una sentencia de 2017 —en un procedimiento simplificado— por provocar lesiones menos graves a su expareja.

“El día 02 de abril de 2017, alrededor de las 21:00 horas en circunstancias que (su expareja) se encontraba junto a sus hijas menores de edad, en su domicilio ubicado en (…) Villa Alemana, llegó el padre de una de las menores, el requerido Andrés Enrique Fuica Fuica, quien, tras discutir a causa de una pensión de alimentos, se ofuscó y la tomó fuertemente del cuello, tratando de ahorcarla, todo esto en presencia de la hija de ambos de 3 años de edad, logrando la víctima defenderse y liberarse para pedir ayuda telefónica a Carabineros (…). A causa de la agresión, la víctima resultó con lesiones de carácter leve en cuello, tórax y brazos”, dijo la sentencia.

Fue condenado a pagar 0,3 Unidades Tributarias Mensuales, se le ordenó mantener un mínimo de 50 metros de distancia de su expareja por un año y se le prohibió tener armas de fuego durante ese mismo plazo.

En junio de este año se abrió una causa en su contra en Talca, por una denuncia de estafa. El caso fue archivado provisionalmente.

El anuncio de Tohá. La pensión de gracia a Andrés Fuica es una de las 418 entregadas en los últimos años: 148 durante la administración del expresidente Sebastián Piñera —que incluyó a Gustavo Gatica Villarroel, quien quedó ciego por un tiro policial— y 370 en el gobierno del Presidente Gabriel Boric —que incorporó a Juan Francisco Villalobos Prado, quien recibió el beneficio estando prófugo por estafa—.

Según detalló en septiembre el subsecretario Manuel Monsalve de Interior, del total de beneficiados, 40 tenían antecedentes penales: 23 favorecidos durante este gobierno y 17 en el pasado.

Tras la publicación por Ex-Ante de los $5.698.168 recibidos en 2023 por el pensionado prófugo, la ministra Tohá dijo en la Comisión de Seguridad de la Cámara que “el Ejecutivo está estudiando dos tipos de medidas”.

La primera es incorporar la revisión de los antecedentes penales en el análisis de los postulantes. La segunda, el estudio del envío de un proyecto de ley para retrotraer la entrega de la pensión cuando los beneficiados “cometen un delito o bien rehúyen el accionar de la Justicia”.

El presidente de la comisión, Andrés Longton, le había entregado minutos antes un oficio pidiendo explorar fórmulas para revertir los beneficios a los casos que, tras una auditoría, se estableciera que son víctimas falsas. Lo firmaban los parlamentarios de RN José Miguel Castro, Carla Morales, Diego Schalper y él.
En su respuesta, Tohá no respondió cuándo presentarían el proyecto de ley.